Saénz de Santamaría: “Las leyes nos obligan a todos”

“La ley nos obliga a todos”. Con esta contundente frase, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quiso zanjar este viernes las amenazas de insumisión manifestadas por Cataluña y País Vasco a la polémica ley Wert, aprobada sin consenso el pasado jueves en el Congreso de los Diputados y sobre la que ya se cierne la sombra de recursos ante el Tribunal Constitucional. Las autonomías pueden recurrir la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ante los tribunales si consideran “que puede vulnerar ese reparto competencial” pues así lo establece la Constitución, “por violación de los preceptos constitucionales”, vino a decir la vicepresidenta, e ironizó: “Indudablemente, las opciones políticas no forman parte de los motivos de esos recursos”.

Detrás de cualquier declaración hay política y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ahondó en la idea de que la LOMCE es una más de las “cargas explosivas contra Cataluña” y contra los que quieren “dialogar hasta el último segundo aun sabiendo que el tiempo se acaba”. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, aseguró que la futura Ley Vasca de Educación que pretenden aprobar “dejará sin efecto” en Euskadi la reforma y “salvaguardará” su modelo educativo.

Sáenz de Santamaría lamentó que existan estas intenciones de insumisión “cuando se habla de la formación de los jóvenes y no hay ningún argumento a favor de que este sistema educativo funcione”. Un modelo que, dijo, “ha demostrado que es un fracaso”. España tiene una de las peores cifras de abandono temprano de los estudios de Europa: uno de cada cuatro jóvenes no termina la educación obligatoria. Tampoco sale bien parado en los informes internacionales, como el PISA —que mide los conocimientos de los estudiantes—, donde ocupa una de las peores posiciones. “El Estado respeta las leyes de las comunidades dentro de su ámbito competencial y pido a todos colaboración porque hablamos de la formación de los más jóvenes, un elemento clave luchar contra el desempleo”, aseveró.

Comisiones Obreras ha denunciado ante Bruselas tres puntos<

Los nacionalistas insisten en que la reforma es inconstitucional. Principalmente porque obliga a ofrecer una escolarización en castellano (un punto que solo afecta a Cataluña, no al resto con lengua cooficial), permite a la Administración central controlar el temario —hoy dispar entre comunidades— y también deja en sus manos las reválidas.

A la controversia se suman los Gobiernos de Andalucía y Asturias (ambos socialistas) que se plantean también llevar la norma —que ha movilizado a una huelga general de educación el 24 de octubre—, a los tribunales. Andalucía pretende “superar la LOMCE, desde el más absoluto respeto a la legislación básica que se imponga”; aunque haciendo uso del margen que dan las competencias autonómicas. Y Asturias considera que la regulación supone “un auténtico atentado contra lo público y la igualdad de oportunidades”. Les preocupa que se abandone la idea de una educación como servicio público esencial. Por ello, ven posible inconstitucionalidad en la cesión de suelo público para levantar un centro concertado que es un negocio o la subvención a centros de educación segregada.

En paralelo, los partidos políticos que se han comprometido a tumbar la ley si los populares pierden la mayoría empiezan a consultar a juristas, con vistas a denunciar la norma cuando se apruebe a finales de año. Entretanto, Comisiones Obreras espera el pronunciamiento de Bruselas sobre tres puntos de la LOMCE —desaparición de Educación para la Ciudadanía, segregación y contratación de extranjeros no funcionarios— que ha denunciado por ir en contra de la Carta Magna de la Unión Europea.

Analizar la constitucionalidad de una ley de tanto calado es complejo. Así lo afirmaron este viernes un gran número de juristas consultados por este periódico, que rehusaron pronunciarse antes de estudiar al detalle la norma. Quienes respondieron lo hicieron con algo de tibieza, sin querer entrar en pormenores jurídicos, y se limitaron a señalar algunos aspectos de dudoso encaje constitucional. A Gregorio Cámara, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, uno de los expertos que dio su opinión sobre la norma en las comisiones parlamentarias previas a la aprobación de la ley, le despierta “dudas muy serias”. Cree que rompe el equilibrio entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y ve problemas en que la ley entre en competencias autonómicas: “Allí tienen un desarrollo normativo importante”. Apunta que la Constitución “odia” las desigualdades entre sexos que fomentan los centros segregados, y sostiene que se relega la escuela pública “a un papel secundario” si la ley garantiza una plaza a un alumno pero no precisa que será pública.

También ve problemas de acople constitucional el especialista en legislación educativa Ramón Plandiura —también consultado en las comisiones—, que cree que la norma hace una “relectura del artículo 27 de la Constitución que podría crear desequilibrios entre los derechos y libertades”. Plandiura considera que la senda de recurso a la reforma la trazó el dictamen del Consejo de Estado, que ya vio indicios de inconstitucionalidad. Como la subvención a centros segregados, o el vaciado de poder de los Consejos Escolares —que forman padres, estudiantes, profesores y administración—. Algo que también critica Cámara: “Se produce una ruptura del pacto escolar. Se habla de más autonomía y más democracia en los centros cuando es lo contrario. Quien gana autonomía es el director”.

Eva Pons, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, subraya que la LOMCE tiene resquicios que permiten interponer recurso, especialmente en los aspectos lingüísticos. Sobre la enmienda que introdujo UPyD que declara el castellano como lengua vehicular en todas las escuelas, sostiene que este artículo “es contrario a las competencias de la Generalitat para definir el modelo lingüístico educativo”, tal y como recoge el Estatut. “El problema de raíz es que la LOMCE, aprovechando una lectura tergiversada de la jurisprudencia del Constitucional que ha efectuado el Supremo, da carta de naturaleza a un derecho a recibir la enseñanza en castellano, que no contemplan la Constitución ni el Estatut. Ahí se produce una invasión competencial”.

Con información de Ivana Vallespín.