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CLAVES
Columna
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Autonomías y bienestar

La valoración “más bien positiva” de la creación de las Comunidades Autónomas que compartía un 70% de la ciudadanía en 2010 cayó en solo dos años 30 puntos

Eloísa del Pino Matute
Las banderas de todas las Comunidades Autónomas en sus mástiles en el exterior del edificio del Senado, en Madrid.
Las banderas de todas las Comunidades Autónomas en sus mástiles en el exterior del edificio del Senado, en Madrid.Uly Martín

El Estado autonómico es probablemente la institución de nuestro sistema político que ha recibido más ataques en estos años. Ha sido criticado como solo sabemos hacerlo en España, llegando algunos a acusarle de ser el responsable último de la crisis. Sin embargo, nuestro sistema de organización territorial ha demostrado que desempeña importantes funciones y en particular su utilidad para preservar el sistema de protección social.

A partir de 2010, desde partidos y think-tanks proliferaron estudios sobre las disfunciones del Estado autonómico, los cuales fueron amplificados y simplificados por ciertos medios. El Gobierno socialista llegó a encargar a AEVAL un informe sobre las duplicidades que sugería la necesidad de realizar algunas reformas. También subrayaba que, al menos hasta entonces (2011), el Estado autonómico había servido para acomodar relativamente bien la diversidad, mejorar la gestión adaptando las políticas a las necesidades territoriales y potenciar la democracia multiplicando las oportunidades de participación ciudadana. Nunca llegó a publicarse. Como resultado del predominio de las críticas, la valoración “más bien positiva” de la creación de las comunidades autónomas que compartía un 70% de la ciudadanía en 2010 cayó en solo dos años 30 puntos, según el CIS. Muchos ciudadanos eran ardorosamente partidarios de reducir el gasto autonómico, sin darse cuenta de que el 70% del mismo se destina a sanidad, educación y bienestar social, políticas a cuyo recorte se oponen casi unánimemente. En el contexto hostil de 2012, el Gobierno central implantó una estrategia de consolidación fiscal basada en la reducción del gasto que en muy buena medida recayó en las comunidades autónomas. Estas se vieron en la tesitura de aplicar recortes diseñados por el Gobierno central.

El análisis de los mismos sugiere que a pesar de que todas las comunidades autónomas tuvieron que recortar en sanidad (no en vano representa el 40% de sus presupuestos) y que una parte del alcance del ajuste ha dependido de su situación económica previa, los Gobiernos regionales han podido resistirse a ciertas medidas centrales y elegir sus recortes según sus preferencias políticas, lo que ha servido para que algunos territorios puedan preservar mejor su sistema de bienestar. A lo mejor el Estado autonómico funciona. @delPinoE

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