El PNV salva las cuentas de Garitano a cambio de seguir con la incineradora

Bildu ha tenido que suavizar su resistencia a la construcción de la incineradora de Zubieta, a la que se oponía frontalmente, para conseguir a cambio el apoyo del PNV a los presupuestos de Gipuzkoa para 2012. El Gobierno foral que preside Martin Garitano ya no habla de aplicar una moratoria de cinco años a la polémica planta de combustión de basuras, como proclamaba en la campaña electoral y al comienzo de esta legislatura. Ahora acepta abrir un periodo de "análisis" durante seis meses, hasta junio de 2012, para lograr un acuerdo político sobre el sistema de gestión de los residuos de esta provincia, sin descartar que finalmente se opte por la incineración.

Esta transición que hace la coalición abertzale es la penitencia que le ha puesto el PNV para compensar la generosa ayuda que esta formación le ha brindado para facilitar la aprobación de los primeros presupuestos elaborados por Bildu en Gipuzkoa. Además del tema de la incineradora, en la negociación que cerraron estas dos fuerzas el pasado domingo por la noche también se pactó incluir una partida de ocho millones de euros para apoyar a las empresas. A las primeras de cambio, seis meses después de ser desalojado de la Diputación, el PNV, principal partido de la oposición, da oxígeno suficiente para un año a los soberanistas, que gobiernan en minoría en este territorio.

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El Consorcio de Residuos analizará un solución a la gestión de basuras

El proyecto de presupuestos de Gipuzkoa para 2012, obra de Bildu, superó ayer el debate de totalidad en las Juntas Generales al quedar rechazadas las enmiendas que habían presentado el PSE y el PP. El PNV, que retiró justo antes del pleno su enmienda a la totalidad, propició con su abstención que las cuentas forales no fueran devueltas a la Diputación.

Tanto Bildu como el PNV se proclamaron vencedores de una negociación "larga e intensa", en palabras del portavoz peneuvista, Markel Olano. Garitano, que no quiso valorar ante los periodistas el alcance del acuerdo presupuestario, aseguró en el pleno que se trata de un paso "muy importante" para empezar a "cambiar las cosas". Ambos se atribuyeron un ejercicio de "responsabilidad".

Bildu gana tiempo para modular su discurso contra la incineradora. Logra seis meses de plazo para fijar su posición definitiva sobre la polémica de las basuras. Por su parte, el PNV hace alarde de que vuelve a ser el partido que da estabilidad a las instituciones y es capaz de hacer una "oposición constructiva". Este partido no tuvo reparo en dar ayer vía libre a las cuentas de Bildu pese a que Garitano ha sido muy crítico con la herencia recibida de Olano, al que ha acusado en más de una ocasión de "hipotecar" los recursos forales de los próximos años por basar su gestión en agotar los ahorros de la Diputación y elevar el nivel de endeudamiento. El diputado general se lo volvió a recordar ayer mismo, poco antes de recibir el espaldarazo del PNV.

El acuerdo económico Bildu-PNV se sustancia en dos cuestiones básicas: por un lado, la inclusión de una partida de ocho millones, ampliable en otros dos, para un plan anticrisis de apoyo a las empresas, y por otro, centralizar todas las decisiones referidas a la incineradora en las Juntas, donde son mayoría los partidos que apoyan este sistema de tratamiento de los residuos.

Este pacto tuvo su reflejo en la reunión que celebró por la tarde el consejo de administración del Consorcios de Residuos de Gipuzkoa, controlado en más del 80% por Bildu. Este organismo, formado por la Diputación y los Ayuntamientos del territorio, acordó proponer a la Asamblea la "suspensión" durante seis meses del contrato de ejecución del Centro de Gestión de Residuos de Zubieta, que incluye la incineradora. El presidente del consorcio y diputado de Medio Ambiente, Juan Carlos Alduntzin, explicó que el contrato firmado con la UTE contempla la opción de suspender su ejecución durante medio año sin indemnizar a las adjudicatarias. El contrato no se resuelve, como pretendía Bildu para paralizar la incineradora, sino que se deja en suspenso para estudiar mientras tanto las "alternativas de gestión de los residuos y mejorar el sistema de recogida".

Respecto al acuerdo de dejar la decisión en manos de las Juntas Generales, Alduntzin precisó que los Ayuntamientos y las mancomunidades, competentes en la gestión de las basuras, no están obligados a cumplir las resoluciones adoptadas por el Parlamento provincial.