Riesgo de parálisis

La renovación del Tribunal Constitucional, boicoteada en los últimos años por el Partido Popular como medio de mantener su cuota de influencia anterior a 2004, parecía poner a la institución en vías de resolver algunos de sus problemas crónicos, en especial la exasperante lentitud con que resuelve los recursos que le llegan. La implantación de una mayoría conservadora clara, objetivo perseguido por el PP desde 2004 y que ha conseguido tras su vuelta al Gobierno en noviembre de 2011, debía tener al menos el efecto de poner fin a un periodo nada edificante de la historia del alto tribunal, convertido en plataforma de las pugnas políticas entre partidos, como fue el caso del Estatuto catalán. Su pacificación interna era condición indispensable para que el Tribunal retomara un ritmo de trabajo capaz de dar salida en un tiempo razonable al ingente trabajo acumulado.

Eso parecía. Pero la militancia oculta durante un tiempo de su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, en el Partido Popular siendo ya magistrado ha venido a enturbiar la situación. Puesto que no dimitió, como era de esperar en aras de la salud democrática de la institución, la situación en la que ha quedado amenaza ahora con hipotecar toda la actuación del Tribunal. Por lo pronto, deberá destinar importantes energías en el inicio del nuevo curso a afrontar las consecuencias de no haber asumido en su momento la responsabilidad que le era exigible. El cúmulo de recusaciones anunciadas, todas legítimas, no va a ayudar a mejorar el funcionamiento del Constitucional ni a restaurar su perdido prestigio.

Más allá de la legalidad de esa militancia partidista y de su ocultamiento por parte del propio presidente a la Comisión del Senado que dio el visto bueno a su nombramiento en octubre de 2010, el hecho incuestionable es que ese vínculo político proyecta sobre Pérez de los Cobos una sospecha de falta de imparcialidad que los litigantes ante el Tribunal Constitucional no van a dejar de utilizar como causa justificada de recusación. Ese riesgo es el que ha llevado al propio Pérez de los Cobos a admitir que sus colegas traten el asunto este mes de septiembre.

De momento, la Generalitat de Cataluña ha anunciado la recusación del magistrado en 24 litigios; el Parlamento catalán, en 7, y Asturias y la Junta de Andalucía en 4 y 15 recursos, respectivamente. Pero no solo órganos institucionales, también personas particulares, como el exmagistrado Baltasar Garzón y Rafael Vera, han anunciado la petición de nulidad de decisiones que les afectan y en las que participó Pérez de los Cobos.

La situación no atañe, pues, solo al presidente, sino a la institución entera. Si el Tribunal no encuentra la forma de alejar de Pérez de los Cobos esa sospecha de parcialidad, las recusaciones anunciadas van a complicar aún más su funcionamiento, sin que sea descartable que, al hilo de alguna de ellas, se convierta de nuevo en plataforma de pugnas partidarias como en los tiempos del Estatuto catalán.