Desiguales desde la guardería

Con un mes y medio de embarazo, Eliana Castillo, de 27 años, empezó a buscar una guardería para su futuro bebé. Para muchas familias, esa es una de las primeras preocupaciones, incluso, desde que se plantean la posibilidad de tener descendencia. Pero en el caso de Eliana, la desazón probablemente era mayor: tiene otro niño de ocho años (de cuyo padre está separada) y sabía que este segundo, que hoy tiene siete meses, lo iba a tener sola, así que necesitaba un lugar donde dejarle para poder salir a trabajar.

Pronto se dio cuenta de que no la iba a poder pagar, aunque no deja de repetir que ella, al final, no se puede quejar: cobra unos 1.200 euros al mes en su empleo como administrativa y recibe otros 250 de su expareja para los gastos de su hijo mayor. Pero una escuela infantil pública de la Comunidad de Madrid le costaría más de 300 euros al mes (entre la cuota, la comida, los extras) y la privada, algo (no mucho) más. El alquiler, la luz, los pañales, la gasolina del coche para ir a trabajar, los imprevistos, la comida, los gastos del niño mayor..., las cuentas no le salían.

Sin embargo, en otras comunidades —en muchas de las cuales tienen en cuenta, a diferencia de Madrid, la condición de familia monoparental para reducir las cuotas—, le saldría más barata una plaza de educación infantil. Sin ir más lejos, en la vecina Castilla y León (121) solo abonaría algo más de un tercio.

Los padres suelen pagar en función de la renta familiar, pero las comunidades y, en muchos casos, los ayuntamientos (buena parte de esos centros son municipales) fijan sus propios precios para estos centros escolares públicos, que también presentan una extraordinaria heterogeneidad a la hora de establecer cuotas especiales a familias numerosas o por tener a varios niños a la vez en la escuela.

Por ejemplo, una familia compuesta por padre, madre y bebé menor de un año que gana 25.400 euros anuales (la renta mediana de los hogares españoles en 2010, según el Banco de España) pagaría por una plaza pública 82 euros si consigue entrar en un centro público dependiente del Gobierno aragonés (solo son 12 de las 200 escuelas de la región; el resto dependen de los consistorios). Sin embargo, abonaría 121 en Castilla y León (aunque aquí los centros autonómicos acogen solo a un tercio de los alumnos), 167 en Andalucía, algo más de 200 en Navarra o La Rioja y 336 euros en Madrid. Eso, por tener al niño escolarizado a jornada completa (suelen ser siete horas) y por el comedor, pero sin contar las posibles horas extra que muchos padres han de sumar para cuadrar sus quehaceres laborales.

En el caso de Eliana Castillo, que vive en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid, no se vio capaz de afrontar el gasto y acabó recurriendo a su hermana, en paro, que se queda cada día con el bebé. Pero ¿y si la canguro familiar consigue un empleo? “Pues no sé…, pero probablemente me iría a una guardería privada, que no es mucho más cara [la Comunidad de Madrid reparte cheques de 100 o 160 euros al mes como ayuda al pago de la escuela infantil privada] y abre en agosto y los festivos”, responde Castillo.

Estudios, estudiosos e instituciones de todo tipo insisten desde hace muchos años en la importancia de esta etapa desde el punto de vista social —para la conciliación, la economía y, al final, la natalidad, que en España es de las más bajas de Europa— y el educativo —sobre todo, para corregir desigualdades de partida de sectores menos favorecidos que después son mucho más caras de compensar—. Pero la cobertura no está garantizada: la escuela infantil para menores de tres años no es obligatoria ni gratuita, tampoco en las escuelas públicas.

El Gobierno central impulsó en 2008 un plan que preveía crear 300.000 plazas, que era la oferta desatendida que se calculó entonces. Pero a mitad de camino llegaron los recortes —aquel plan se eliminó cuando se habían creado solo 71.000 puestos— y las subidas de precios en buena parte de España, que expulsaron a muchas familias que no lo podían asumir. En Madrid, en 2012, el encarecimiento fue de entre el 20% para las rentas altas y el 175% para las más bajas con niños menores de un año; hubo una subida de hasta el 75% para las medias y altas en Galicia; en la ciudad de Barcelona el incremento supuso más de un 33%; en el municipio de Murcia se dobló en 2013... Mientras, en otras comunidades como las dos Castillas o Andalucía se han mantenido o apenas se han encarecido, con lo que han aumentado las diferencias dentro de España.

Unas distancias que, aunque presentan unos porcentajes parecidos en todos los tramos de renta, llaman más la atención cuando se pone el foco en las más bajas. Por ejemplo, en un hogar de tres miembros (padre, madre y un bebé menor de un año) que viva con 645,30 euros al mes, 9.045 al año, es decir, el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional de 2014. Esta familia no pagaría nada por la escolarización y el comedor en Asturias, Aragón o Andalucía; y tendrían una cuota pequeña en Galicia (16,86), Castilla-La Mancha (30,6 euros) o Castilla y León (35,35). Pero abonarían más de 100 euros en Navarra y de 200 en Madrid, País Vasco o La Rioja.

En estas dos última comunidades, al igual que en los centros municipales de ciudades como Inca, en Mallorca, los padres no pagan en función de la renta. En estos casos hay becas para las familias con menos ingresos (Barcelona destina el 20% de lo que pagan todos los padres a estos menesteres) y muchas veces también hay cuotas especiales y exenciones en los casos de discapacidad o situaciones socioeconómicas de exclusión en los que hayan intervenido los servicios sociales.

En el caso de la Comunidad Madrid, donde la gratuidad total se eliminó en 2008 para las rentas más bajas —“un alto porcentaje de familias con cuota cero no llevaba regularmente a sus hijos”, argumenta un portavoz—, existen esas reducciones y exenciones solo “para las familias que acrediten especiales dificultades para el pago de las cuotas”. Esas exenciones llegan al 3% de los alumnos.

Además, en algunas ocasiones, aunque haya bonificaciones y facilidades para alumnos de entornos con pocos recursos, el problema es acceder a una plaza. En las escuelas municipales de Hospitalet o Barcelona, la renta da muy pocos puntos a la hora de competir por una plaza pública; lo que más vale es la cercanía, tener ya hermanos en el centro o tener a los dos padres trabajando.

Por eso, Astrid Guerrero, de 19 años, dice que el curso pasado no logró meter a su niño en una pública de Hospitalet (Barcelona). Si lograra entrar, probablemente conseguiría todo tipo de descuentos: madre sola, sin formación, vive con su hijo en una casa que le proporciona la ONG Preinfant. Hasta hace unos pocos meses, cuenta, se iba apañando, aunque es difícil hacerse una idea de cómo lo hacía. Cobraba 750 euros al mes cuidando a un anciano: 250 se le iban en la guardería y otros 200 en pagar a una mujer para que le llevara al niño a la escuela por la mañana porque ella tenía que salir a las 7.30 al trabajo; más el transporte, más la casa, más la comida…. “A veces no me llegaba ni para la merienda del niño”, cuenta. Hasta que hace poco, perdió su trabajo.

Con el aumento del paro en los últimos años, se supone que más padres y madres pueden quedarse en casa cuidando de sus hijos; en la mayoría de las escuelas públicas, como ocurre en Hospitalet, resta puntos a la hora de conseguir una plaza que alguno de los padres no trabaje. Esta medida puede resultar lógica en principio —si se mira solo desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar y laboral y no del educativo, claro—, pero provoca situaciones perversas, en las que el cuidado de los niños dificulta la búsqueda de trabajo e, incluso, empuja a rechazar ofertas.

Le ha pasado a Astrid —“eran trabajos de tarde y no tenía con quién dejar al niño”— y también a Angharad, de 34 años. Esta madrileña lleva desempleada desde abril de 2013, pero ha dicho que no a empleos porque le ofrecían, como máximo, “seiscientos y pico euros al mes”, un dinero que se le habría consumido en pagar el transporte y los 400 euros que le cuesta la escuela infantil de sus dos mellizos (tiene otra hija de siete años). “Con 500 euros de paro, decidí sacarles de la escuela el curso pasado porque tenía miedo de que no encontrara nada en mucho tiempo”. Su marido sí trabaja, pero la hipoteca de su casa en Rivas Vaciamadrid les tiene ahogados.

Esta es, probablemente, la nueva (y agravada) cara de un problema que ya detectó una encuesta del INE en 2010, que decía más de medio millón de personas habían dejado de trabajar o habían reducido su jornada para cuidar de sus hijos porque los servicios escolares y de cuidados eran muy caros.