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La ley antiinmigración castiga a Italia

El Gobierno italiano deberá regularizar a 300.000 'sin papeles' que cuidan de ancianos y enfermos - Entra en vigor la criminalización de los clandestinos

Si hay una fecha que recuerda que Italia ha sido un país de emigración es la de ayer. El 8 de agosto de 1956 morían en una mina del pueblo belga de Marcinelle 262 trabajadores, entre ellos 136 italianos. Y ayer, mientras el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, rememoraba en Bélgica la mayor tragedia de la emigración italiana tras la II Guerra Mundial, en Italia entraba en vigor el delito de inmigración clandestina.

De nada han servido los reproches de la Iglesia, el rechazo de sindicatos y oposición, las preocupaciones del presidente italiano, el ex comunista Giorgio Napolitano, y las dudas de muchos juristas sobre su constitucionalidad: para los 650.000 inmigrantes indocumentados, que se estima residen en Italia, su presencia en el país a partir de ahora basta para convertirlos en criminales. Ayer mismo se producían las primeras detenciones en varias ciudades.

"Los cuidadores 'sin papeles' tapan los huecos del sistema de protección social"

La medida, contenida en el paquete de seguridad impulsado por el ministro del Interior, Roberto Maroni -miembro destacado de la Liga Norte, el partido que ha hecho de la lucha contra la inmigración el pilar de su proyecto político-, cumple la promesa que el Gobierno de Silvio Berlusconi realizó hace un año en su primer Consejo de Ministros.

Pero se trata de un cumplimiento sólo a medias. El Ejecutivo acaba de aprobar un decreto que, según cálculos oficiales, permitirá la regularización de al menos 300.000 sin papeles. Y lo ha hecho a petición de miembros de la coalición en el poder que, en vísperas de la entrada en vigor de la ley antiinmigración, han puesto encima de la mesa el problema que supondría la criminalización de decenas de miles de badanti: personas que cuidan de mayores y enfermos y atienden a miles de familias italianas en sus hogares.

"¿Qué les decimos a las familias?", se preguntó el viceministro de origen democristiano Carlo Giovanardi, quien propuso por primera vez esta regularización. Giovanardi suscitó recelos entre sus correligionarios del Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, y la ira de sus socios de la Liga Norte. Pero al final, la regularización masiva de cuidadores y personal doméstico ha sido aprobada por decreto esta misma semana. A partir del 1 de septiembre, estos trabajadores podrán ver legalizada su situación laboral tras el pago de una tasa, como cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social, que espera ingresar unos 1.300 millones de euros.

Se repite ahora en Italia lo ocurrido en 2002, cuando antes de que entrara en vigor una restrictiva Ley de Extranjería, el Gobierno de Berlusconi regularizó a 650.000 sin papeles. "Fue la mayor regularización aprobada en Italia", recuerda Tito Boeri, economista y profesor de la Universidad Bocconi de Milán, quien subraya que el Ejecutivo ha tenido que responder de nuevo con una medida de emergencia. Porque el colectivo de badanti "representa para muchas familias el único recurso para tapar los huecos del sistema de protección social".

Pero aun con esta regularización selectiva, los problemas no parecen haberse resuelto. Porque la criminalización de los inmigrantes indocumentados también afecta a otros sectores productivos, como la construcción o la agricultura. Así lo aseguraban muchos representantes de los partidos integrados en el Gobierno, encabezados por el ministro para el Desarrollo, Claudio Scajola, quien, en el Corriere della Sera, se ha mostrado a favor de "solucionar las situaciones más delicadas, que no tienen nada que ver con la criminalidad". Sus palabras han levantado una polvareda política en Italia. La Liga Norte ha replicado "que no hay ninguna posibilidad de [aprobar] otras regularizaciones". Mientras, dirigentes del partido de Berlusconi han insistido en que se trata de una necesidad vital para las empresas. Ayer fue Fini, desde Bélgica, quien recordó a sus aliados políticos "que hay que respetar a los trabajadores aunque no tengan papeles".

"El debate abierto y la decisión de regularizar a las cuidadoras es la demostración de que las políticas del Gobierno sobre la inmigración han fallado y están destinadas a fallar", argumenta el profesor Boeri, "ya que las empresas del noroeste de Italia [el feudo político de la Liga Norte] necesitan mano de obra que las leyes sobre la inmigración hacen inaccesible".

El cupo de entrada de inmigrantes extracomunitarios ofreció 170.000 puestos de trabajo en 2007. Se recibieron casi 700.000 solicitudes. "Según la ley, son los empresarios quienes tienen que presentar una demanda [de permiso de trabajo] para inmigrantes que supuestamente están en el extranjero. Pero la realidad es que ya se encuentran aquí", explica el jurista de la Universidad de Palermo Fulvio Vassallo Paleologo. Para este especialista de legislación de extranjería, el Gobierno "criminaliza a los inmigrantes" con las nuevas normas y abre además "una situación imposible de sostener por los atascados tribunales italianos".

Pero es también una medida para obviar las limitaciones a las expulsiones previstas en la normativa de la Unión Europea. "La llamada directiva de la vergüenza, la directiva de retorno aprobada en diciembre de 2008, con todos sus defectos prevé garantías para los inmigrantes frente a la expulsión. Salvo que se haya cometido un delito", dice Vassallo. Pero en Italia ya es delito vivir sin papeles.

Patrullas de vigilancia en las calles

El delito de inmigración clandestina no es la única norma cuestionada del paquete de seguridad. La otra es la que instituye las patrullas ciudadanas. A partir de ayer, los alcaldes, de acuerdo con los prefectos (equivalente a los delegados del Gobierno en España), podrán contar con la colaboración de grupos de voluntarios para vigilar la seguridad las calles de sus ciudades.

El reglamento que define las rondas fue firmado ayer por el ministro del Interior, Roberto Maroni, quien defendió la iniciativa frente a la resistencia de muchos ediles, sobre todo del centro y sur de Italia. "Hay muchos equívocos. Hemos percibido un fenómeno difuso y por esto lo hemos decidido regular", dijo Maroni.

El ministro se refería a experiencias como la de Verona, donde las patrullas ciudadanas están en vigor desde noviembre. El alcalde es de la Liga Norte, el partido de Maroni y el de muchos regidores que, sobre todo en el norte de Italia, se han declarado a favor de las patrullas. El alcalde de Roma, Gianni Alemanno, en cambio, reiteró ayer su perplejidad, apostando por una versión más "social" de los vigilantes de la calle. Quienes han rechazado por completo la iniciativa son las asociaciones policiales, que la han definido de "genérica y ambigua".

Las asociaciones de voluntarios de las rondas no podrán pertenecer a ningún partido político y las patrullas no podrán estar formadas por más de tres personas, que deberán ir sin armas. La edad mínima para integrarlas es de 18 años, aunque al menos uno los vigilantes tendrá que ser mayor de 25. Los voluntarios no podrán tener antecedentes penales y deberán presentar un certificado de aptitud psicológica emitido por un médico de la Seguridad Social.

Paquete de seguridad

El delito de inmigración clandestina está incluido en un conjunto de normas llamado paquete seguridad, que modifica la legislación de extranjería y orden público.

Inmigración

- Multa de entre 5.000 y 10.000 euros para los sin papeles, que deberán afrontar un proceso y podrán ser expulsados

de forma directa.

- Se amplía de dos a seis meses el tiempo de retención de los inmigrantes en los centros de identificación y expulsión.

- Se fija la obligación de estar en posesión de documentos en regla para poder acceder a las oficinas públicas.

- Los ciudadanos italianos que alquilen una casa a inmigrantes indocumentados serán castigados con una pena de cárcel de entre seis meses y tres años.

- Se endurecen los requisitos para obtener la nacionalidad italiana a través del matrimonio.

Vigilancia en las calles

- Se instituyen las patrullas ciudadanas. Los alcaldes podrán contar con las rondas de voluntarios en apoyo a la vigilancia de policías y militares en las calles. Las asociaciones no podrán ser financiadas por grupos o partidos políticos. Los vigilantes no podrán llevar armas ni formar grupos de más de tres personas.

- Se crea un registro oficial para censar a indigentes sin hogar y mendigos.

Lucha contra la criminalidad

- Se endurece el régimen especial de cárcel para los condenados por delitos de asociación criminal y mafiosos.

- Los empresarios que quieran suscribir contratos públicos tendrán la obligación de denunciar si sufren extorsiones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de agosto de 2009

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