Las divisiones sobre la Constitución europea marcan el inicio de la cumbre de la UE
Aznar recuerda que el reparto de poder establecido en Niza hace tres años fue fruto de un consenso que no se debe romper
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, ha dejado claro en la apertura de la Conferencia Intergubernamental (CIG) que debe respetarse el reparto de votos en el Consejo Europeo acordado hace tres años en Niza porque es fruto del "consenso político". Asimismo, ha retado a países como Francia y Alemania a que expliquen las "razones por las que quieren romper ese equilibrio institucional". Durante su intervención en Roma, el presidente ha dicho que el acuerdo de Niza "es lo que está en vigor" mientras que la Convención que redactó el proyecto de Constitución europea "no tenía mandato" para modificar sus disposiciones.
De esta manera, el jefe del Ejecutivo español censuraba el borrador de Constitución, que elimina el voto ponderado para el Consejo previsto en Niza, y lo sustituye por una doble mayoría donde las decisiones se aprueban con el respaldo del 50% de los Estados, que representen el 60% de la población europea. El cambio beneficia a los grandes, particularmente a Alemania, y perjudica a las potencias medianas que, como España, verían mermada su capacidad de bloquear las decisiones comunitarias.
Por ello, el primer ministro polaco, Leszek Miller, ha seguido el mismo guión que Aznar. Durante su intervención ha recordado que Niza es fruto de "un compromiso" de todos con tres años de duración y que ya ha sido "ratificado". "Y de repente oímos que es una solución errónea", ha lamentado.
En lado de los países que defienden un nuevo sistema de reparto del poder, el presidente francés, Jacques Chirac, ha liderado con su discurso la defensa del borrador de la Convención. "Todo el mundo tiene motivo de insatisfacción (...), pero contestar este o este otro aspecto del compromiso, conduce inevitablemente a abrir la caja de Pandora y a arriesgarnos al fracaso", ha advertido ante sus colegas.
La posición hispano-polaca no contempla de momento una solución intermedia que pase por variar los porcentajes de la doble mayoría, ni por mercadear con el reparto de escaños del Parlamento Europeo, según han asegurado fuentes diplomáticas. No obstante, Aznar y Miller han apostado por el acuerdo y se han declarado dispuestos al "diálogo", aunque especificando que la pelota está en el tejado contrario. "Lo vigente es Niza", coincidieron.
El peso de los nuevos socios en la comisión
Junto a los votos del Consejo, el otro gran problema sobre la mesa de la CIG es la estructura de la Comisión Europea. En la propuesta de la Convención, el número de comisarios con derecho a voto quedaría limitado a quince, a partir de 2009. 15 países de talla media y pequeña, entre ellos gran parte de los futuros socios, no transige con la reducción del número de comisarios y reclama mantener al menos un miembro permanente en el Ejecutivo europeo.
Austria, Finlandia y gran parte de los candidatos han manifestado en la jornada de hoy su preocupación por esta cuestión. El canciller austriaco, Wolfgang Schüssel, ha reivindicado el "derecho de cada uno de plantear los puntos importantes relativos a sus intereses nacionales". El presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, con voz pero sin voto en la CIG, también ha secundado esta petición. Prodi ha abogado además por incrementar el ámbito de decisiones por mayoría cualificada, así como por clarificar las competencias del Consejo.
Más retórico ha estado el canciller alemán, Gerhard Schröder. "El proceso de ampliación y la Constitución son dos caras de la misma moneda", ha dicho. "El proceso de ampliación supera las divisiones de Europa, el proceso constitucional permite hacer funcionar una Europa ampliada. Lo vemos en el proyecto que está ante nosotros", ha argumentado.
En cualquier caso, la previsión es que la CIG culmine sus trabajos antes de las elecciones europeas de junio y la pretensión de Italia es que la firma de esa Constitución tenga lugar en Roma, escenario hace 56 años del embrión de la UE. La Constitución de la UE debe ser aprobada por los 25 Gobiernos antes del 1 de mayo de 2004 -fecha de entrada de los diez nuevos socios- y, posteriormente, debe ser ratificada por vía parlamentaria o referéndum en cada uno de los Estados miembros. La negativa de uno de ellos puede bloquear todo el proceso.
