La ciencia tras 40 años de libertad
La recuperación de la ciencia española requiere un Pacto de Estado por la Ciencia y necesita una financiación que llegue al menos al 2% del PIB
El fin de la dictadura de Franco, que había supuesto un evidente retroceso de la ciencia española, coincidió en 1975 con dos pequeños hitos que ahora resulta conmovedor recordar: la vuelta del Premio Nobel Severo Ochoa desde Estados Unidos, y con ella la fundación del Centro de Biología Molecular, y la creación del Instituto Astrofísico de Canarias, ambos referencias internacionales en sus disciplinas. Por supuesto continuaron su labor algunas instituciones de carácter científico-tecnológico que procedían del período anterior, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Junta de Energía Nuclear (JEN) o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), vinculadas en algún caso a intereses estratégicos internacionales. Continuaba en activo una parte de los investigadores ligados al régimen franquista, pero ya aparecían destacados científicos en el sistema, algunos de los cuales suscribieron en 1980 un Manifiesto de los Científicos Españoles quejándose de la situación de la ciencia española. Otros vivían ya muy mayores en el exilio, especialmente en México donde habían editado hasta entonces la revista Ciencia, o en el exilio interior, depurados por sus actividades republicanas.
La Constitución de 1978 señalaba que “los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general”, todo un símbolo del cambio democrático y la aspiración a conseguir una ciencia moderna en España. Un año más tarde el presidente Adolfo Suárez creaba el Ministerio de Investigación y Universidades para acometer el reto de la reforma de la investigación universitaria y del CSIC, en un momento en el que la inversión en ciencia era de alrededor del 0.5% del PIB, muy alejada de otros países europeos.
La llegada al poder de Felipe González en 1982 supuso un nuevo impulso para la planificación de la investigación científica. La Ley de Reforma Universitaria de 1983, la reorganización y creación de nuevos institutos de investigación en el CSIC, tres años más tarde la Ley General de Sanidad y la Ley de la Ciencia, y en 1988 la aprobación del primer Plan Nacional de I+D fueron clave para la organización de la ciencia española. El PP logró la creación en 1998 del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares un año más tarde, dirigidos por Mariano Barbacid y Valentín Fuster, dos científicos recuperados del extranjero. Además intentó relanzar su actividad político-científica con la creación en el año 2000 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la descentralización autonómica. El gobierno del PSOE, al reestructurar las responsabilidades de la investigación en España en su nuevo mandato iniciado en 2004 con Rodríguez Zapatero, impulsó el Programa Ingenio 2010 con la idea de intentar alcanzar el 2% del PIB en el año 2010. La llegada de la crisis económica en los últimos años del Gobierno socialista y la nueva política científica del gobierno de Rajoy ha conducido a una caída del gasto hasta los niveles de 2007, una reducción notable en el número de empresas con actividad en I+D y a una pérdida de personal científico. Por otra parte, en el sistema público seguimos sin una Agencia Estatal de Investigación y el esfuerzo en la inversión en I+D sigue siendo desigual, estando liderado por el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña.
España ha destacado en estos últimos años en biotecnología, nanotecnologías y tecnologías relacionadas con el medio ambiente, además de en paleoantropología con el proyecto de Atapuerca liderado por Arsuaga, Carbonell y Bermúdez de Castro, en química con la destacada figura de Avelino Corma, en trasplantes de órganos y en nuevos materiales, aunque en la Estrategia Española diseñada hasta el 2020 aparecen otras áreas como la salud, los alimentos, la investigación marina, la energía, los sistemas de transporte, el cambio climático, la economía y la sociedad digital, los cambios sociales, etc., y se echan en falta objetivos en el área de las humanidades, cuyos conocimientos dan sentido a nuestra propia actividad vital. Es necesario sensibilizar a la sociedad española sobre la importancia de la ciencia para el crecimiento económico, la calidad de vida y la felicidad, con programas de cultura científica y de formación. En este sentido considero que habría que plantearse seriamente la creación de un Museo Cajal de la ciencia española que responda a nuestro nivel de desarrollo cultural, como sucede con nuestros grandes museos de arte.
La recuperación de la ciencia española requiere un Pacto de Estado por la Ciencia y necesita una financiación que llegue al menos al 2% del PIB, que permita la participación en grandes instalaciones y proyectos internacionales. Es necesario un incremento de los recursos humanos y de su movilidad, que pueda incluir la recuperación del talento “perdido” por la emigración científica, tanto la junior -los de la supuesta “leyenda urbana”- como la senior, de la que forman parte científicos como Juan Ignacio Cirac, Carlos Duarte, Jordi Bascompte, Juan Carlos Izpisúa, etc. Finalmente hay que buscar una buena formación predoctoral y posdoctoral a través de una carrera científica, y establecer un sistema de organización científica abierto, democrático, con igualdad de género, excelente, atractivo y competitivo internacionalmente, con alianzas estratégicas con la UE y terceros países, no burocratizado y sujeto a los vaivenes políticos como sucede actualmente en algunos organismos como el CSIC. España todavía espera a su nuevo Premio Nobel en ciencia, que seguro irá asociado al despegue definitivo de su sistema de investigación, desarrollo e innovación.
Miguel Ángel Puig-Samper es profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC y coordinó el libro Tiempos de investigación. JAE/CSIC Cien años de ciencia en España (editorial CSIC).
