“Lo que España necesita es una ley estatal contra la homofobia”

Los delitos de odio son "el efecto más sangrante" de la discriminación hacia las personas LGTB, advierte la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que este miércoles ha exigido a los partidos un "claro compromiso político e institucional" para prevenirlos. Con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, que se celebra este miércoles, la organización también ha pedido también una ley integral de ámbito estatal de no discriminación por identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, como las que existen en algunas comunidades como Andalucía, Canarias, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco.

Andalucía

Andalucía cuenta con la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, aprobada en junio de 2014, una norma que recoge garantías de igualdad de trato y el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género. No obstante, esta norma carece de régimen sancionador, por lo que el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad el pasado noviembre una proposición no de ley (PNL) en la que se contempla un sistema de multas para luchar contra los estos delitos. Hasta el momento, el incumplimiento de la ley se regula mediante el Código Penal.

La propuesta, lanzada por el PSOE, recoge un desarrollo normativo "que permita un régimen sancionador adecuado y su evaluación periódica, a fin de poder evaluar la necesaria transformación de la sociedad en relación a la manera de actuar y comportarse en relación al colectivo LGTBI". "La Junta cuenta con el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que ofrece gratuitamente asesoramiento y protección a víctimas de delitos y faltas", apuntan fuentes de la consejería de Igualdad en relación a esta cuestión.

"Lo que España necesita es una ley estatal, porque de lo contrario se generan diferencias por comunidades. Por ejemplo, la ley andaluza de derechos para transexuales es un referente nacional, pero en cuestión de sanciones vinculadas a la falta de derechos, se aplica ley del Código Penal, no hay agravante", apunta Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía Sylvia Rivera, que destaca la importancia de la formación desde la infancia en la diversidad.

Baleares

Los comportamientos violentos o agresivos por cuestión de la orientación sexual o identidad de género serán sancionados desde este martes en Baleares. El Parlamento autonómico ha aprobado este martes con el consenso de todos los partidos la Ley para Garantizar los Derechos de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales, demandada desde hace años por el colectivo. Una norma que nace con la vocación de erradicar "las actitudes discriminatorias", que fue impulsada por los partidos que apoyan al Gobierno: PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca, Podemos y Gent per Formentera y que también ha contado con el apoyo de PP, Ciudadanos y Proposta per les Illes, tras admitirse muchas de las enmiendas que promulgaron.

La normativa prevé importantes sanciones económicas para los episodios homófobos. El acoso, el comportamiento agresivo o el apoyo a las actividades que inciten a la violencia contra las personas por motivo de su orientación sexual o su identidad de género serán sancionados con hasta 45.000 euros, al ser considerados faltas muy graves. Las expresiones vejatorias y los comportamientos que menosprecien a miembros del colectivo LGTBI también tendrán castigo y conllevarán multas de hasta 3.000 euros.

La nueva ley permitirá "que la igualdad social y legal sea efectiva", según ha manifestado Jan Gómez, presidente de la Asociación Ben Amics, que engloba al colectivo LGTBI en las islas. A partir de ahora, se blinda el derecho de las mujeres lesbianas y bisexuales a la igualdad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida, mientras que las personas transexuales e intersexuales tendrán garantizada la posibilidad de beneficiarse de los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas, siempre teniendo en cuenta la voluntad de la persona en la toma de decisiones.

Otro de los aspectos fundamentales incluidos en el texto hace referencia a los problemas que muchas personas transexuales tienen a la hora de ser tratadas con el nombre con el que se identifican y no con el que figura en su DNI. A partir de ahora, las administraciones públicas, sobre todo en el ámbito escolar y universitario, tendrán que establecer a través de un reglamento las condiciones para que las personas sean tratadas y denominadas con el nombre del género con el que se identifican, aunque sean menores de edad.

Comunidad de Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó el pasado 17 de marzo la Ley Integral de Transexualidad, un texto consensuado entre el PSOE, Podemos y Ciudadanos, con 78 votos a favor de esos tres grupos y 48 abstenciones (PP). Es la primera norma con rango de ley a la que da el visto bueno la Cámara autonómica con los votos de los tres grupos de la oposición y sin el apoyo del partido del Gobierno, que se encuentra en minoría esta legislatura. Los populares reprocharon al resto de las formaciones que no contaran con ellos y que hayan establecido "un cordón social" que los ha aislado.

La norma incluye medidas contra el acoso escolar, la extensión de las charlas para la concienciación de los escolares a los colegios concertados o un documento de identificación personal transitoria, que solo tendrá validez en la Comunidad de Madrid. También se facilitará el acceso a tratamientos médicos, por ejemplo, los hormonales. De esta forma, los menores, según lo maduros que sean considerados por el juez, podrán cambiar su nombre sin que se hayan sometido a ningún tratamiento. Otra de las medidas contempladas afecta a la descentralización de los servicios médicos. Se puede recibir tratamiento en cualquier hospital, "no como antes que había que acudir a la unidad de género".

Comunidad Valenciana

El Ejecutivo valenciano prepara la Ley Integral de Transexualidad, que contemplará acciones en el ámbito educativo, sanitario, laboral y social. Una normativa que ya está implantada en otras autonomías y que era una reivindicación histórica del colectivo Lambda, que está preparando un estudio sobre las necesidades de las personas trans respecto a los colectivos LGTB.

Mònica Oltra, que ha presidido la primera reunión de trabajo del equipo que elabora la ordenanza, ha comentado que la nueva ley supondrá uno de los mayores avances legislativos en Europa, en referencia a los derechos de las personas transexuales. "Porque implica una clara apuesta por la despatologización de la transexualidad, que ya no será considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana", ha destacado la portavoz del Gobierno.

"Queremos dar las mayores facilidades en la atención sanitaria regulando y dando facilidades para las operaciones de cambio de sexo", ha indicado el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, que ha agregado que la ley también dará las respuestas necesarias en materia educativa, laboral y de justicia. "Esta ley es un paso necesario para devolver un poco de la dignidad robada a las personas trans y empezar a dar luz a uno de los colectivos más vulnerables y discriminados de nuestra sociedad", ha declarado Fani Boronat, coordinadora general de Lambda.

Galicia

Galicia fue la primera gran esperanza y también la primera gran decepción para los colectivos LGTBI de España. El Parlamento gallego aprobó en abril de 2014 la primera ley promovida en el país contra la discriminación de estos grupos; pero si originalmente, tal y como la propuso el PSdeG, era verdaderamente ambiciosa, tras pasar por las manos del PP en el Gobierno de la Xunta vio la luz con amputaciones. Cuando los socialistas impulsaron su propuesta legislativa, el borrador preveía multas de entre 150 euros y medio millón para casos graves.

Tras superar la criba del partido de Alberto Núñez Feijóo, estas sanciones desaparecieron, al mismo tiempo que se invisibilizaron algunas formas de discriminación. Los grupos LGTBI recibieron la noticia con pesar, porque para ellos lo que en ese momento nacía era una ley "vacía" e "inútil". El texto definitivo era para toda la oposición "imperfecto", pero mientras AGE (Alternativa Galega de Esquerdas) y el Grupo Mixto se resistieron a votar a favor, PSdeG y Bloque dieron su respaldo con argumentos como el de que abría “un camino” por el que debía seguirse avanzando. "Es una oportunidad perdida. Una ley para los titulares de los periódicos, pero los derechos, o son o no son", resumía la honda decepción de los colectivos afectados la representante de AGE.

Cataluña

Medio centenar de Ayuntamientos catalanes se unieron este martes a la conmemoración y exhibieron la bandera arco iris en sus fachadas. También se celebró un acto institucional en el Parlament de Cataluña, que en octubre de 2014 aprobó de una ley propia contra la homofobia y la discriminación por razones de identidad sexual. La norma fue pionera en el Estado pues establecía un régimen sancionador, si bien el reglamento que lo regula aún no se ha aprobado. Las entidades defensoras de los derechos LGBTI aprovecharon varios actos conmemorativos para instar a la Generalitat a aprobar este texto.

De acuerdo con el Observatorio Contra la Homofobia, el año pasado se presentaron 113 denuncias pero ninguna recibió alguna sanción de corte administrativo. En otros campos sí se han dado avances: La Generalitat firmó la semana pasada un acuerdo para cambiar el nombre de las personas transexuales en la tarjeta sanitaria.

Con información de Silvia R. Pontevedra (Santiago de Compostela), Ángeles Lucas (Sevilla), Camilo S. Baquero (Barcelona) y Lucía Bohórquez (Palma de Mallorca).