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El PSOE, entre dos males

La política, la economía y las reformas sufrirán si hay que volver a las urnas

Esta semana culminará la segunda ronda de consultas de Felipe VI para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. La Constitución no deja lugar a dudas y no hay que ser catedrático de nada para interpretar lo que el artículo 99 dice: el Rey propondrá (no solo puede proponer, o invitar u ofrecer, sino que propondrá) un candidato a través del presidente del Congreso. Esta es una tarea inexcusable del Monarca y las posibilidades del encargo son muy amplias, pues el presidente del Gobierno ni siquiera tiene que ser diputado; y tampoco existe plazo determinado para la decisión real.

Una vez el Monarca cumpla con su obligación constitucional, los demás deben atender la suya. En el caso del presidente del Congreso, debe convocar un pleno para votar la investidura del candidato propuesto. Si este no obtuviera el refrendo de la cámara, correría un plazo de dos meses antes de la disolución de la misma, caso de que ningún otro pretendiente lograra ser investido durante ese periodo. ¿Pero y si los sucesivos encargados de formar gobierno renuncian a ello ante el presidente del Congreso, nunca formalmente ante el Rey, pues este tiene la obligación de proponer a alguien, y no hay votación parlamentaria? Las leyes no prevén nada al respecto, aunque algunas interpretaciones jurídicas sugieren que convocada la primera sesión de investidura y renunciando el candidato a su eventual elección, podría entenderse que el plazo de dos meses para la disolución de las cámaras comienza a partir de la fecha del pleno, por fallido que este sea. Interpretación útil a efectos pragmáticos pero que arrojará sombras de todo tipo sobre la legitimidad del proceso electoral.

Por lo demás, si el ego desmadrado y las ambiciones pueriles de los líderes lleva finalmente a la convocatoria de nuevas elecciones, el calendario previsible indica que no serían en ningún caso antes de mediados de junio, con lo que en el mejor de los mundos hasta finales de julio, o agosto, no habría aún nuevo Gobierno. Hasta entonces, y desde octubre del año pasado, España habría estado gobernada —es un decir— por un ejecutivo en funciones, sin capacidad de iniciativa legislativa, con un presupuesto que recusa la UE y aprobado a propuesta de un Gobierno agonizante y por un Parlamento no destinado a vigilar su ejecución. A partir de ahí —y entre otras cosas— el nuevo ejecutivo tendrá que revisar el presupuesto recusado por la Comisión Europea y elaborar uno nuevo para 2017 antes del 1 de octubre. No son buenas noticias para que los agentes económicos tomen las decisiones que les competen.

Un Gobierno en funciones puede ser efectivo en el mantenimiento del orden público y en la aplicación de las leyes, por lo que el desafío soberanista catalán será con toda seguridad confrontado durante este interregno. Confrontado desde luego, pero de ninguna manera solucionado, ni de forma incipiente. Mariano Rajoy fue un interlocutor imposible con Cataluña como presidente del Gobierno apoyado por una mayoría absoluta; lo será aún más siendo un primer ministro en precario.

Habría que negociar políticas, y no carteras, para intentar formar un Gobierno de coalición

Hay muchas otras cosas que sufrirán hasta la formación de un nuevo ejecutivo, además de la timidez de los inversores. Será imposible, por ejemplo, aprobar un plan de choque para políticas sociales o corregir la arbitraria y caótica política fiscal de Montoro. Víctima segura será también nuestra acción en el exterior, cuando se están produciendo cambios en los que el papel de España es inexistente. Ningún mandatario extranjero que se precie va a estar dispuesto a firmar acuerdos con un gabinete destinado a morir. Y mientras toda Europa debate sobre el futuro de los refugiados, la fachada del Ayuntamiento de Madrid luce una gran pancarta (Welcome refugees) cuyo número de letras es superior al de los refugiados mismos que hemos acogido en los últimos meses. Todo un sarcasmo.

Estos ejemplos sirven para poner de relieve la incomunicación culpable de los que deberían estar negociando políticas y no carteras para tratar de formar un Gobierno de coalición capaz de gestionar los problemas. Las soluciones demandan una reforma de la Constitución, e incluso algunos de los actuales diputados prometieron lealtad a la misma con la intención de reformarla. No lo podrán hacer si no se busca un camino que permita la cooperación leal y no tramposa del PP, con mayoría en el Senado y minoría de bloqueo en el Congreso.

Dada la pertinacia hierática de sus dirigentes a la hora de entablar negociaciones que resuelvan estos problemas, si el PSOE se enfrenta a la eventualidad de intentar un Gobierno de progreso tendrá que elegir entre dos males: construir un gabinete hostil al PP, que podrá boicotear cualquier intento socialista de reformar la Carta Magna, frustrando así las promesas electorales hechas a los votantes socialistas; o arriesgarse a unas nuevas elecciones de incierto resultado para su partido. Al mismo tiempo permitirán que el mismo PP gobierne casi un año más de lo que le correspondía, sin que el Parlamento pueda ejercer el control. Esperemos que las bases sean capaces de discernir entre estos dos males, toda vez que sus dirigentes parecen renunciar a la responsabilidad de hacerlo por sí mismos.

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