La fiebre del oro empobrece Grecia
Una empresa minera canadiense se prepara para explotar las enormes reservas de oro de Calcídica sin que el Estado reciba beneficio porque renunció al canon
“Ahí, ¿lo ves?, ahí es donde quieren hacer el agujero”. Lazaros Toskas apunta con el dedo hacia la cima de la montaña. En medio de bosques de robles, hayas y pinares surgirá el open pit —como han aprendido a llamarlo los vecinos—, la gran excavación que una empresa minera, Hellas Gold, planea para extraer el tesoro que se esconde en las tripas del monte Kakavos, en Skouries. Desde hace milenios se conoce la riqueza de este rincón de Calcídica, en el norte de Grecia: cobre, plata, plomo, zinc y, sobre todo, oro, que ha cuadruplicado su valor en los últimos 10 años. Solo en Skouries, las reservas se estiman en 3,6 millones de onzas, más de 100 toneladas. Pero donde algunos ven negocios y oportunidad de trabajo en una tierra cercada por el desempleo, otros temen la destrucción de un ecosistema en favor de un desarrollismo, empujado por la crisis económica, del que no se fían.
Toskas es un ingeniero civil de 54 años. Vive en Megali Panagía, el pueblo más cercano a la explotación de Skouries. Es uno de los líderes del movimiento que se opone al proyecto y que en los últimos meses ha protagonizado varias acciones de protesta. El ingeniero muestra los trabajos que ya se han hecho para el drenaje del agua: “Tienen que vaciar la montaña para poder construir las galerías”. Bajo el open pit, que llegará hasta 250 metros de profundidad, luego se abrirán los túneles hasta llegar a 700 metros de profundidad. La población teme por los recursos hídricos de la zona. “En la tierra hay muchos minerales y, entre ellos, arsénico en porcentajes altos... No sabemos qué puede pasar”, comenta Toskas. En las conversaciones con los que se oponen al proyecto, el arsénico se nombra a menudo. Dicen que el proceso que la empresa quiere utilizar para extraer el oro —llamado flash smelting— no es factible en un sitio con altas concentraciones de arsénico. Eduardo Moura, vicepresidente de Eldorado Gold (el coloso canadiense de la minería, propietario del 95% de Hellas Gold), responde, por correo electrónico, que la empresa opera en estricta observancia de la regulación medioambiental europea y griega y que el “estudio de impacto ambiental para las minas de Calcídica ha necesitado cinco años para ser preparado, revisado y aprobado por el Estado griego”. En cuanto al proceso de producción, la compañía dice haber efectuado “pruebas para determinar que puede usarse con éxito”.
“No estoy a favor ni en contra. Pero me gustaría que el trabajo llegase de otras alternativas”, dice el propietario de una joyería en Ierissos, centro turístico de Calcídica convertido en cuartel general de la protesta contra la mina. El joyero resume las preocupaciones de la gente, también de aquellos que, como él, no han participado en las movilizaciones. “El agua que bebemos viene del monte. Si se contamina, ¿qué hacemos?”, dice. Luego está el turismo: “¿Usted cree que alguien vendría si supiera que a pocos kilómetros hay una mina?”. Asegura entender la preocupación de los desempleados, la principal línea de división entre quienes están a favor y quienes rechazan el proyecto. De hecho, la empresa emplea ya a 1.100 trabajadores. “Nuestras operaciones crearán más de 5.000 empleos directos e indirectos”, explica Moura.
Muchos creen, sin embargo, que los beneficios no compensan los riesgos, y desconfían de las informaciones oficiales. Y para explicar las razones de la desconfianza apuntan a cómo el Estado malvendió los derechos de explotación del proyecto minero, en una región, el norte de Grecia, que atesora metales por valor de unos 20.000 millones de euros. En diciembre de 2003, el Gobierno griego se hizo con el control de la mina tras un acuerdo extrajudicial con TVX Hellas, la antigua propietaria, que dio por cerrado el proyecto tras las protestas de la población local. El Estado la compró por 11 millones de euros y el mismo día la vendió por la misma cifra a Hellas Gold, fundada tres días antes, cediendo todos los derechos de explotación. Poco después, el 95% de las acciones de la compañía fueron adquiridas por la canadiense European Goldfields (EG). En una auditoría, el valor de mercado de la sociedad se estimaba entonces en unos 400 millones de euros. En 2012 EG fue relevada por Eldorado.
La empresa defiende el proyecto y alega que “tiene todos los permisos medioambientales necesarios”. Pero los grupos que se oponen a la mina han recurrido ante el Consejo de Estado griego el estudio de impacto ambiental y aún se espera la decisión definitiva. Mientras tanto, el organismo autorizó a mediados de 2012 a la compañía a continuar la operación de limpieza del terreno y tala de árboles, contestadas por los opositores. “Es cierto que tienen los permisos ambientales, pero no es suficiente para seguir con el proyecto. Aún necesitan autorizaciones técnicas. No pueden empezar a construir la central de producción, ni el vertedero de los residuos. Lo que pueden hacer es cortar foresta…”, dice María Kadoglu, una de los miembros más activos del movimiento antimina.
“Aquí entre 1947 y 1949 se combatieron importantes batallas de la guerra civil”, cuenta Yorgos Tarazas, desempleado que ha estado en primera línea en las protestas contra el proyecto. Algunas han acabado con violentos enfrentamientos con la policía. Una vez, el pasado verano, tras una batalla campal en el monte, los antidisturbios bajaron al centro de Ierissos, cargaron y utilizaron gases lacrimógenos. “Algunos solo habíamos visto a los antidisturbios en televisión”, dice Tarazas.
La UE censuró la compraventa
El contrato con el que el Estado griego vendió los derechos de explotación de la zona minera de Skouries, renunciando al canon por la concesión, fue investigado en 2008 por la Comisión Europea, que tres años después dictó que se trataba de ayuda de Estado que incumplía la normativa europea de competencia. La sociedad compradora, Hellas Gold, fundada tres días antes, estaba controlada por el grupo Aktor (que actualmente mantiene el 5% de las acciones), coloso de la construcción, adjudicatario de la mayoría de los proyectos para los Juegos Olímpicos de 2004 y perteneciente a la familia Bobolas, una de las más influyentes en la economía helena, propietaria, entre otras cosas, de la principal cadena privada de televisión, Mega Tv.
Para la Comisión Europea, aquel contrato, cerrado sin licitación pública, malvendía la mina y por eso ordenó a la empresa el pago de 15 millones de euros en compensaciones al Estado que, de todas formas, había avalado la compraventa. Negoció el contrato el entonces viceministro de Economía, Christos Pachtas, que poco después dimitió tras conocerse que había facilitado el cambio de una ley para la construcción de un gran complejo turístico en la región. Pachtas, que ha sido elegido presidente de la municipalidad en la que recae la zona minera, es uno de los grandes sostenedores del proyecto.
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