El juez rastrea 32 cuentas bancarias de Ignacio González en busca de sobornos
García-Castellón reactiva el 'caso Lezo' con varias diligencias para conocer el destino final de las comisiones ilegales
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha reactivado en las últimas semanas la investigación del caso Lezo con varios autos en los que ordena a la Guardia Civil recabar abundante información bancaria sobre varios de los principales implicados en la trama de corrupción. Entre ellos, los del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El objetivo del magistrado es determinar el destino final de los supuestos sobornos.
En el último escrito, del 6 de noviembre, García-Castellón reclama a una quincena de bancos los movimientos y saldos de decenas de productos financieros suscritos a nombre de seis imputados y cinco empresas para determinar si blanquearon comisiones ilegales mediante el cobro en ventanilla de cheques al portador. Entre los investigados están el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero, de los que el juez ha reclamado datos sobre las 32 cuentas bancarias (19 de ellas compartidas) que tenían abiertas en cinco entidades.
La decisión del magistrado se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya entregado varios informes en los que plantea la necesidad de practicar varias diligencias para determinar, entre otras, el destino de los 1,2 millones de euros que presuntamente se repartieron varios investigados por la adjudicación en 2007 de las obras de construcción y la posterior explotación de un campo de golf en unos antiguos terrenos de la empresa pública Canal de Isabel II en la ciudad de Madrid. La investigación apunta a que Ignacio González —que en su declaración ante el juez quiso hacer responsable de aquella operación a su antecesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre— aprovechó presuntamente su posición para adjudicar de manera irregular ambos contratos. Anticorrupción estima que de aquella millonaria comisión la trama blanqueó entre 2008 y 2011 más de 530.000 euros con cheques al portador y el uso de empresas pantalla.
El juez destaca en el auto que la declaración del empresario Fernando Serrano refuerza estas sospechas. Este aseguró en la Audiencia Nacional que había retirado dinero en efectivo por este sistema para posteriormente entregárselo a otros implicados, entre ellos Pablo González, hermano del expresidente madrileño, y el cuñado de ambos, José Juan Caballero. Ambos estuvieron al frente de la sociedad Tecnoconcret, considerada pieza clave en el fraude de la adjudicación del campo de golf ya que formó parte de la unión de empresas que se hizo con el contrato.
Por todo ello, el juez reclama información sobre los productos financieros en los que aparezcan como titulares Ignacio González y su esposa; el hermano y el cuñado del primero; el empresario que confesó haber participado en la operativa, y José Antonio Clemente, quien también figuraba como directivo de Tecnoconcret. También pide los mismos datos de las cuentas bancarias abiertas a nombre de esta empresa y de otras cuatro sociedades supuestamente utilizadas para emitir facturas ficticias. García-Castellón hace la advertencia a las entidades financieras de que entreguen toda la información en el plazo máximo de diez días y de que para recopilarla “eviten el contacto con las sucursales” donde fueron abiertos dichos productos financieros.
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