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Reportaje:Vida & Artes

África está en venta

Grandes compañías compran tierras para producir alimentos que luego exportan - Mientras, los habitantes locales pasan hambre

Imagine que España cediera la gestión de un territorio del tamaño de Extremadura a una empresa extranjera. O que hubiera españoles que pasaran hambre mientras compañías foráneas produjeran comida en España que luego exportarían a sus países de origen. Parece difícil de creer, pero esa es la situación que se está dando en algunos países del África subsahariana.

Desde 2001, los Gobiernos de países en desarrollo han arrendado, vendido o están negociando la cesión de 227 millones de hectáreas de tierras, o unos 2,27 millones de kilómetros cuadrados, según cifras del Land Matrix Partnership, un grupo de académicos, investigadores y ONG citados por Oxfam en un informe publicado hace unos días.

Las adquisiciones conllevan la expulsión de las poblaciones locales

Firmas chinas llegan ya a estas zonas con sus trabajadores

La falta de regulación facilita el acaparamiento de tierras

Se desaprovecha la ocasión de impulsar el desarrollo de estos estados

De ese total, gran parte de los contratos, que involucraron en gran mayoría a inversores extranjeros, se firmaron a partir de 2008. Y, desde ese año, más del 70% de los contratos se han dado en el África subsahariana, de acuerdo con un informe del Banco Mundial.

Mozambique, Sudán del Sur, Etiopía, Zambia, Liberia, Madagascar... incluso pequeños países como Uganda están cediendo grandes extensiones de tierra a firmas de origen extranjero. En la mayoría de los casos, estas adquisiciones conllevan la expulsión de las comunidades locales de las tierras en las que habitaban. Luego, estas son usadas con fines comerciales como la producción de biofuel o aceite de palma, o se utilizan para cultivar alimentos básicos como cereales o arroz que son exportados a otros países. Y la situación da una vuelta de tuerca más cuando se piensa que en algunos de estos países -como es el caso de Sudán del Sur y Etiopía- parte de la población requiere de asistencia humanitaria continua para no pasar hambre.

Fue en 2008 el año que estas ventas alcanzaron su auge. Un incremento motivado, según los expertos, por la subida del precio de los alimentos. Y fue a partir de entonces cuando grandes inversores privados, en su mayoría occidentales y países como China e India pero también Arabia Saudí, Kuwait y Corea del Sur, se lanzaron a comprar tierras en el extranjero en las que producir comida o a las que dar un uso comercial.

Parece que estos inversores han ido encontrando los bocados más apetitosos en el África subsahariana. Una zona que precisamente cuenta con enormes extensiones de tierra cultivable que no están siendo desarrolladas. Así, dejar su gestión a firmas extranjeras podría parecer, en principio, una solución positiva. Sin embargo, lo que podría ser un camino hacia la modernización tecnológica y el desarrollo del empleo local, en la práctica no beneficia a la comunidad porque los Gobiernos no están sabiendo negociar esas cesiones.

Los pocos estudios que hay sobre el tema muestran que, en la práctica, casi todos los casos de cesión de terreno a inversores extranjeros han acabado muy mal para las poblaciones locales. Es en estos casos cuando se usa la expresión acaparamiento de tierras, pero, ¿en qué consiste este fenómeno?

"El acaparamiento de tierras consiste en la sustracción de tierras rurales por parte de inversores internacionales para darles un uso comercial al mismo tiempo que niegan el acceso a esas tierras a la gente que tradicionalmente las usaba para ganarse la vida", resume Michael Ochieng Odhiambo, autor del informe Presiones comerciales sobre la tierra en África para la Coalición Internacional de las Tierras.

"Se llama acaparamiento precisamente porque no se consulta a la gente que normalmente usaba esa tierra y sus intereses no se tienen en cuenta", añade Odhiambo, que también es abogado ambientalista y director ejecutivo del Instituto para la Resolución de Conflictos por Recursos, con sede en Kenia.

Las firmas internacionales que invierten en tierras en África rechazan esta terminología y defienden que sus actuaciones contribuyen al desarrollo de zonas no productivas. La compañía británica New Forests Company, a la que Oxfam acusa de haber provocado el desalojo forzoso de 20.000 personas en Uganda, se describe en un comunicado enviado a este diario como "una compañía con una trayectoria impecable en inversiones sociales y en desarrollo, que en su corta vida no solo ha creado más de 2.000 empleos en remotas comunidades rurales en Uganda, sino que ha incrementado su acceso a la sanidad, educación, agua limpia y combustible".

De acuerdo con estos inversores, la adquisición de grandes extensiones de tierra en África no solo tendría consecuencias positivas sino que sería algo necesario para la contribución al desarrollo social y económico de estos países.

"Nadie niega que a esas tierras se les podría dar un mejor uso y nadie sugiere que invertir en tierras sea algo malo en sí mismo, la cuestión aquí es el proceso que se sigue", responde Odhiambo. "Normalmente, se ignoran los derechos de las comunidades indígenas cuyo sustento depende de esas tierras. Si el objetivo es realmente beneficiar a las poblaciones locales, entonces esta gente debería ser incluida en las conversaciones y en la toma de decisiones, para que sus intereses sean tenidos en cuenta", añade.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los que acaban trabajando en las nuevas plantaciones no son personas de las comunidades locales. Odhiambo señala que, en algunos casos, firmas chinas traen a sus propios trabajadores, que de esta forma desplazan a los agricultores locales.

Según datos del Banco Mundial, el África subsahariana es la zona del planeta que cuenta con más kilómetros cuadrados de tierra cultivable sin utilizar o sin ser suficientemente productiva. Pero los expertos ven una segunda razón para el hecho de que la mayoría de las adquisiciones de grandes extensiones de tierras se den precisamente en esa zona: Gobiernos corruptos y ausencia de leyes y regulación adecuadas.

"Ningún país africano requiere por ley el consentimiento libre, informado y por adelantado de los que viven en las tierras antes de que sean adjudicadas a un inversor. Son raros los requisitos de que se consulte a la población local y, cuando existen, su implementación tiende a estar por debajo de las expectativas", afirma en un informe sobre contratos de este tipo Lorenzo Cotula, del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo. "Se sabe muy poco sobre los términos exactos de estas transacciones de tierras en África, ya que las negociaciones suelen realizarse a puerta cerrada", añade.

El hecho de que muchos de los Gobiernos del África subsahariana no cuentan con demasiadas credenciales democráticas y de que apenas existen leyes que regulen las condiciones de trabajo, las consecuencias para el medio ambiente o la propiedad de la tierra por parte de las comunidades locales, parecen contribuir al especial interés que suscitan las tierras africanas entre empresas extranjeras y países en rápido crecimiento.

Ocurre, además, que en la mayoría de los países africanos el dueño de las tierras es el Estado, que no suele reconocer el derecho consuetudinario que podría dar la propiedad de las tierras a las comunidades que llevan viviendo en ellas y trabajándolas durante generaciones.

"Fundamentalmente, se trata de una cuestión de mal gobierno, porque los Ejecutivos de estos países en África no rinden cuentas a su gente, no consultan a las personas afectadas, hay muchos oficiales gubernamentales que buscan ganar dinero con estos contratos...", enumera Odhiambo. "Y con tal de proteger esta situación, estos Gobiernos no quieren ningún tipo de discusión sobre cómo establecer políticas e instituciones adecuadas".

Entonces, si se dieran las condiciones ideales, si las poblaciones locales fueran consultadas y tuvieran voz y voto, que los Gobiernos buscaran el interés de las comunidades que viven en las tierras en cuestión y que todo el proceso respondiera a normas democráticas, ¿podría ser la cesión de grandes extensiones de tierra una solución para desarrollar la agricultura africana y finalizar con la dependencia de ayuda exterior de muchos de estos países?

"Es que en la práctica esa hipótesis no se cumple. En casi todas las adquisiciones masivas que se han hecho para nada se han tenido en cuenta esos requisitos", responde José Antonio Osaba, asesor general del Foro Rural Mundial, en la misma línea que muestran los pocos estudios que han analizado este tipo de contratos.

"Nosotros planteamos una moratoria de 20 años sobre esas adquisiciones masivas de tierras para que en ese tiempo se pueda priorizar la agricultura familiar y nacional destinada a producir alimentos para las poblaciones africanas. Y también para que se realice un análisis muy serio y en profundidad de qué significan y qué consecuencias tienen estas adquisiciones masivas", explica Osaba, que remata: "Que África, que está con hambrunas, esté alimentando a poblaciones de otros continentes es algo insólito".

Más moderado, Odhiambo sí cree que, bien hechas y con las regulaciones adecuadas puestas en práctica, las cesiones de tierras podrían ser parte de la solución al problema del hambre en África. "En el plano internacional, se deberían establecer unos estándares que gobiernen todas estas transacciones para que se puedan realizar correctamente", apunta.

Una Extremadura para los indios en Etiopía

Etiopía da pleno sentido al término acaparamiento. Este país -que además ahora se ha visto afectado por la sequía y la crisis alimentaria en el Cuerno de África- era ya el quinto más hambriento del mundo, según el Índice Global del Hambre. Unos 13 millones de habitantes dependen de algún tipo de ayuda humanitaria para comer, y solo en 2010 el país recibió unos 2.000 millones de euros en asistencia humanitaria.

Pero estos datos no han impedido al Gobierno etíope ceder 11.900 kilómetros cuadrados de tierras a empresas privadas y haber puesto en el mercado otros 30.000. Algo que en total supone una extensión similar a la de Extremadura. La mayor parte de las tierras han ido a parar a manos extranjeras, en particular a inversores indios.

En 2010, el Gobierno reasentó a 150.000 personas para disponer de sus tierras, que en Etiopía legalmente pertenecen al Estado. A lo largo de 2011 el objetivo es realojar más de 100.000 hogares, la mayoría en el sur y suroeste del país, habitados por etnias minoritarias.

"La intención del Gobierno de arrendar estas tierras que han sido utilizadas por nuestras comunidades durante generaciones significa que la población pierde su forma de trabajar la tierra y queda condenada a depender totalmente de ayuda humanitaria", se lamenta Nyikaw Ochalla, director de la Organización para la Supervivencia Anywaa. "Se deja a las comunidades locales fuera de la toma de decisiones, y lo que ocurre es que un día esta gente ve una larga fila de tractores que está despejando las tierras. Y cuando preguntan al Gobierno regional qué está ocurriendo nadie sabe nada, porque la negociación la han llevado a cabo solo una o dos personas en su propio beneficio", describe.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente han criticado al Gobierno etíope por el desalojo de las poblaciones locales y la cesión de tierras.

El primer ministro, Meles Zenawi, se defiende siempre de estas acusaciones criticando a su vez a occidente. El año pasado, durante la presentación de un plan quinquenal de desarrollo para su país, declaró: "Estas organizaciones no quieren ver cómo África se desarrolla, quieren que sigamos subdesarrollados y atrasados para servir a los turistas occidentales como un museo".

Más de 20.000 reasentados, ¿voluntarios?

El mes pasado, la Autoridad Nacional de Bosques de Uganda dijo a 5.000 personas que deben abandonar sus hogares en el distrito de Kiboga, en el centro del país. En total, más de 20.000 personas han sido expulsadas de sus casas de esta zona y el cercano distrito de Mubende en los últimos tres años, según denunció Oxfam en un informe. "Hoy, las personas expulsadas están desesperadas, ya que han caído en la pobreza y no poseen tierras", señala el estudio.

La razón para el desalojo es que el Gobierno ha cedido más de 20.000 hectáreas a la empresa británica New Forests Company (NFC). Esta se dedica a plantar eucaliptos y pinos para comercializar su madera y para generar bonos de carbono que vender a empresas contaminantes. Los expulsados fueron considerados ocupantes ilegales.

Pero muchas de las familias señalan que llevaban 40 años o más en la zona y que habían recibido títulos de propiedad de las autoridades. Además, acusan al personal de NFC y al Gobierno de usar la violencia y de quemar casas y cultivos.

Representantes de unas 9.000 personas denunciaron los desalojos de Kiboga y Mubende ante los tribunales. Los casos siguen abiertos. El Tribunal Supremo emitió órdenes en 2009 para que se detuvieran las expulsiones, pero las familias denuncian que los desahucios continuaron hasta el año pasado.

"Legales y pacíficos"

Por su parte, NFC ha negado en todo momento haber participado en las expulsiones. En un comunicado enviado a este diario señaló: "Nuestro entendimiento sobre estos reasentamientos es que fueron legales, voluntarios y pacíficos y nuestras observaciones en el terreno lo confirmaron". El Gobierno ugandés también ha mantenido en todo momento que los habitantes de las tierras cedidas a NFC eran ocupantes ilegales que fueron desalojados pacíficamente.

Pero los expertos dan más credibilidad a la comunidad local. "En general, en Uganda el método de distribución de tierras no es transparente y el Gobierno no rinde cuentas", explica Onesmus Mugyeni, analista de Políticas Públicas de la Coalición de Abogados para el Desarrollo y el Medio Ambiente de Uganda. "En la mayoría de los casos, la gente tiene permiso para llevar a cabo actividades en la zona, y de repente les dicen que esas tierras se han dado a algún inversor y nadie les ha informado ni consultado. Al día siguiente tienen allí a la policía y al ejército".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 7 de octubre de 2011

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