Reino Unido amenaza con detener a Assange en la embajada de Ecuador

El conflicto diplomático en torno a Julian Assange, que lleva casi dos meses refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha escalado este miércoles tras la amenaza de Reino Unido de entrar en la sede diplomática ecuatoriana si Quito no entrega al fundador de Wikileaks, que ha solicitado asilo político al país sudamericano, a la vez que es requerido por Suecia para responder por supuestos delitos sexuales. El Gobierno de Rafael Correa, que anunciará este jueves si da asilo a Assange, ha afirmado que consideraría esa decisión británica como un "acto hostil e intolerable" y como una violación a su soberanía. Londres comunicó el miércoles a Quito que conceder el asilo a Assange no cambiará nada, según ha anunciado un portavoz del Foreign Office esta mañana, que reiteró que Reino Unido tiene la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia, según la agencia Reuters.

Según The New York Times, que cita a una fuente del Gobierno ecuatoriano, Quito buscará una solución intermedia y le permitirá a Assange permanecer de manera indefinida en su sede diplomática de Londres bajo algún tipo de protección humanitaria. El Gobierno británico ya ha comunicado a Ecuador que, en caso de aceptar la petición de asilo del fundador de Wikileaks, Londres no le concederá  a Assange un salvoconducto que le permita salir de Reino Unido, según Reuters.

Aunque afirma que la decisión de entrar en la sede diplomática todavía no está tomada y que quiere una solución negociada, el Gobierno de Reino Unido ha señalado que, para cumplir su "obligación legal" de extraditar a Assange, llegado el caso, podría ampararse en una ley británica que le permite revocar el estatus diplomático de una embajada, lo que podría dar vía libre a la policía para acceder al interior del edificio ecuatoriano y detener a Assange. "Bajo la ley británica podemos notificarles con una semana de anticipación antes de entrar en la sede y la embajada ya no tendrá protección diplomática", ha afirmado un portavoz del Foreign Office.

Esta mañana se han producido incidentes entre algunos simpatizantes de Assange que pedían la "libertad" del australiano y los agentes de la policía británica que montan guardia a las puertas de la oficina diplomática ecuatoriana en Londres, ubicada en el exclusivo barrio de Knightsbridge, que se saldaron con el arresto de algunos de los manifestantes.

El Gobierno de Ecuador se resiste a tomar una decisión (o a anunciarla) sobre el futuro del fundador de Wikileaks. El ministro de Exteriores ecuatoriano, Ricardo Patiño, después de reunirse con el presidente Rafael Correa, aseguró este miércoles en una rueda de prensa en Quito que responderá a la petición de asilo de Assange el jueves a la mañana, hora local (la tarde en España).

El canciller ha denunciado las presiones del gobierno británico: "Hoy [miércoles] hemos recibido por parte de Reino Unido amenaza expresa y por escrito de que podrían asaltar nuestra embajada en Londres si Ecuador no entrega a Julian Assange", dijo Patiño, y anunció que su Gobierno responderá "con la mayor contundencia diplomática" a cualquier acción que pueda tomar el Gobierno británico que viole su Embajada. En ese sentido, dijo que su país solicitaría una reunión de Unasur y la OEA para responder a la amenaza de Londres. La Asamblea Nacional del país analiza este jueves, en una sesión extraordinaria, la comunicación enviada por el Reino Unido, informa EFE.

Patiño reiteró que el hecho de que una autoridad británica entre a la embajada del Ecuador en Londres sería una violación a los tratados internacionales.

Una portavoz del Ministerio británico de Exteriores dejo clara la postura de su Gobierno. "Hemos dejado claro en nuestras conversaciones con el Gobierno ecuatoriano que el Reino Unido tiene la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia para que haga frente a las alegaciones de delitos sexuales". "Estamos decididos a cumplir esta obligación", añadió.

Al grito de "somos soberanos, no una colonia", un grupo de unos 40 ciudadanos, la mayoría jóvenes, se congregó el miércoles por la noche en las afueras de la Embajada del Reino Unido en Quito para manifestarse en contra de la amenaza de Londres de entrar en la legación diplomática.

Cuando Julian Assange está a punto de cumplir el domingo los dos meses como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, las autoridades británicas se preparan para afrontar una crisis legal y política ante la eventualidad de que el país latinoamericano conceda asilo político al fundador de Wikileaks. La expectación ante la inminente respuesta del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, pospuesta hasta después de la clausura de los Juegos Olímipicos de Londres, se ha visto acrecentada ante la filtración desde su propio gobierno de que va a ser positiva. De confirmarse ese gesto, quedará el interrogante de cómo podrá abandonar Assange la legación diplomática sin ser detenido por Scotland Yard.

El propio Correa tuvo que salir el martes al paso de la información de The Guardian sobre la existencia de un preacuerdo entre el exhacker australiano y las autoridades de Ecuador. Según la versión del diario británico, que cita fuentes de la administración ecuatoriana, fue el gobierno de Quito el que propuso a Assange esa salida, una vez agotados todos los recursos legales en el Reino Unido para evitar su extradición a Suecia, donde se le reclama para ser interrogado sobre cuatro supuestos delitos sexuales.

El pasado 19 de junio, Assange sorprendió incluso a los seguidores que han sufragado los costes legales de su proceso, plantándose en la embajada de Ecuador en la capital británica como solicitante de asilo político. Alegó ser objeto de una “persecución política” y la convicción de que su traslado al país nórdico abriría la vía para extraditarle a Estados Unidos, donde algunos sectores han solicitado su proceso por la filtración en Wikileaks de miles de cables secretos de sus sedes diplomáticas, si bien hasta la fecha no han sido presentados cargos en su contra. Desde entonces no ha salido del recinto, porque la policía metropolitana tiene orden de arrestarle por haber violado los términos de la libertad condicional, que le fue concedida a finales del año pasado.

Justo un mes después de aquella huida hacia adelante, el alma mater de Wikileaks recibía en la legación (y a demanda propia) la visita del inhabilitado juez español Baltasar Garzón, quien aceptó representarle como abogado por considerar que los derechos de su nuevo cliente se han visto lesionados. Si el presidente Correa acaba admitiendo la demanda de asilo, Garzón estima “impensable” que el Reino Unido no le concediera un salvoconducto para arribar a un aeropuerto londinense sin ser interceptado antes por agentes policiales británicos. Sin embargo, el Foreign Office  arrojó el martes un jarro de agua fría sobre esas expectativas y emitió un comunicado en el que subrayaba “nuestra obligación legal de extraditar a Julian Assange a Suecia: estamos decididos a cumplirla”. El australiano, además, no tiene posibilidad de abandonar el edificio sin poner un pie en la calle, momento en que sería detenido por la policía londinense, dado que la embajada se encuentra situada en una primera planta sin conexión interior con el parking.

El veterano exjuez ha avalado las inquietudes de la madre de Assange, Christine, de que la vida de su hijo corre peligro si acaba recalando en territorio estadounidense, donde la mujer alega que ya se ha creado un gran jurado en Alexandria (Virginia), poblado principalmente por contratistas del ministerio de Defensa, para juzgarle por espionaje y conspiración, cargos que podrían acarrearle la pena de muerte de ser declarado culpable. Garzón considera que su representado está indefenso ante la falta de información sobre los delitos que supuestamente se le imputan en aquel país, “únicamente por dar publicidad a un abultado volumen de información que llegó a poder de Wikileaks”.