Los aliados bávaros de Merkel quieren ampliar la videovigilancia en las calles

El atentado terrorista que causó la muerte de doce personas el lunes 19 en Berlín, además de causar indignación y miedo en la capital alemana, desató un intenso e inédito debate sobre las medidas que debería adoptar el Gobierno alemán para proteger a la población de futuros ataques. El primer partido político en dar a conocer propuestas concretas fue la Unión Cristiano-Social de Baviera (CSU), el partido bávaro asociado con la CDU de Angela Merkel, que pretende aprobar a comienzos de enero un documento que lleva como título Seguridad para nuestra libertad, donde pide aumentar la vigilancia electrónica en lugares públicos y reforzar la competencia de la policía y los organismos de seguridad del país, según informa el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

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El viernes pasado, la canciller Angela Merkel, ordenó a los ministros de Interior y de Justicia que pusieran en marcha una amplia investigación para sacar consecuencias del atentado y proponer nuevas medidas legales destinadas a proteger a la población y, en la medida de los posible, impedir nuevos ataques terroristas. La investigación y la elaboración de propuestas será dada a conocer en el curso del mes de enero. Los alemanes han sido reacios, hasta ahora, a la videovigilancia, un tema sensible en el país desde los tiempos de la Stasi— la policía secreta de la Alemania del este— y la Gestapo del régimen nazi.

Pero la CSU, que ya había instrumentalizado políticamente el ataque, cuando su presidente, Horst Seehofer, pidió una reforma radical de la política de asilo y de seguridad, se adelantó a los ministros y filtró a la prensa las medidas que desea imponer cuando llegue la hora de negociar el documento final del Gobierno. Una de las más importantes es su exigencia de dotar el mayor número de posible de lugares públicos con vigilancia electrónica. El mercadillo de navidades de Berlín, por ejemplo, carecía de cámaras de vídeo.

El partido bávaro, que ya había puesto como condición para formar una nueva alianza con el partido que dirige Merkel una cuota máxima de admisiones de 200.000 refugiados al año— una demanda a la que la canciller se ha negado, alegando que sería inconstitucional—, desea hacer posible que los organismos de seguridad pueden vigilar, e incluso recomendar su detención, a los jóvenes menores de edad que hayan cumplido los 14 años, para impedir la posibilidad de un adoctrinamiento religioso que los pueda convertir en terroristas.

Otra de las medidas que desea imponer la CSU es la detención inmediata y sin trabas de las personas que han sido calificadas como peligrosas para la seguridad interior del país y eliminar los obstáculos que aún existen para facilitar su expulsión del país. El tunecino Anis Amri, por ejemplo, había recibido ese calificativo, pero nunca fue detenido. El periodo de prisión preventiva debe ser aumentado de cuatro días a cuatro semanas para las personas cuyas peticiones de asilo haya sido rechazada, propone el partido bávaro.

“El que amenaza a nuestro país, pierde automáticamente nuestra hospitalidad”, señala el documento de la CSU. Para llevar a la práctica esta premisa, el partido propone retirarle la nacionalidad alemana a aquellas personas que no la hayan obtenido de nacimiento y hayan recibido instrucción militar o combatido en el extranjero con yihadistas. También debe aumentar la vigilancia de las mezquitas sospechosas de jugar un rol importante en la radicalización de sus fieles y pide a las autoridades que sean consecuentes para aprobar el cierre de las mezquita sospechosos.

Los bávaros también desean mejorar el intercambio de informaciones entre los países miembros de la Unión Europea. Anis Amri vivió cuatro años tras las rejas en Italia,condenado por delitos comunes, pero su fichero criminal nunca llegó a manos de las autoridades alemanas.

Por último, la CSU propone ampliar la vigilancia de las comunicaciones vía correo electrónico y las que se realizan por Whatsapp y Skype y pide a las autoridades de inmigración que lleven a cabo una tarea descomunal para identificar posibles terroristas que pudieran haber entrado al país con la ola de refugiados de 2015: piden que las autoridades revisen la documentación de todos los peticionarios de asilo, unas 800.000 personas.