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Las televisiones autonómicas pierden audiencia y ganan déficit

La publicidad se desploma mientras el PP inicia los procesos de privatización

Los nuevos Gobiernos regionales del PP han puesto a las televisiones autonómicas en el punto de mira. En conjunto, los 13 entes públicos consumen más de 800 millones de euros al año en subvenciones y la demanda de fondos no cesa de crecer. Desde el punto de vista económico son un mal negocio y en tiempos de crisis, un eslabón débil. Unas autonomías los consideran un lastre para sus arcas y ya han anunciado su intención de privatizarlas. Otras, defienden su papel como instrumento de cohesión cultural y territorial. Y hay también algunas que, sencillamente, han rechazado su creación para destinar esos recursos a financiar otros servicios.

Las televisiones públicas (contabilizando RTVE) absorbieron el ejercicio pasado 2.288 millones de euros en subvenciones, el doble que cuatro años antes, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Pero con la crisis global y el desplome del mercado publicitario muchos presupuestos se van a descuadrar y es posible que algunas cadenas se vean obligadas a incrementar su deuda o a pedir un rescate a sus respectivos Parlamentos.

La emisora de Mallorca comienza los trámites para dejar de ser pública

Aragón defiende la externalización de servicios para ganar en eficiencia

Menos ingresos auguran más déficit. Las señales de alarma son evidentes. Durante el primer trimestre del año la facturación publicitaria cayó el 19,6% en los canales regionales, una situación que ha empeorado. Entre enero y junio, el descenso se ha disparado hasta el 21,9%, según datos de la consultora InfoAdex. Este retroceso obedece en parte al declive de la audiencia de Telemadrid y Canal 9, que se han situado en mínimos históricos (la valenciana se anotó una cuota de pantalla del 5,4% en junio pasado).

En el polo opuesto está la catalana TV3, líder autonómica con el 13,8%. Y en la media de los 13 entes públicos aparece Aragón TV, que con un 9,7% fue ese mismo mes la cuarta cadena más seguida. "Hacemos una televisión de proximidad, con contenidos en los que se ven reflejados los ciudadanos, con una línea informativa objetiva y neutral, con la que toda la sociedad puede sentirse cómoda", afirma Ramón Tejedor, director general de la corporación aragonesa.

Otras emisoras han vivido en un eterno enfrentamiento con la oposición y con sus propios trabajadores. Telemadrid y Canal 9 son, de nuevo, los casos más llamativos. En el primero, sus empleados llegaron a denunciar ante la UE la "manipulación informativa" y el "sectarismo político". Hace pocos días, al finalizar el mandato al frente de Telemadrid, Isabel Linares destacaba los logros de sus cuatro años de mandato: austeridad, gestión económica y modernización tecnológica. La cadena aprovechaba para remarcar que es la autonómica que menos cuesta a los ciudadanos: 16,5 euros al año.

La gestión de los entes no es un ejemplo de eficiencia. La Sindicatura de Cuentas ha alertado de la grave situación financiera de la Radiotelevisón Valenciana, que acumula una deuda de 1.139 millones de euros. "A río revuelto, ganancia de pescadores", apunta Víctor Marí, profesor de la facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. La crisis económica, la llegada del PP a los Gobiernos autonómicos y la mala gestión de algunas televisiones conducen, en su opinión, "al auge del discurso privatizador, neoliberal y de reducción del espacio público".

A esta ola privatizadora se han subido María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, y Francisco Álvarez Casos, jefe del Ejecutivo del Principado de Asturias. Se unen a una clásica en esta materia: la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Pero para que puedan poner en marcha los procesos de enajenación es necesario cambiar la legislación. Los socialistas salvaguardaron el carácter público de los entes autonómicos en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada hace un año.

"La privatización es una decisión política, no económica", sostiene Francisco Sierra, de la Universidad de Sevilla, según el cual la supresión de los entes públicos tendría un efecto negativo sobre los derechos de los ciudadanos y la industria audiovisual. Sierra avisa de que "el apoyo a los nuevos creadores, al cine regional, a las minorías y a colectivos sociales no sería atendida mínimamente por los operadores privados".

Una vía a la que las televisiones regionales han recurrido para reducir costes es la externalización parcial de la actividad audiovisual. "Es una fórmula que permite tener estructuras de gestión más flexibles", apunta el director general de la televisión aragonesa, empresa que ha cedido a productoras ajenas los informativos, 2.000 horas de contenidos anuales y la explotación técnica y comercial. "En lugar de 800 trabajadores, tenemos 130", dice Tejedor. Canarias y Baleares han optado por un modelo similar, mientras que Castilla y León ha adjudicado la explotación total de un canal regional a la iniciativa privada a cambio de una subvención. Lo único que la televisión tiene de público es la frecuencia.

El analista de los medios audiovisuales Lluís Borrell considera que antes de abordar el sistema de financiación lo principal es definir los contenidos. "No es posible discutir el modelo económico y financiero sin antes haber discutido y acordado el modelo político y de contenidos". Borrell recuerda que en España hay televisiones autonómicas que son comparables a cadenas estatales de pequeños países europeos y enfatiza la solución "asimétrica" puesta en marcha en Alemania, donde algunos Estados federales han unido sus canales para "llevar a cabo sus objetivos de manera más eficiente".

Esta receta llega tarde para la televisión de Mallorca. El PP ha iniciado los trámites para su clausura. Esgrime cuatro razones: su alto coste económico (9,5 millones al año, la duplicidad de servicios con la autonómica IB3, la necesidad de afrontar actuaciones más urgentes y la escasa repercusión social. En defensa de la televisión pública se manifiesta el consejero de la CMT Ángel García Castillejo. "Su papel", dice, "no puede ser realizado por los medios privados, ya que, desde una perspectiva democrática deben garantizar la representatividad y acceso del conjunto de las distintas sensibilidades". Aunque a la hora de la verdad muchas no son más que un altavoz del Gobierno de turno.

Nombramientos a toque de dedazo

Los recientes nombramientos de los directores generales de Telemadrid y de la televisión de Castilla-La Mancha tienen un denominador común: son fruto del dedazo del PP. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha designado, con el voto en contra del PSOE y de IU, a José Antonio Sánchez, que estuvo al frente de RTVE en los dos últimos años de Gobierno de José María Aznar (de 2002 a 2004). Los socialistas han dado también la espalda a Nacho Villa, el periodista de la Cope designado por el Ejecutivo de Dolores de Cospedal para dirigir el ente público castellanomanchego. La oposición considera que sus perfiles no son los más idóneos para desempeñar los cargos para los que han sido propuestos.

El dedazo no es ilegal. La ley que rige los terceros canales otorga a los Gobiernos regionales la potestad de designar al director general de la televisión de turno. Sin consensos ni pactos. Contar con una mayoría en el Consejo de Administración es más que suficiente para que el elegido no encuentre trabas en el día a día de su gestión. Este sistema de designación se vuelve, sin embargo, perverso. Los gestores nombrados por un único partido tienden a poner la televisión a su servicio. Y así es como se convierten en voceros del Gobierno de turno y en máquinas perfectamente engrasadas de sectarismo ideológico, manipulación informativa y falta de pluralidad.

Otras autonomías han reformado la ley para sustituir el dedazo por instrumentos más democráticos. En Cataluña, Andalucía y País Vasco, por ejemplo, se requiere una mayoría parlamentaria para elegir al responsable de sus respectivas televisiones. Así es también el mecanismo de nombramiento del presidente de RTVE. La persona propuesta para pilotar la corporación debe estar avalada, al menos, por dos tercios de los votos del Congreso de los Diputados. Eso obliga, necesariamente, a un pacto entre socialistas y populares. Aunque ahora, tras la dimisión de Alberto Oliart, ese acuerdo es solo un espejismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de julio de 2011

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