Las grandes ciudades de EE UU prometen dar la batalla por sus inmigrantes y su economía

Al poco de hacer públicas las órdenes ejecutivas, los primeros manifestantes se congregaron en la plaza Washington, en Manhattan. Nueva York, precisamente la ciudad de Trump, es una de las que más ha enseñado los dientes ante las políticas del presidente, de las que más protestas ciudadanas acogió en sus calles tras la victoria electoral del famoso constructor. Junto con Los Ángeles, fueron las que lideraron la ofensiva judicial de las ciudades para defender la reforma migratoria de Barack Obama cuando los republicanos la llevaron a los tribunales.

Este miércoles, el alcalde, Bill de Blasio, advirtió de que las autoridades municipales “no deportarán a los neoyorquinos que cumplan las leyes, no separarán familias ni dejarán a niños sin sus padres”. Los decretos recién aprobados por la Administración Trump, dijo De Blasio, “van en contra de nuevos valores, pero el trazo de un bolígrafo no cambia a los neoyorquinos”.

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En la calle estaba Kristine McGowin, de 45 años, que piensa protestar durante los próximos cuatro años de presidencia. “Me da mucho miedo, lo que dice y todo lo que puede llegar a hacer, la gente le quitaba gravedad, pero estamos viendo que sí piensa y actúa como habla”, decía en Nueva York esta profesional del sector publicitario, también voluntaria de la campaña de la demócrata Hillary Clinton.

El neoyorquino Elliott Crown, un actor que iba disfrazado con una máscara de Trump, cuestionaba hasta qué punto la nueva Casa Blanca podría torcer la voluntad de la ciudad. “¿Van a traer las tropas?”, preguntaba riendo. Pero la Administración federal sí plantea cortar fondos a las ciudades rebeldes. Para Crown, lo más inquietante a largo plazo son los planes de revisar el sistema electoral con el argumento de evitar fraudes. A su juicio, “los sistemas de doble comprobación buscan en realidad quitarle el voto muchos hispanos e afroamericanos”.

Trump plantea recortar los fondos federales a aquellas ciudades que protejan a los extranjeros en situación irregular, es decir, que vivan bajo una suerte de pacto tácito de no agresión. Entre esas llamadas ciudades santuario, una denominación no oficial, ocupa un lugar destacado Nueva York, cuyo Ayuntamiento aprobó la creación en 2014 de un carnet de identidad con el que los sin papeles podían usar recursos municipales e incluso abrir cuentas bancarias. Los Ángeles o San Francisco tiene instrumentos similares, y también Boston, Denver o Chicago son consideradas santuarios.

“La seguridad de cualquiera que vive, trabaja o visita Los Ángeles es nuestra prioridad”, dijo en un comunicado el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. La ciudad con más inmigrantes irregulares de Estados Unidos, y el Estado de California, donde vive un tercio de los sin papeles del país, están en estado de alerta desde el día que Trump gabó las elecciones. Garcetti lleva días recordando que el término ciudad santuario está siendo manipulado, que por supuesto que la ciudad entrega inmigrantes a la policía migratoria, pero lo hace con orden judicial. “Lo que no hacemos es pedir a la policía de Los Ángeles que haga labores de policía de inmigración”, una política fundamental para mantener la confianza de los ciudadanos en el cuerpo.

Garcetti tuvo además una advertencia sobre las consecuencias económicas para una ciudad que, como Nueva York, se sentaría en el G-20 si fuera un país independiente. “Separar familias y cortar fondos a una ciudad, especialmente Los Ángeles, por cuyo puerto entra el 40% de los bienes a Estados Unidos y con 80 millones de pasajeros al año en nuestro aeropuerto, pone en riesgo la seguridad personal y la salud económica de toda nuestra nación”.

En California, el día anterior había sido nombrado oficialmente como fiscal general del Estado Xavier Becerra, excongresista demócrata, hijo de inmigrantes mexicanos y para muchos una elección pensada como fiscal de guerra. El encargado de combatir a Trump en los tribunales pidió “poner las cosas en contexto” y afirmó: “El Departamento de Justicia de California está preparado para proteger la seguridad pública y el bienestar de todos los californianos, así como sus derechos a la propiedad y la privacidad. Son derechos y protecciones que han sobrevivido muchos desafíos a lo largo del tiempo”.

Para las 10 mayores ciudades, según datos recogidos por Reuters, el recorte de fondos federales que Trump ha puesto sobre la mesa podría sumar unos 2.270 millones de dólares. De Blasio ya avanzó el martes que pondría en sus presupuestos una partida adicional de 250 millones para los próximos cuatro años en reservas debido a la “enorme incertidumbre” que emana Washington. Si se cortan los fondos, recalcó, la capital irá a los tribunales a combatirlo. Este miércoles lamentó el efecto que puede tener en los recursos del departamento de policía, que en los últimos años ha logrado reducir exitosamente el número de homicidios en la ciudad.

El fiscal general del Estado de Nueva York, Eric Schneiderman, advirtió de que “el presidente Trump no tiene autoridad constitucional para cortar los fondos a las ciudades santuario porque protegen a los inmigrantes dentro de la legalidad”. “Urjo al presidente a revocar esa orden”, reclamó, si no lo hace, “haré lo que esté en mi poder para combatirla”. Schneiderman ha sido especialmente duro con Trump desde la elección. El pasado diciembre se declaró “listo” para luchar contra su “programa radical”.

La batalla legal que viene muestra la actual fractura entre el poder de Washington, en manos conservadoras, y las grandes capitales de Estados Unidos (urbes principales del mundo), gobernadas por progresistas.

Otra ciudad enfrentada a Trump es Chicago, cuyo alcalde es el demócrata Rahm Emanuel, exjefe de gabinete a Obama durante su primer mandato. El presidente le ha acusado de no saber gestionar la epidemia de homicidios en la ciudad y el marte llegó a amenazar en su cuenta de Twitter con enviar allí fuerzas federales.