La nieta de Carrero Blanco ve “un disparate” pedir cárcel por unos tuits sobre su abuelo

Una de las nietas del presidente del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco considera "desproporcionada y un absoluto disparate" la decisión de la fiscalía de la Audiencia Nacional de pedir dos años y medio de cárcel y tres de libertad vigilada para Cassandra Vera, una estudiante de 21 años que publicó en Twitter chistes sobre el almirante asesinado por ETA en 1973. "Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel", escribe Lucía Carrero-Blanco en una carta enviada a EL PAÍS.

Luis Carrero Blanco fue asesinado por ETA la mañana del 20 de diciembre de 1973. La bomba al paso de su coche, activada por un etarra de 24 años, Argala, hizo que el vehículo se elevara 35 metros, saltara por encima de un edificio y se estampara en el alero del patio de un convento. Más de 40 años después, en su cuenta de Twitter (@kira_95), una joven estudiante de Historia llamada Cassandra Vera, de 21 años, ha publicado una serie de chistes sobre el atentado que la fiscalía de la Audiencia Nacional considera un delito de “humillación a las víctimas”. Lucía Carrero-Blanco, nieta del almirante, dice no sentirse “en absoluto” humillada por esos tuits, que califica de “mal gusto”.

La estudiante conoció la petición del fiscal cuando, tras recibir un telegrama de la Audiencia Nacional, fue a los juzgados a recoger el auto de apertura del juicio oral abierto contra ella por 13 tuits escritos entre el 29 de noviembre de 2013 y el 16 de enero de 2016. El primero decía: “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”. En el último solo pone 20D y al lado una imagen que el fiscal define como “un astronauta con la cara del Almirante Carrero Blanco en lo que parece ser la superficie lunar y la bandera de España de la dictadura”. En otros se refiere al “viaje espacial” de Carrero o recuerda el aniversario de su muerte con un “Feliz 20 de diciembre” junto a imágenes del atentado. El pasado 10 de enero, Cassandra informaba en su cuenta de Twitter de la decisión de la fiscalía: “Me pide el fiscal 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada por chistes de Carrero Blanco. Solo eso, chistes de un dictador”.

Lucía Carrero-Blanco explica que los tuits de Cassandra Vera le “repugnan” y que le entristece que alguien pretenda burlarse de un asesinato. Pero ve la petición de cárcel una decisión “desproporcionada” y “atemorizadora”. “Considero un error peligroso tratar de que la ciudadanía sea respetuosa a base de amenazas y sanciones desmedidas”, afirma.

La estudiante declaró por estos hechos en septiembre, pero entonces pensó que la Audiencia lo archivaría. “Expliqué al juez que eran bromas sobre un personaje histórico, el jefe de Gobierno de la dictadura, y que jamás he hecho chistes sobre otras víctimas del terrorismo”, cuenta por teléfono.

En la misma línea que Lucía Carrero-Blanco se pronunció en 2015 Irene Villa, víctima de un atentado de ETA, cuando el edil de Ahora Madrid Guillermo Zapata fue procesado por otro tuit que decía: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por repuestos”. Villa declaró que no le molestaban esos “chistes”. La Audiencia acabó absolviendo a Zapata de humillación a las víctimas.

Pero la condena por un chiste sobre el asesinato de Carrero Blanco ya tiene un precedente en la Audiencia: los 18 meses de cárcel a los que fue condenado en 2015 Beñat Lasa Fernández por tuitear una imagen del atentado de 1973 acompañada de una frase de la película Toy Story: “Hasta el infinito y más allá”. El acusado llegó a un acuerdo con la fiscalía por el que admitió los hechos a cambio de una rebaja de la pena.

Si la petición del fiscal para Cassandra Vera fuera aceptada por la Audiencia Nacional, la joven tendría que ingresar en prisión. Pero, aunque la rebajaran y no fuera a la cárcel, la joven teme las consecuencias que tendría para ella una condena. “Soy voluntaria en un proyecto social en Murcia y para poder hacerlo me han pedido certificado de antecedentes penales”, señala. Además, la condena le impediría dedicarse a la enseñanza pública, como le gustaría, y hasta le podría obligar a abandonar la carrera de Historia: “Con antecedentes perdería la beca universitaria y sin ella no puedo estudiar”, lamenta.