Inseguridad jurídica

La expropiación de YPF a Repsol no puede obviamente beneficiar a España, ni a las empresas concernidas, pero tampoco a Argentina. Es urgente que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ponga fin a esta ya larga incertidumbre respetando las reglas nacionales e internacionales y, sobre todo, la sensatez. Al final, siempre están los tribunales. Pero cambiar las leyes para una nacionalización a bajo coste dañaría de forma irreparable la seguridad jurídica en una Argentina que, como casi todos los países, España incluida, necesita de los capitales y de la tecnología extranjeros. La expropiación, dictada por un enfoque populista interno en el que presionan los gobernadores locales, no resuelve ni uno solo de los problemas a los que ha llevado una desastrosa política energética. Es Repsol, copropietaria de YPF, quien dispone de la mejor tecnología para nuevas exploraciones y extracciones que pueden convertir a Argentina en un país autoabastecido en petróleo y gas.

Un país miembro del G-20 y de la Organización Mundial de Comercio debe respetar las reglas con todos los inversores. ¿Importa que Repsol sea nominalmente española? ¿Cuánto capital extranjero hay en Repsol? ¿Importa que Endesa esté controlada por capital italiano? ¿O que sea capital español el que controle bancos ingleses? Estamos en otros tiempos. No hay que temer la apertura de las economías. España es el primer inversor en Argentina, y tiene mucho en juego allí desde que apostó por ese país cuando no estaba precisamente en el mejor de sus momentos, como ahora tampoco lo está España.

Rajoy ha sacado su artillería pesada en defensa de Repsol en Argentina. Es razonable que el Gobierno defienda a las empresas privadas españolas en el extranjero. La mejor diplomacia es la que sabe jugar con la negociación discreta y evita la amenaza pública. Una escalada verbal, como la que han protagonizado los ministros de Industria, José Manuel Soria, y de Exteriores, José Manuel García Margallo, solo puede alimentar el círculo vicioso de los reproches mutuos y en poco contribuirá, por desgracia, a la resolución del contencioso. Más prudentes son otros movimientos discretos del Gobierno para presionar a través de terceros a Fernández de Kirchner, o la abierta defensa de la posición española que ha hecho la Comisión Europea, exigiendo que se garanticen las inversiones extranjeras.

La situación energética argentina debe despejarse. Repsol YPF es una pieza esencial para lograrlo. La presidenta del país debería serenar y aclarar el panorama. Y si es necesario, Repsol debe invertir más, aunque para ello tenga que revisar el reparto por ley de una proporción excesiva de los beneficios, impuesta por el anterior presidente Néstor Kirchner para permitir la argentinización de YPF a través de la familia Eskenazi. Hay que recobrar el buen sentido y plantear los problemas reales, no los fabricados. Argentina y España tienen demasiados vínculos de todo tipo para andarse con estas peligrosas tensiones.