Sin garantías

Es deber del Gobierno defender las fronteras y, su obligación, hacerlo conforme a la legislación y el respeto a los derechos humanos. Pero en la propia argumentación que ha utilizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para justificar la expulsión de 116 inmigrantes apenas 24 horas después de su salto a la valla de Ceuta está la enorme debilidad de su planteamiento. El Gobierno ha alegado la “agresividad y la violencia” que emplearon los inmigrantes para aplicar de forma expedita un Acuerdo firmado con Marruecos en 1992 que se había utilizado en muy contadas ocasiones.

El Acuerdo recoge ciertamente la posibilidad de readmisión por parte de Marruecos de inmigrantes de terceros países en los diez días posteriores a su entrada en determinadas circunstancias: siempre con identificación, cuando no tengan visado o permiso de estancia, ni sean refugiados, ni ciudadanos de países terceros que tengan frontera con España. En ningún momento habla el Acuerdo de una acción de respuesta o represalia ante la violencia empleada, ni otras consideraciones que en un Estado de derecho requieren pruebas, procedimientos legales y no rápidos juicios de valor. Justificar que los 116 han sido expulsados porque el Gobierno no va a consentir riesgos de agresividad en sus fronteras, como dijo ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, implica el señalamiento de esas 116 personas sin juicio previo y recuerda aquella tristemente célebre frase de José María Aznar cuando, tras expulsar esposados y en algún caso drogados a 103 inmigrantes en cinco vuelos a África, en 1996, declaró: “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”.

Pero hay otras debilidades muy serias en la actuación llevada a cabo por el Gobierno para expulsar a 116 personas de origen africano. El Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe explícitamente las “expulsiones colectivas de extranjeros”, que es la definición más aproximada de lo ocurrido el jueves. El Gobierno lo hizo además en menos de 24 horas, utilizando una decena de abogados de oficio que fueron movilizados para asistir a los 116 y que este viernes se planteaban recurrir las expulsiones que ellos mismos desconocían que se iban a producir. Las garantías necesarias de asistencia jurídica y la disponibilidad de traductores fueron ampliamente discutibles.

El Acuerdo con Marruecos puede ser legal y está en vigor, aunque sea cuestionado por organizaciones como Amnistía Internacional. Pero su aplicación colectiva, expedita y con nocturnidad en represalia por una agresividad no documentada tiene el aspecto de una posible vulneración de la legislación de derechos humanos.

El Gobierno muestra un lógico nerviosismo ante la utilización que la derecha está haciendo de la inmigración. La agresividad en la frontera es material sensible que preocupa, con razón, y no puede ser permitida. Pero proclamarse partidario de una política europea de inmigración que permita defender las fronteras y respetar los derechos humanos no debe ser una cuestión de palabras o de gestos valiosos, como la recepción del Aquarius, sino de hechos. La expulsión exprés de los 116 no es uno de ellos.