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Ruth todavía tiene fuerzas para contarlo una vez más. Aquella mañana de junio, su hija Valentina salió de casa como cualquier otro día, dispuesta a apurar una de las últimas jornadas del año escolar. Sin embargo, los 11 años y ocho meses de Valentina encontraron un repentino final en el patio del colegio. El 23 de junio de 2016 fue el día más largo del año para Ruth Montenegro. Y no solo por coincidir con el solsticio de verano. Mientras las hogueras de San Juan comenzaban a prenderse, la madre buscaba sin aliento a su hija. Pero el ansiado reencuentro nunca se produjo. A la mañana siguiente, Ruth pudo abrazar el cuerpo de Valentina, ya sin vida. La niña, que a su corta edad ya era una destacada flautista en el Conservatorio Nacional de Música, no pudo volver a cantar una de sus canciones favoritas: Antipatriarca, de la rapera chilena Ana Tijoux. Su madre, una de las organizadoras de la marcha Vivas nos queremos, ni una menos, que el 26 de noviembre de 2016 congregó a miles de mujeres y hombres en Quito, clama que el caso de Valentina no fue un hecho aislado, sino un nuevo feminicidio en Ecuador.

“Inicialmente me quisieron hacer creer que había sido un accidente”, denuncia Ruth, de 42 años, residente en la humilde zona sur de la capital ecuatoriana. “La primera autopsia determinó que mi niña fue agredida sexualmente y luego asesinada, pero después se retractaron, cambiaron totalmente la versión”, declara esta mujer de rostro amable y madre de otros cuatro hijos. “El fiscal que en aquel momento estaba a cargo del caso me dijo: ‘váyase contenta, fue un accidente, la única que sabe lo que pasó es ella y está muerta”. Sentada en un parque en el que solía jugar su hija, Ruth enmudece tras revelar la indiferencia del Estado ante la muerte de Valentina. Las palabras brotan desde lo más profundo de su estómago y aunque trata de contener su rabia, no puede evitar evidenciar su indignación. Lejos de quedarse contenta, Ruth entró en contacto con otras familiares de víctimas de feminicidio y trató de presionar a las autoridades para que se hiciera justicia.

Una de las mujeres a las que se acercó fue Rosa Ortega, integrante de la plataforma Justicia para Vanessa. Ortega, de 27 años, también vivió en sus carnes las trágicas consecuencias del feminicidio. El 19 de octubre de 2013, su prima Vanessa Landínez apareció muerta en un hotel de Ambato (sierra centro de Ecuador). Meses después, el principal sospechoso del asesinato fue absuelto y puesto en libertad. La familia de la víctima, que recurrió la sentencia, lleva más de tres años enfangada en una eterna batalla judicial. En el camino, Justicia para Vanessa se ha convertido en un referente en la lucha contra los feminicidios en el país andino, erigiéndose en un refugio para otras víctimas como Ruth. En coordinación con diversos colectivos feministas de Ecuador y América Latina, lanzaron la primera manifestación nacional contra los feminicidios Vivas nos queremos, ni una menos, convocada con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). “Estamos hartas de recibir siempre a las familias de las mujeres y niñas que ya fueron asesinadas. Esta marcha es nuestra respuesta a la inoperancia del sistema público”, anuncia Ortega, que estima en 5.000 el número de personas que asistieron a la histórica protesta.

Desde que en agosto de 2014 se tipificara el femicidio como un delito, se han registrado en Ecuador 152 casos de asesinato o tentativas del mismo por motivo de género

Desde que en agosto de 2014 entrara en vigor el Código Orgánico Integral Penal, que por primera vez tipificó el femicidio como un delito en sí mismo, se han registrado en Ecuador 152 casos de asesinato o tentativas del mismo por motivo de género, según datos del Consejo de la Judicatura. Todo ello en un país en el que seis de cada diez mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista y una de cada cuatro ha experimentado violencia sexual a lo largo de su vida, conforme a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos publicada en 2012. Ecuador se encuentra en una de las regiones más violentas del mundo para las mujeres. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el subcontinente se producen 12 feminicidios al día. Los casos de Valentina y Vanessa en Ecuador se unen a una larga y siniestra lista en la que recientemente han destacado los atroces asesinatos de Lucía en Argentina y Yuliana Andrea en Colombia, ambas menores de edad.

¿Femicidio o feminicidio?

El Gobierno ecuatoriano decidió utilizar el término femicidio en vez de feminicidio porque este último se refiere a “una práctica sistemática de asesinato a mujeres permitida por el Estado, como ocurre en México con Ciudad Juárez”, explica Consuelo Bowen, subsecretaria de Derechos Humanos y Cultos del Ministerio de Justicia. “Femicidios, como los hemos llamado nosotros, son asesinatos graves de mujeres, pero que no tienen relación con una inacción del Estado”, aclara la también presidenta del Consejo Nacional por la Igualdad de Género.

Los movimientos feministas, no obstante, consideran que en Ecuador todavía se dan las condiciones para seguir hablando de feminicidios. Ximena C. Montúfar, militante de Vivas nos queremos y Justicia para Vanessa, cree que “el Estado es cómplice a través de toda la impunidad que existe por los miles de casos de feminicidio que ocurren y no son sentenciados”. Para Montúfar, “no hay la voluntad política de generar acciones públicas que garanticen la vida de las mujeres”.

En este sentido, las víctimas se quejan de la falta de diligencia de la Justicia a la hora de sentenciar a los culpables. Así, son las familias de las mujeres asesinadas las que se ven obligadas a salir a la calle para demandar al Estado que haga su trabajo. “Los familiares de las mujeres asesinadas juegan un papel clave. El Estado no va a responder si es que no hay familias que estén detrás persiguiendo a la Justicia”, asegura Ortega. “Nosotras nos organizamos el mismo día que sucedió el feminicidio de Vanessa. A las dos semanas hicimos un primer plantón diciéndole a la Justicia: ‘estamos vigilantes’”, recuerda esta joven politóloga de cabello corto e ideas claras.

Desde el punto de vista legal, sin embargo, la inclusión del femicidio en el código penal sí ha conllevado un progreso importante. Cristina Burneo, profesora de la Universidad Andina, reconoce que “la tipificación de alguna manera ha solventado el horizonte de impunidad en que viven muchos agresores, puesto que las penas de cárcel por violencia de género son altísimas”. Las condenas por casos de femicidio en Ecuador pueden alcanzar los 26 años de prisión. De todas formas, Burneo se muestra muy crítica con el enfoque adoptado por el Gobierno en su lucha contra la violencia machista. “Se trata de un Estado punitivo que solo sabe resolver los problemas mediante la sanción con cárcel. Pero la erradicación de la violencia va mucho más allá de eso, es necesaria una educación laica”, opina esta docente que señala a los “valores ultraconservadores” promovidos en la educación ecuatoriana como los principales enemigos de la igualdad de género.

Política de Estado

Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Rafael Correa después de llegar al poder en 2007 fue decretar la lucha por la erradicación de la violencia machista como una política de Estado. Esta medida colocó a la violencia de género al frente de las prioridades del ejecutivo. “Esa declaración, que fue la primera de un gobierno ecuatoriano en esa línea, fue precisamente para que todas las instituciones nos uniéramos en esa dirección, expresó una voluntad política”, manifiesta Consuelo Bowen, que antes de integrarse en el aparato estatal ejerció como abogada de organizaciones de mujeres.

El femicidio tiene que ver con patrones culturales que permiten que haya conductas violentas hacia las mujeres Consuelo Bowen, Dirección de Género del Ministerio de Justicia

Sentada en su despacho en la Dirección de Género del Ministerio de Justicia, Bowen enumera las acciones del gobierno para combatir la violencia machista. “Hemos creado casas de acogida y centros de atención, protocolos de acompañamiento, reformas legales que garantizan la protección de las víctimas y unidades judiciales y fiscalías especializadas. La policía ya no puede negarse a dar protección como hacía antes, ahora las mujeres que han obtenido su boleta de auxilio cuentan con botones del pánico como sistema de alarma”, afirma. En Ecuador, las víctimas protegidas por el sistema judicial reciben una boleta de auxilio que sirve para garantizar su protección. Los botones del pánico, por su parte, son sistemas instalados en los teléfonos fijos o móviles que sirven para alertar rápidamente a la policía en caso de peligro inminente.

De todas formas, Bowen reconoce que no está todo cumplido. “El femicidio tiene que ver con patrones culturales que permiten que haya conductas violentas hacia las mujeres. Si eso se pudiera hacer en diez años de gobierno, ya lo habríamos conseguido, pero el problema es que cambiar la forma de pensar de una sociedad toma su tiempo”.

Otras de las medidas novedosas del gobierno fue la aprobación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia Niñez, Adolescencia y Mujeres en 2007. La coordinadora de este plan, Myriam Alcívar, esgrime que uno de los logros del documento ha sido posicionar la violencia machista en la agenda pública y contribuir a que la sociedad tome conciencia de su gravedad. No obstante, la funcionaria también asume que falta un largo camino por recorrer. “Uno de los mayores retos es construir un sistema único de registro para evitar que las mujeres tengan que narrar su historia en cada institución a la que acudan y evitemos así la revictimización”.

El discurso oficial, sin embargo, no convence a todas. Los colectivos feministas critican la falta de eficacia de las políticas gubernamentales, cuya florida retórica muchas veces queda en papel mojado. Esta es la opinión de Ortega, quien más de tres años después de la muerte de su prima Vanessa sigue reclamando “verdad, justicia y reparación”. Desde su punto de vista, el gobierno “se ha apropiado del discurso feminista, pero a la hora de generar cambios estructurales que avancen hacia la igualdad, nada se concreta”.

Además, las feministas alertan de que las medidas de protección policial son todavía insuficientes. A pesar de que el Ministerio del Interior haya incluido recientemente a los femicidas en las listas de delincuentes más buscados, “gran parte de las mujeres siguen siendo asesinadas con las boletas de auxilio en sus carteras”, asevera Montúfar.

Ajena a las disputas políticas, Valentina nunca pensó que a sus 11 años de edad sería asesinada presuntamente por ser mujer. “Mi niña era una librepensadora, crítica, curiosa, siempre haciendo preguntas. Tenía ese ideal de ir más allá de los roles que históricamente nos han designado a las mujeres. Ella quería abrir sus alas y volar a lo más alto”. Así recuerda Ruth a su hija. Pensando en la mujer que pudo ser y no fue, los ojos de Ruth se humedecen, aunque rápidamente recupera su sonrisa. “El año pasado fuimos al concierto que dio Ana Tijoux en Quito. Nos gusta mucho la canción que dice ‘no sumisa, ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría’. Valentina y yo la cantábamos a pleno pulmón”. Aunque no podrán volver a gritar juntas sus versos favoritos, Ruth mantiene viva la memoria de su hija luchando contra los feminicidios en Ecuador.