Defraudadores e inmigrantes
El Gobierno se propone cobrar a los inmigrantes sin papeles una especie de canon de más de 700 euros, que casi se duplica para los mayores de 65 años, por tener acceso a la asistencia sanitaria en nuestro país. Con independencia de lo que ello supone para la quiebra de los principios de universalidad y gratuidad de nuestro sistema sanitario, se trata de una medida más de hostigamiento a los inmigrantes para forzarles a que vuelvan a sus países de origen, evitando con ello, en palabras de un alto dirigente del Partido Popular, que España sea “el paraíso de los inmigrantes”.
Contrasta esta actitud con la mantenida ante los defraudadores fiscales a los que se ofrece una amplia amnistía para que retornen capitales, pese a que el fraude fiscal estimado, según fuentes de la propia Agencia Tributaria, ascendería a miles de millones de euros. También se rechaza aumentar la tributación de los grandes capitales, caso de las SICAV, so pretexto de que se marcharían de España.
Está claro que nuestros gobernantes se encuentran mucho más cómodos con la compañía de los defraudadores que con la de los inmigrantes, sin importarles que España sí sea un paraíso para aquéllos. Pues con estos principios nos gobiernan.— Luis Rodríguez Lobato.
