Bruselas opta por el perfil bajo ante la Constitución ultranacionalista de Hungría

La Comisión Europea efectuará mañana una primera evaluación de la polémica Constitución de Hungría, sobre la que hay serios indicios de infracción de la legislación de la Unión Europea. A pesar de la preocupación y las críticas que ha generado la nueva legislación húngara entre los eurodiputados del Parlamento Europeo, especialmente duras por parte de los liberales y los grupos de la izquierda, no está previsto que el Colegio de Comisarios adopte mañana ninguna decisión. La portavoz comunitaria Pia Ahrenkilde señaló ayer que la Comisión solo tomará una decisión sobre si expedienta al Gobierno ultranacionalista de Viktor Orban "cuando las evaluaciones legales estén listas".

Bruselas quiere evitar decisiones que puedan agravar la difícil situación financiera del país y aseguró la semana pasada que no prevé por el momento abrir un procedimiento contra Hungría.

A principios de año entró en vigor una nueva Constitución con un fuerte sesgo nacionalista y autoritario. El nuevo texto ha recortado los poderes del Tribunal Constitucional, eliminado las disposiciones que protegían a los ciudadanos de posibles discriminaciones basadas en su orientación sexual, limitado la independencia de su Banco Central, concedido poderes a un consejo sobre la prensa para decidir qué es una información "equilibrada" y establecido un consejo controlado por el Gobierno para supervisar las elecciones.

El presidente de los socialistas europeos, Sergei Stánishev, manifestó ayer que "la democracia húngara se encuentra en estado de sitio. Las acciones del Gobierno conservador de Fidesz, bajo el primer ministro Viktor Orban, han resultado un ataque sin precedentes de los estándares básicos internacionales de la democracia". En su opinión, es duro tener que admitir que "la Unión Europea cuenta con un Estado no democrático como a uno de sus miembros".

Esta tensión política coincide con la grave crisis financiera que padece el país, que se encuentra con serias dificultades para encontrar financiación para su deuda pública en los mercados de capitales, por lo que precisará una nueva ayuda de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI). En este sentido, una delegación húngara tiene previsto entrevistarse mañana con la directora general del FMI, Christine Lagarde. Hungría precisará entre 20.000 y 25.000 millones para 2012. Su fragilidad financiera afecta especialmente a los bancos de Austria.

Las negociaciones con el FMI y la UE se encuentran congeladas por decisión del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, tras conocerse el contenido de la nueva Constitución, especialmente en lo relativo a la limitación de la independencia de su Banco Central. La Comisión ha advertido de que los cambios introducidos en la regulación del BCE, cuyo subgobernador podrá ser nombrado por el Gobierno, están "potencialmente en conflicto con el artículo 130 del Tratado", según señaló el Portavoz de Asuntos Económicos y Monetarios, Amadeu Altafaj.

El mencionado artículo establece que "ni el banco Central Europeo, ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano".

El presidente del Partido Popular Europeo, (PPE), Wilfred Martens, y el presidente de este grupo en la Eurocámara, Joseph Dual, expresaron su respaldo a las recomendaciones que emita la Comisión Europea sobre Hungría. "En base al Tratado Europeo", señalan Martens y Daul, "la Comisión supervisará la aplicación de la ley europea bajo el control del tribunal de Justicia de la Unión". "No hace falta decir", añaden "que el PPE apoyará las recomendaciones de la Comisión, que asegurarán el pleno cumplimiento de Hungría con la legislación de la UE". "En este sentido" añaden, "confiamos en que el primer ministro Viktor Orban trabajará estrechamente con el liderazgo de la Comisión para asegurar que la legislación cumple con la ley de la UE, y si es necesario hará modificaciones".