Arrestado en Egipto un célebre activista por desafiar la ley de manifestaciones
Desde el golpe de Estado del pasado 3 de julio, las fuerzas de seguridad egipcias han arrestado a miles de civiles
Después de la promulgación de una controvertida ley de manifestaciones, las autoridades egipcias han extendido su campaña de arrestos a la juventud laica y revolucionaria por su actitud desafiante frente a la norma. Alaa Abdelfattá, un conocido activista, fue detenido el jueves por la noche acusado de organizar una manifestación ilegal. Desde el golpe de Estado del pasado 3 de julio, las fuerzas de seguridad egipcias han arrestado a miles de civiles, pero hasta la semana pasada, casi todos ellos eran de tendencia islamista y seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi.
Según la web de información Madamasr, una veintena de policías se presentó en el hogar de Abdelfattá, derribaron la puerta, y procedieron a confiscar los teléfonos móviles y ordenadores de la familia. Cuando el activista pidió ver la orden de arresto, le golpearon, así como también a su esposa Manal. Una horas antes, las autoridades habían emitido una orden de arresto contra él y contra Ahmed Maher, cofundador del Movimiento 6 de Abril, por haber convocado una manifestación ilegal el pasado martes frente al Parlamento.
En un comunicado en su página de Facebook, Abdelfattá no niega los cargos en su contra, sinó que más bien se muestra orgulloso por “el honor de asumir la responsabilidad en el hecho que la gente desafío el retorno del Estado de Mubarak a través de esta legislación”. Unas 24 personas continúan retenidas acusadas de obstruir la vía pública y agredir a la policía en el transcurso de dicha manifestación, convocada inicialmente contra los juicios militares a civiles.
La nueva ley de manifestación ha coincidido con una severa sentencia de cárcel a 21 jóvenes islamistas
En un acto de desobediencia civil, los participantes se negaron a informar al ministerio del Interior con tres días de antelación, tal como establece la nueva ley, que ha suscitado duras críticas por parte de partidos políticos, y organizaciones de derechos humanos, tanto egipcias como extranjeras. Entre sus provisiones más polémicas, figura la potestad que otorga al ministerio del Interior de prohibir cualquier concentración pública, de usar pistolas de balines para dispersar a los manifestantes, y la inclusión de elevadas penas para aquellos que violen la ley.
A pesar de que el martes por la noche el primer ministro, Hazem Beblawi, apuntó una actitud flexible, anunciando la formación de un comité para estudiar modificaciones a la ley, las horas siguientes el gobierno endureció su postura, una muestra más de las tensiones internas que atraviesa el gabinete. El vice primer ministro, Hossam Eissa, aseguró en un programa de televisión que el gobierno aplicará la normativa a rajatabla, y defendió la actuación policial del pasado martes.
La promulgación de la ley, que ha coincidido con una severa sentencia de cárcel a 21 jóvenes islamistas, siete de ellas menores de edad, simplemente por manifestarse, hace temer a muchos egipcios que el nuevo régimen político en ciernes sea una versión renovada del Estado policial de Mubarak. “Está claro que hay un intento por parte de algunos poderes de reconstituir un Estado autoritario, lo que no tengo nada claro es que lo acaben consiguiendo. Este Egipto es diferente del anterior al 2011”, sostiene Ibrahim Awad, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Americana de El Cairo.
Mientras los activistas se enfrentan a la policía en las calles, en el Parlamento, los 50 miembros de la Asamblea Constituyente ultiman la redacción de la nueva Carta Magna del país, que debe sustituir la aprobada el año pasado por los partidos islamistas. Tras resolver algunos flecos el jueves en una sesión maratoniana, se espera que el comité proceda a realizar una votación final el sábado. En el último borrador, se eliminan los articulos de más marcado corte islamista, y se conceden nuevas prerrogativas a las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la hoja de ruta promulgada tras el golpe de Estado, una vez reciba el texto definitivo, el presidente interino, Adly Mansur, tendrá un plazo de dos semanas para convocar un referéndum popular sobre la Constitución. En caso de ser ratificada, se realizarían elecciones parlamentarias en primavera, y presidenciales en verano. A pesar de que la Asamblea Constituyente no ha terminado sus labores, ya hace días que hay grandes carteles en El Cairo que invitan a la población a votar la nueva Carta Magna.
Tras la deposición del presidente islamista Mohamed Morsi, Egipto atraviesa una periodo de gran efervescencia política, salpicada con numerosos episodios de violencia. Los Hermanos Musulmanes organizan manifestaciones periódicas, que suele ser reprimidas con dureza por la policía. Además, los grupos yihadistas que operan sobre todo en la península del Sinaí han intensificado sus atentados contra las fuerzas de seguridad estos últimos cuatro meses, otorgando una justificación a las autoridades para aplicar medidas más represivas.
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