Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales

La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.

De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local limita a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes están obligados a hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. En los municipios más pequeños, el 87% del total, esta competencia se reconoce pero no será de obligatoria aplicación. El resto de los servicios sociales recaen en la Administración autonómica.

Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida...”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.

“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad... todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.

José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.

El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual, de 1985, atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”, aunque las comunidades se hayan ido haciendo cargo de esas competencias, al menos sobre el papel, en sus respectivos estatutos. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.

Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.

El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.

En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.

Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (...) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.

El sector alerta de que esta ley pone en riesgo más de 30.000 empleos

El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).

De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.

Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.

Con información de María Fernández.