Medidas contundentes

A medida que se acumulan las evidencias de actuaciones presuntamente delictivas de Luis Bárcenas, la plena libertad de movimientos de que goza el antiguo tesorero del Partido Popular resulta más llamativa y desconcierta a la ciudadanía. Se trata de un multimillonario que viaja constantemente, que ha acumulado una fortuna no declarada a Hacienda y que ha intentado blanquear casi 11 millones de euros al amparo de la amnistía fiscal del Gobierno en 2012. Lleva más de tres años imputado en el caso Gürtel sin que ninguno de los jueces que han instruido la causa le haya impuesto medidas cautelares. Recientemente, la fiscalía se ha negado a apoyar otra petición de medidas de control a la espera de unas diligencias pendientes, en concreto sendos informes de la Agencia Tributaria y de la policía; pues bien, ambos informes se encuentran ya en sede judicial.

La posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia o de alterar pruebas no puede descartarse en una persona con tales antecedentes. Si resultan sorprendentes la libertad de movimientos de que ha gozado, el trasiego de dineros a través de su cuenta suiza y las sumas que le ha pagado el PP —a título de empleado— hasta el 31 de enero, el alud de hechos nuevos que le afectan exige una reconsideración de las condiciones en que desenvuelve su actividad. Como cualquier otro ciudadano tiene derecho a la presunción de inocencia, pero la justicia debería asegurarse de que un supuesto autor de graves delitos no pueda escapar a la acción judicial.

Se haya encargado de forma explícita alguien de recordárselo a la fiscalía o no, resulta evidente para la generalidad de los ciudadanos que el partido en el Gobierno y el Gobierno mismo tienen un marcado interés en que Bárcenas no sufra un serio revés en su periplo judicial: el ingreso en prisión, por ejemplo. Así lo atestigua el trato entre algodones, secretaria, sueldos, coche, chófer y demás de que el extesorero ha gozado, para asombro general, desde que fuera falsamente despedido de su cargo. Las fiscales del caso han hecho una gran labor. Los ciudadanos no entenderían que esta quedara manchada por la sospecha (no digamos ya el descubrimiento) de que su actuación se ajusta a las atenciones que despliega el PP para con su extesorero.

Bárcenas está convocado hoy a la Audiencia Nacional, teóricamente para preguntarle por su fortuna en Suiza. Es decir, por una investigación relacionada con la trama Gürtel. Ningún juez ha asumido todavía la indagación por la posible financiación ilegal del PP, reflejada en las anotaciones contables de entradas de dinero procedentes de empresarios y salidas hacia personas diversas del partido, que reflejan el esquema típico de un fondo de reptiles. La investigación por este asunto sigue circunscrita a la Fiscalía Anticorrupción, pero tanto esas 14 páginas de anotaciones contables como la declaración ante notario que Bárcenas hizo en diciembre, sobre una lista de donaciones y pagos en el partido, constituyen otros tantos hechos que refuerzan la necesidad de una judicialización del caso.

Las investigaciones que le afectan le sitúan como sospechoso de cohecho, así como del manejo de elevadas sumas de dinero en billetes de 500 euros. A todo ello se agregan los presuntos delitos fiscales cometidos por quien mantuvo una fortuna en Suiza alimentada, al menos en parte, desde un fondo en Panamá. Demasiado trasiego de dinero sospechoso en quien fue gerente del PP durante casi dos decenios, senador por este partido y ascendido a tesorero en 2008, como para que la sociedad pueda entender cualquier dilación indebida en la investigación y enjuiciamiento de los hechos.