Declarada inconstitucional parte de la ley de manifestaciones en Egipto

En concreto, el artículo derogado otorgaba al Ministerio de Interior una completa discrecionalidad a la hora de declarar ilegal toda manifestación en aras de la seguridad nacional y el orden público. El resto de artículos que habían sido impugnados incluyen el que obliga a notificar a las autoridades cualquier concentración en el espacio público con tres días de antelación, y el que establece penas mínimas de un año de cárcel por violar a ley, o realizar actos como cortar las vías públicas.

La sentencia se ha interpretado como una decisión salomónica por parte del Constitucional sobre una ley muy controvertida, considerada la piedra angular de la arquitectura legal en la que se ha amparado el régimen del mariscal Abdelfatá al Sisi para llevar a cabo una durísima represión. Mientras el célebre abogado Khaled Ali, impulsor del recurso judicial, se felicitó por el veredicto en las redes sociales, el activista de los derechos humanos Gamal Eid expresó su decepción.

La ley fue aprobada poco después del golpe de Estado del 2013 con la finalidad de poner fin a las protestas callejeras de los Hermanos Musulmanes, el movimiento político del presidente derrocado, el islamista Mohamed Morsi. Desde entonces, decenas de miles de personas, no todas ellas de tendencia islamista, han sido arrestadas o languidecen en las cárceles en aplicación de esta normativa.

La legislación ha convivido con una Constitución aprobada en 2014 que, en teoría, reconoce derechos y libertades individuales propios de un sistema democrático, entre ellos el de manifestarse pacíficamente.No obstante, sus garantías raramente se aplican. Habida cuenta de la oposición que suscita la norma, sobre todo entre la juventud egipcia, el propio mariscal al Sisi afirmó en repetidas ocasiones que sería enmendada, pero nunca lo hizo. Tras la sentencia, que reconoce el derecho del Estado a regular de forma estricta las manifestaciones, el régimen se verá por fin obligado a retocar la ley en un país que en poco más de dos años vio caer a dos presidentes después de multitudinarias manifestaciones populares.

Con un Parlamento dominado por los acólitos de al Sisi y que ha dado reiteradas muestras de una mentalidad liberticida, está por ver hasta qué punto la futura enmienda suavizará las actuales restricciones. La última exhibición de su afán de control social se produjo esta misma semana, cuando aprobó una ley de asociaciones tan restrictiva que diversas ONG sostienen que erradicará cualquier trazo de una sociedad civil independiente.

Por ejemplo, la norma exige una autorización pública para “cooperar de cualquier forma con un organismo internacional”, y establece que las ONG extranjeras sean estrictamente supervisadas por una agencia que incluye representantes del Ejército, los servicios de inteligencia y el ministerio de Interior. Además, recoge severas penas de cárcel a todos aquellos que la violen, lo que representa un notable endurecimiento respecto a las reglas vigentes durante las tres décadas de dictadura de Hosni Mubarak.