Mentiras, espías… y muy pocas ideas

España se llenó de excesos verbales en 2009, un año de más crisis, con tres secuestros de españoles a manos de terroristas extranjeros, un debate caliente sobre el futuro de Cataluña, cambio tranquilo e histórico en el País Vasco y mucha corrupción. Algunos pusieron en tela de juicio el funcionamiento del Estado de derecho sin calcular el daño que hacían a la democracia; otros denunciaron estas prácticas con palabras mayores. Ha sido un año para tirar a la basura, por el avance de la mentira como instrumento principal de la acción política.

El primer partido de la oposición se lanzó a una espiral de denuncias falsas sobre espionaje del Estado a cargos del PP y sobre supuestas prevaricaciones de jueces. Lo hizo para intentar ocultar la gravísima corrupción que le alcanzó de lleno. Decenas de miles de folios repletos de documentación fidedigna, cientos de declaraciones y numerosas escuchas telefónicas con aval judicial acreditan la financiación ilegal del PP (al menos, pero no sólo, en Valencia), el cohecho cometido por dirigentes de este partido en toda España y el saqueo de arcas públicas, muy mal vigiladas por gestores del PP que beneficiaron a sus amigos durante diez años.

Enfangado en el lodazal de corruptelas, Mariano Rajoy intenta mirar para otro lado

La Administración de Justiciano se recuperó de la crisis, ni en el horizonte se ven 'brotes verdes'

El caso Gürtel, que así se llama esta trama delictiva ligada al partido de Mariano Rajoy, todavía está caliente en los tribunales y ya se ha llevado por delante al tesorero nacional del partido, a cuatro alcaldes, a un consejero autonómico, a dos diputados regionales, a un parlamentario nacional, a varios cargos relevantes -entre ellos, el secretario general del PP valenciano- y a una decena de empresarios sin escrúpulos (constructores y promotores inmobiliarios). Decenas de millones de euros del erario público, sacados de los impuestos de los ciudadanos, sirvieron para que los corruptos amasaran una fortuna dispersa entre casas de primera, coches y barcos de lujo, relojes con los que se pagaría el sueldo anual de un trabajador medio, trajes y bolsos de a 1.000 euros la pieza…

Hay un centenar de imputados, y algunas de las principales instituciones que gobierna el PP en España (la Comunidad de Madrid, la Generalitat Valenciana, la Xunta de Galicia, la Junta de Castilla y León, los ayuntamientos de Arganda del Rey, Pozuelo, Majadahonda y Boadilla del Monte o la televisión autonómica valenciana) se han visto golpeadas por estas prácticas ilegales.

El autor principal de este golpe mortal a la credibilidad de un partido que ha gobernado y que aspira a volver a hacerlo se llama Francisco Correa, quien comenzó a hacer  fortuna en el mundo de los negocios de la mano del PP durante el mandato de Aznar. Sus manejos ilegales, primero organizando actos de gobiernos del PP que le adjudicaban a dedo los contratos; luego intermediando en pelotazos inmobiliarios con el favor de alcaldes del PP, y más tarde utilizando a empresas pantalla para hacerse con negocios que pagaba la Administración, entre ellos uno relacionado con la visita del Papa a Valencia, se acabaron el día en que José Luis Peñas, uno de los colaboradores de Correa, ex concejal del PP en Majadahonda, decidió denunciar los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción.

Enfangado en este lodazal de corruptelas, Rajoy intenta mirar para otro lado esperando que el tiempo acabe curando la tremenda herida. Francisco Camps está pendiente de una decisión del Supremo que le podría llevar al banquillo de los acusados por corrupciones múltiples, desde la aceptación de trajes caros que le compraba su amigo Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe valenciano de la red corrupta, hasta la financiación ilegal de su propio partido. El tesorero nacional, Luis Bárcenas, envuelto en graves sospechas de enriquecimiento personal a cuenta de esta red delictiva, también espera que el Supremo decida su futuro. Pese a todo, el PP sigue siendo alternativa de Gobierno y aparece como el partido con más expectativas de voto en todas las encuestas.

Una de espías sonrojante. El Gobierno de la Comunidad de Madrid escribió una de las páginas más sucias de la historia de la democracia. Con dinero público, contrató a dedo como agentes autonómicos de seguridad a tres guardias civiles que, en mayo de 2008, de la mañana a la noche y de lunes a viernes (salvo festivos), se dedicaron a espiar a un miembro del propio Ejecutivo madrileño, el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, en su casa, en el despacho y en los restaurantes, hoteles y sedes institucionales a las que acudía. Así lo asegura la policía tras analizar el informe de Telefónica sobre las llamadas que hicieron los guardias civiles en sus jornadas de trabajo.

El encargado de contratar a dedo a los tres guardias civiles se llama Francisco Granados, es ahora consejero de Justicia y secretario general del PP de Madrid y negó durante meses que hubieran existido seguimientos a Prada. Luego, sorprendido por la investigación policial que acreditó los hechos denunciados por EL PAÍS, aseguró que nunca se lo contaron sus tres contratados a dedo, aunque intentó escurrir el bulto camuflando lo ocurrido bajo la supuesta tarea de contravigilancia a cargos públicos que tenían encomendada los guardias civiles. Mintió sin sonrojo incluso en la Asamblea de Madrid, donde se constituyó una de las comisiones de investigación más inútiles del parlamentarismo español por el rodillo que impuso el PP para evitar comparecencias que pudieran aclarar lo sucedido.

 Aguirre y sus colaboradores injuriaron a EL PAÍS, el medio de comunicación que destapó el escándalo, al que llegaron a acusar de fabricar en su Redacción los partes que acreditaban el espionaje. La presidenta forzó a todos los consejeros de su Gobierno para presentar una querella contra el medio de comunicación que destapó sus malas prácticas, mientras que el supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón -un policía fichado por indicación de Aguirre-, sigue en un cargo sin función conocida por el que cobra 90.000 euros al año. Eso sí, Gamón declaró a la juez que él no tenía nada que ver con los guardias civiles, que los había fichado Granados y que nunca les ordenó seguir a Prada. Los guardias civiles aseguraron que quien les daba órdenes era Gamón.

Aguirre ninguneó a los políticos del PP que fueron objeto del espionaje, entre ellos los dos denunciantes de los hechos, Alfredo Prada, que fue expulsado del Gobierno regional tras declarar su fidelidad por Rajoy y sólo semanas después del espionaje, y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, que osó enfrentarse a Aguirre por la presidencia del partido en Madrid.

Cobo estalló en noviembre. Tras varias escaramuzas con el Gobierno de Aguirre, casi todas saldadas con derrota, el vicealcalde decidió hablar. Su confesión arrancaba así: "Cuando la hipocresía comienza a ser de muy baja calidad, es hora de comenzar a decir la verdad". Y contó, primero en una larga entrevista con EL PAÍS y después ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, todos los manejos oscuros de la presidenta y su Gobierno. Aguirre pidió la cabeza de Cobo, pero ningún dirigente nacional la defendió expresamente y el partido optó por una discreta suspensión de militancia de Cobo.

Los vaivenes de Zapatero. El Gobierno gestionó el año de crisis con unos principios tan flexibles que permitían cambios de criterio de la noche a la mañana, creando incertidumbre en sus propias filas, donde el debate brilló por su ausencia. El número dos del PSOE, José Blanco, propuso una solución en pleno agosto que había consultado previamente con el presidente. Para obtener recursos con los que hacer frente a los gastos de la crisis, Blanco defendía subir el IRPF a las rentas superiores a 50.000 euros al año. La idea alborotó el debate político y el Gobierno se echó atrás muy pronto. Al final optó por una subida del IVA para todos, ricos y pobres, rentas altas, medias y bajas. La polémica llegó en pleno fiasco de una medida aceptada por Zapatero para satisfacer a los sindicatos, que pedían una ayuda especial para los parados que se habían quedado sin cobertura de desempleo. Los plazos de aplicación de esa medida suponían, de hecho, que sólo cobrarían los 420 euros mensuales de ayuda especial quienes se habían quedado sin prestación en el último mes, con lo que se dejaba sin protección a los que llevaban varios meses sin cobrar un solo euro. El Gobierno tuvo que rectificar.

También lo hizo con una disposición incorporada a la Ley de Economía Sostenible que planteaba el bloqueo administrativo y sin autorización judicial de páginas web que, sin contar con los derechos para ello, permitían descargar música o cine sin pagar. La medida, pensada durante meses, se conoció un martes, y Zapatero la desactivó un miércoles tras comprobar el incendio desencadenado en la Red por el cabreo de los internautas.

Al Gobierno le estalló una minicrisis a cuenta de las cacerías del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, al que el PP atribuyó sin pruebas una conspiración en compañía del juez Garzón para impulsar la investigación de la trama corrupta de la que formaban parte dirigentes populares. El caso es que en esa actividad lúdica de fin de semana el ministro olvidó que carecía de licencia para matar animales en Andalucía. Terminó dimitiendo.

La justicia sigue en recesión. La Administración de justicia no se recuperó de la crisis, ni en el horizonte se vislumbran brotes verdes. El Tribunal Constitucional nunca vivió una etapa tan convulsa, zarandeado sin misericordia por los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, que han jugado con la institución para conseguir a fuerza de recusaciones alguna ventaja judicial en el asunto más controvertido de cuantos se vislumbran en el horizonte político de España: el Estatuto de Cataluña. Aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados, y ratificado en referéndum por los ciudadanos de esa comunidad, el texto lleva tres años a remojo en el Tribunal Constitucional, sin que los diez magistrados encargados de dictar sentencia se pongan de acuerdo. Hace dos años que PP y PSOE deberían haber renovado cuatro puestos de ese tribunal, pero a los dos grandes partidos no les importa suspender la asignatura democrática del consenso para el idóneo funcionamiento de las instituciones.

En el Consejo General del Poder Judicial, la elección que hizo Zapatero para decidir quién iba a presidir esa institución causó sorpresa y estupefacción. Decidió que fuera Carlos Dívar, un católico confeso y practicante, más conservador que progresista. El Consejo General del Poder Judicial se enfrentó al dictamen sobre la nueva Ley del Aborto y fue incapaz de aprobar nada. Como para los nombramientos clave en la Administración de Justicia hace falta un consenso de tres quintos, algunas plazas estratégicas, como las presidencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de Cataluña o de Valencia, siguen bloqueadas pendientes de renovación.

Baltasar Garzón, el juez que más ha trabajado contra ETA en la historia de España, que más ha hecho a favor de la justicia universal para evitar la impunidad de dictadores criminales, que llevó al banquillo de los acusados a los políticos españoles responsables de los crímenes de Estado de los GAL pese a que compartió con ellos un Gobierno socialista, y que en los últimos meses ha desarticulado dos de las más poderosas redes de corrupción política de los últimos años, está a un paso de sentarse en el banquillo denunciado por un sindicato de ultraderecha que no representa a nadie, salvo a causas que, mayoritariamente, están relacionadas con los intereses políticos del PP. Acusan a Garzón de prevaricación por haber intentado instruir una causa contra los crímenes del franquismo. Así está la justicia.

la causa de haidar. La activista saharaui Aminetu Haidar, torturada hace años en las cárceles por el régimen marroquí, consiguió hacer muy visible la bandera de su causa a base de agua y azúcar, recluida por voluntad propia en un cuartucho del aeropuerto de Lanzarote, adonde llegó tras un episodio vergonzante para la defensa de los derechos humanos en el mundo. Marruecos la detuvo porque se atrevió a escribir en un formulario que su lugar de residencia era el Sáhara Occidental, le retiró el pasaporte y la devolvió a España, desde donde viajó tras hacer escala un vuelo con origen en EE UU.

El Gobierno español no hizo nada para evitar esa deportación fraudulenta de Haidar por parte de Marruecos y luego se afanó en ofrecerle todo tipo de documentación para facilitar su estancia en España. Pero ya era tarde. Su larga huelga de hambre dejó en una situación muy apurada a la diplomacia española y a Zapatero, poco amigo de buscarse enemigos en el exterior.

De secuestros y piratas. Los piratas del mar con residencia en Somalia acosaron a los atuneros españoles que pescan en el Índico y obtuvieron un botín multimillonario de sus secuestros de los barcos Playa de Bakio y Alakrana. En el camino para resolver estos incidentes mayores, el Gobierno se dejó alguna tira de credibilidad. Especialmente por su atropellada gestión de la crisis en el caso del atunero vasco Alakrana, el que más tiempo duró y el que más dinero costó.

La oposición hizo oposición con este asunto, y los jueces llegaron a emitir una nota pública rechazando cualquier responsabilidad en la detención y entrega a España de dos de los piratas. Mientras, dentro del Gobierno había responsables de buscar soluciones al secuestro que tiraban andanadas a otros compañeros inmersos en la misma tarea. Estas emboscadas trascendieron a la opinión pública. Con la contratación de seguridad privada a bordo de los atuneros, el Gobierno intentó poner remedio a las amenazas piratas.

Y cuando se resolvió el último secuestro de un barco español, con toda la tripulación sana y salva, llegó Al Qaeda y se llevó a tres miembros de una caravana de cooperantes en Mauritania. En este año de excesos verbales, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, llegó a vincular este secuestro con la debilidad de la política internacional del Gobierno de Zapatero.

El cambio tranquilo de Patxi López. Euskadi vivió un cambio histórico. En las últimas elecciones autonómicas, la izquierda radical independentista. que respalda la acción asesina de ETA, no pudo presentar sus candidaturas por decisión del Tribunal Supremo ratificada por el Constitucional en aplicación de la Ley de Partidos Políticos. Ése fue uno de los factores que permitieron, por primera vez en esta etapa democrática, una mayoría no nacionalista dentro del Parlamento vasco. Ese hecho facilitó, gracias al pacto de PSOE y PP, elegir lehendakari al socialista Patxi López. Desde que eso ocurrió, el cambio tranquilo se ha instalado en Euskadi y el Gobierno vasco ha dejado de constituir el principal elemento de tensión en el panorama político del país.

ETA siguió matando, pero menos, debido a la eficacia policial, que desbarató los planes criminales de la banda terrorista con el hallazgo de más de una decena de zulos cargados de explosivos y con la detención de parte de la nueva cúpula de la organización terrorista.

Galicia también celebró elecciones autonómicas y puso fin a un efímero Gobierno de coalición entre socialistas y nacionalistas. Por escaso margen, el PP de Alberto Núñez Feijóo recuperó la mayoría absoluta y el poder en Galicia, lo que supuso el primer balón de oxígeno que recibía Rajoy en mucho tiempo. Después llegaron las elecciones europeas con un nuevo triunfo del PP.

Cataluña, independencia y Constitución. La tensión política se disolvió en Euskadi como humo en el aire gracias a un nuevo Gobierno no nacionalista. Y se disparó en Cataluña ante las fundadas sospechas de que el Tribunal Constitucional no avalará el texto completo del Estatuto y corregirá o anulará algunos de sus artículos. Esta comunidad autónoma, que se siente una nación, termina el año revuelta por cientos de consultas populares que dan pábulo a la reivindicación de su independencia, y agitada por mensajes desafiantes del 90% de su clase política, que avisa de consecuencias terribles si alguien se atreve a tocar una sola coma de su Estatuto. P

Joan Laporta, presidente del Barça. Sobre Cataluña y España: "El trato que el Estado da a Cataluña es una humillación para los catalanes. Cataluña se está muriendo. La están matando y tenemos que reaccionar" (13 de diciembre).

Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid. Sobre Esperanza Aguirre: "Lo que está haciendo la gente de Aguirre con Rodrigo Rato es de vómito, le han puesto en un escaparate de cloacas y ambiciones (…). A mí intentaron encontrarme algo que me hiciera dependiente de ellos, espiándome a través de esa gestapillo que montaron (…). Algunos pretenden que esto empiece a ser no el silencio de los corderos, sino el silencio de las gallinas, que callan en público y no dejan de cacarear en privado" (25 de noviembre).

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP. Sobre la persecución a su partido: "Es la primera vez en la historia que un Gobierno utiliza la Fiscalía General del Estado no para darle instrucciones para perseguir como tendría que hacer, e hizo en otras ocasiones, a la organización terrorista ETA, sino para perseguir a la oposición, a un partido político por el solo hecho de ser el Partido Popular" (4 de agosto).

María Dolores de Cospedal. Sobre el secuestro por Al Qaeda de tres cooperantes catalanes: "Sí pienso que en política exterior estamos dando hace tiempo un espectáculo lamentable. Y que la falta de una posición coherente, fuerte y firme de España en muchos temas induce a pensar a organizaciones terroristas que podemos ser presa fácil, por decirlo de alguna manera" (9 de diciembre).

José Blanco, ministro de Fomento. Sobre la subida de impuestos: "Si es necesario elevar determinados tipos impositivos para garantizar políticas sociales o inversiones públicas, habrá que hacerlo. Soy partidario de ayudar a los que más lo necesitan, y si para ello los que tienen más recursos tienen que apretarse el cinturón, habrá que decirlo con claridad" (3 de agosto).