Dinero público, educación pública

La Constitución española garantiza en su artículo 27,5 el derecho a la educación y la creación de centros docentes (los que sean necesarios, añado).

Es, precisamente, la falta de centros docentes públicos lo que llevó, hace más de treinta años, a concertar unidades con centros privados para abarcar la demanda existente de puestos escolares que, por aquel entonces, excedía la oferta pública. De hecho la concertación nació con el único objetivo de concertar unidades solo allí donde la educación pública no llegara. Una vez que la red pública se ampliara y abarcara, por tanto, la demanda de escolarización los conciertos dejarían de ser necesarios. Pero después de más de tres décadas la realidad es otra y los conciertos con los centros privados (que nacieron oficialmente con la LODE en 1985) siguen aumentando, incumpliendo el objetivo primigenio. Y todo como resultado de los 40 años de retraso que trajo la dictadura franquista, y que conllevó un parón en seco de los niveles de escolarización por la «medievalización» que trajo a la sociedad y, como consecuencia, una desatención de la red pública de educación. Sin dictadura las necesidades de escolarización hubieran ido creciendo con el paso de los años, al mismo ritmo que en otros países europeos, y la red pública se hubiera ido adaptando, extendiéndose, para dar la respuesta necesaria. La concertación como está concebida en España es, básicamente, una anomalía democrática, un anacronismo, producto de 40 años de oscuridad, que ya no tiene sentido.

Hay centros públicos agonizando por falta de alumnados mientras se conciertan centros privados próximos

Por una parte tenemos un claro incumplimiento constitucional dado que la red pública sigue siendo insuficiente y, por otra, una concertación indiscriminada que rompe el principio de concertar solo allí donde no llegue la educación pública. Nos encontramos con centros públicos agonizando por falta de alumnados mientras se conciertan unidades con el centro privado de al lado, y esto lo hicieron y lo siguen haciendo gobiernos de derechas y de izquierdas.

Los defensores de la educación concertada se aferran al argumento demagógico de subsistencia de que la concertación responde al principio constitucional de libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza debe ejercerse solo entre lo público y lo privado y, por tanto, está asegurada. El Estado debe garantizar una enseñanza igualitaria, neutra y laica, alejada de cualquier adoctrinamiento. Solo la educación pública puede garantizar estos principios por lo que debe ser la única financiada con fondos públicos.

En Europa más del 90% del alumnado está escolarizado en centros públicos, sin embargo en España ronda el 70% y, en ciudades como Madrid o Barcelona, lo concertado supera a los públicos.

Un estudio de la OCU concluyó que los colegios concertados son un 70% más caros que los públicos

Los centros concertados deberían desaparecer o ir transformándose en públicos, para ello nuestra organización sindical, PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño), ha instado a los Grupos Parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados, a presentar una Proposición No de Ley para acometer los cambios estructurales necesarios para que la Educación Pública sea la única financiada con dinero público. Tenemos la convicción de que el dinero público se debe emplear en lo público y no en mantener negocios privados, de lo contrario lo que se está haciendo es malversar el dinero del contribuyente.

Lo que nuestra organización sindical ha solicitado es, grosso modo, que las sustituciones o vacantes de los centros concertados se cubran por interinos de las listas públicas, y que las jubilaciones (o cualquier nueva plaza) se oferten en el concurso de traslados para los profesores funcionarios de carrera.

De esta manera los centros concertados irían transformándose en públicos, y los profesores de dichos centros tendrían asegurado su puesto de trabajo hasta la jubilación, ventaja que ahora no tienen (aunque su condición administrativa sería distinta a sus compañeros de oposición).

En este nuevo escenario que se plantea, el centro concertado que no aceptara dicha proposición dejaría de recibir las subvenciones públicas y pasaría a ser un centro estrictamente privado, financiándose con la cuota de los padres de los alumnos que estuvieran escolarizados en dicho centro.

No podemos olvidar que los costes de la enseñanza concertada, superan de largo a la pública. Un estudio de la OCU llegó a la conclusión de que los colegios concertados son un 70% más caros que los públicos. En la mayoría de los centros concertados investigados los padres tenían la obligación de pagar alguna cuota (500 euros anuales de media). La gratuidad de la enseñanza que promulga la constitución debe ser respetada por todos los centros sostenidos con fondos públicos, y la Administración tiene la obligación de velar porque así sea.

Alfredo Aranda Platero es vicepresidente de PIDE (Sindicato del Profesorado Extremeño).