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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Registrar los ‘lobbies’

Si los grupos de interés se inscriben solo de manera voluntarias, la normativa tendrá escasa utilidad

El presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, José María Marín Quemada.
El presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, José María Marín Quemada.Luis Sevillano

Los buenos principios deben ser recibidos con satisfacción, pero en realidad lo que cuenta son los buenos finales. La decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de regular el Registro de Grupos de interés (conocidos en el mundo político-corporativo como lobbies)responde exactamente a esta distinción. Por una parte, es bueno que la Comisión tome nota de que existen grupos de presión y de interés que pretenden influir, en su beneficio o en el de sus clientes, en las decisiones de los Gobiernos o instituciones; por otra parte, resulta que la norma de la Comisión es tímida y manifiestamente mejorable. Existen ejemplos suficientes para decir que la CNMC se ha quedado corta.

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Todas las empresas e intereses económicos tienen derecho a considerar que la legislación puede ser mejorada y modificada para aumentar los rendimientos esperados. Es una pretensión natural que, como tantas otras, debe ser ordenada de forma que se minimicen los efectos indeseados de las presiones a los poderes públicos. Lo que la CNMC propone es un registro de lobbies de carácter voluntario, público y gratuito. Sobre la nula regulación anterior es un avance, pero en relación con la complejidad entre los poderes públicos y los intereses privados, un registro voluntario es insuficiente. Un modelo conocido es el europeo; en Bruselas, para tener derecho a reunirse con miembros del Parlamento es obligado el registro; las reuniones son públicas y, de hecho, se conoce cuántas mantiene cada parlamentario.

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La idea de Bruselas es completar un registro obligatorio, incluyendo quizá a los abogados y otros cuerpos profesionales ahora exentos, en 2017. Si este es el modelo que, en la práctica, se desarrolla en España, coherente además con la transparencia exigida a los grupos de presión en el entorno europeo, podremos decir que la regulación española cumple con su cometido; si se queda en un registro voluntario, sin expectativa de evolución, la normativa tendrá escasa utilidad.

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