Gobierno abierto, sociedad libre

César Calderón y Sebastián Lorenzo en Open Government (Algón Editores, 2010) definen gobierno abierto como "una evolución de nuestro sistema democrático de convivencia y valores basada en el establecimiento de mecanismos para la transparencia de los Gobiernos así como de espacios permanentes de colaboración y participación de los ciudadanos". Definición que encierra un deseo de cambio y una esperanza en que la tecnología nos ayude a mejorar la política para acercarla a la ciudadanía -su legítima propietaria- facilitando el acceso a los datos e información pública que manejan los Gobiernos.

Y si buscamos referentes de gobierno abierto, el nombre de Barack Obama suele ser el primero en citarse por el uso realizado de la tecnología en su etapa de candidato y tras su llegada a la Casa Blanca. Sin embargo, y sin restarle mérito alguno, esta cuestión tiene un origen anterior en Europa -Directiva 2003/98/CE de 2003- y en España -Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información del sector público-, si bien es cierto que la llegada de Obama la ha colocado en un lugar destacado de muchas agendas.

¿Y por qué hacer pública la información que manejan las Administraciones? Creo que se podrían dar muchas razones, pero voy a centrarme en dos que me parecen muy relevantes: porque sirve para fortalecer nuestra democracia y facilitar que sea más participativa, y porque contribuye a generar conocimiento y tecnología que ayudan a crear riqueza y empleo en nuestras ciudades.

Respecto a la primera razón, la información pública es un material de todos, que los Gobiernos custodian pero que deben facilitar a la ciudadanía. No podemos tener una sociedad responsable y comprometida si carece de la información necesaria para juzgar y decidir; como no podemos pedir colaboración e implicación a quienes están privados del acceso a los datos. Tener una democracia más vital y sana requiere de más transparencia, apertura y capacidad de escucha, y esta es una primera razón que por sí misma sería suficiente para justificar la inversión de dinero público.

En lo que atañe a los efectos económicos, la Administración tiene la capacidad de apoyar la innovación mediante las compras públicas: si impulsamos procesos modernizadores como este, tenemos la oportunidad de promover soluciones que puedan luego comercializarse en otros mercados. Un buen ejemplo de esto es la Fundación CTIC, que desde Gijón acaba de convertirse en socio de referencia de la ONU para promover la apertura de datos públicos de diferentes Gobiernos del mundo al tiempo que lidera el grupo de e-Government de W3C -consorcio mundial con sede en el MIT que crea los estándares de Internet-.

España tiene en esta materia actores de primer nivel que desarrollan tecnología aquí para venderla en el mundo y los Gobiernos tenemos que aprovechar esta oportunidad para transformar el sector público y hacerlo más accesible y participativo. Y no puedo olvidar que construir una sociedad más libre y democrática exige igualdad de oportunidades en el acceso a estas herramientas y en el conocimiento de su manejo para que sea útil para todos y no solo para una élite.

José María Pérez es teniente de alcalde de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Gijón.