Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

La Ley de Mortadelo

Necesitamos un cambio urgente de cultura en nuestras Administraciones hasta conseguir que facilitar la información sea la norma y no la excepción

Manel Navarro en la conferencia de prensa que se celebró en Rtve el 13 de febrero.
Manel Navarro en la conferencia de prensa que se celebró en Rtve el 13 de febrero. Getty Images

A veces, la Ley de Transparencia parece estar en manos de Mortadelo y Filemón. Un particular, o una entidad como Access Info Europe, pide información a un organismo público sobre cuestiones relativamente inocentes como los gastos del festival de Eurovisión o las políticas de Gobierno Abierto.

La Administración se niega a facilitar la documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) le da la razón al solicitante de información. Pero el Gobierno invierte los recursos de todos en llevar esa decisión a los tribunales. Estos fallan a favor del particular y del CTBG, una institución que, a su vez, ha tenido que gastar dinero público para pagar abogados privados que argumenten contra la propia Administración a la que pertenece.

Insistiendo en el absurdo, el Gobierno no tira la toalla, sino más medios públicos, y recurre la sentencia. Todo por conseguir objetivos tan incoherentes como mantener secreta la mismísima estrategia de Gobierno Abierto.

Es inaceptable. Necesitamos un cambio urgente de cultura en nuestras Administraciones hasta conseguir que facilitar la información sea la norma y no la excepción.

Sin embargo, debemos evitar también la transparencia extrema que reclaman los críticos con el Gobierno: luces, taquígrafos y transmisión en Internet para toda deliberación pública. La evidencia anecdótica nos dice que las reuniones retransmitidas en directo constriñen a los intervinientes, que no pueden expresarse en libertad.

Y la evidencia científica muestra que las decisiones en las que los sujetos de un experimento ven todas las tripas de las discusiones son vistas como poco legítimas. Los ciudadanos necesitamos explicaciones, como informes razonados, sobre por qué se ha adoptado una medida en vez de otra, pero no un diario detallado de todas las desavenencias internas. Si encerramos a los agentes públicos en una pecera cristalina, monitoreándolos permanentemente, lo pagaremos con decisiones de peor calidad. Y es que, entre una Administración opaca y otra sujeta a un Gran Hermano, cabe una opción intermedia: un Gobierno que opere con una transparencia razonable. @VictorLapuente

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.