Trump, investigado

Con el nombramiento de un fiscal especial encargado de investigar si Donald Trump ha obstruido una investigación oficial sobre sus relaciones con Rusia, la situación del presidente de Estados Unidos experimenta un cambio trascendente. Ya no se trata de una cuestión de opiniones más o menos fundadas en hechos y datos sobre el comportamiento ajustado a ley, o no, del mandatario. Va mucho más allá. La designación como fiscal especial de Robert Mueller, director del FBI entre 2001 y 2013, coloca el primer peldaño legal de lo que podría terminar con la destitución por parte del Congreso —el denominado impeachment— de Trump. Un proceso que podría llevar a Trump a tener que elegir entre dimitir o enfrentar un juicio político en el Congreso, algo sin precedentes en la historia del país.

Nuevamente el inquilino de la Casa Blanca ha dado muestras de una completa y temeraria falta de conocimiento de las responsabilidades que implica el cargo que ocupa. Su opaca relación, y la de un buen número de sus colaboradores, con Rusia, la superpotencia rival de EE UU, es un asunto de extremada gravedad. Por mucho que Trump intente reconducir la polémica y dar apariencia de normalidad a la estrechez de sus relaciones con Putin, ni los contactos de su campaña con el Kremlin ni sus filtraciones de inteligencia a Moscú en materia de terrorismo son aceptables. Menos aún lo es su respuesta, matona y estridente, a las acusaciones y las presiones ejercidas sobre el director del FBI, James Comey, para protegerse él mismo y proteger a sus subordinados de las investigaciones sobre esta materia.

Si han existido las presiones y amenazas ejercidas el pasado 14 de febrero sobre el responsable del FBI para que abandonara la investigación de las conexiones entre el Kremlin y un exconsejero de Seguridad Nacional nombrado por Trump, estamos ante un grave delito. La posterior y fulminante destitución de Comey no ayuda a despejar las dudas sobre el comportamiento presidencial, y eso es precisamente lo que ahora tiene que investigar Mueller. Una cuestión que bien puede convertirse en el punto de apoyo sobre el que activar los mecanismos que la Constitución prevé para desalojar al presidente de su cargo.

Aunque lo pretenda, Trump no puede permanecer ajeno al clima político que se va enrareciendo en torno a su persona. En las propias filas republicanas ya se ha pronunciado en público la palabra Watergate, el escándalo por el que Richard Nixon tuvo que dimitir el 8 de agosto de 1974 cuando estaba a punto de afrontar una votación sobre su destitución precisamente por obstrucción a la justicia. Y también se empieza hablar de su sucesor, el vicepresidente Pence.

Mención aparte merece la ridícula afirmación que ha hecho el presidente asegurando que es el político más perseguido de la historia. La lista de personas que merecen precederle en ese elenco es interminable. En vez de disparar incongruencias en Twitter, Trump debe prestar toda su colaboración con la justicia, ceñirse a lo que dice la ley y ayudar a aclarar unos hechos gravísimos.