La ley antiinmigración castiga a Italia

Si hay una fecha que recuerda que Italia ha sido un país de emigración es la de ayer. El 8 de agosto de 1956 morían en una mina del pueblo belga de Marcinelle 262 trabajadores, entre ellos 136 italianos. Y ayer, mientras el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini, rememoraba en Bélgica la mayor tragedia de la emigración italiana tras la II Guerra Mundial, en Italia entraba en vigor el delito de inmigración clandestina.

De nada han servido los reproches de la Iglesia, el rechazo de sindicatos y oposición, las preocupaciones del presidente italiano, el ex comunista Giorgio Napolitano, y las dudas de muchos juristas sobre su constitucionalidad: para los 650.000 inmigrantes indocumentados, que se estima residen en Italia, su presencia en el país a partir de ahora basta para convertirlos en criminales. Ayer mismo se producían las primeras detenciones en varias ciudades.

"Los cuidadores 'sin papeles' tapan los huecos del sistema de protección social"

La medida, contenida en el paquete de seguridad impulsado por el ministro del Interior, Roberto Maroni -miembro destacado de la Liga Norte, el partido que ha hecho de la lucha contra la inmigración el pilar de su proyecto político-, cumple la promesa que el Gobierno de Silvio Berlusconi realizó hace un año en su primer Consejo de Ministros.

Pero se trata de un cumplimiento sólo a medias. El Ejecutivo acaba de aprobar un decreto que, según cálculos oficiales, permitirá la regularización de al menos 300.000 sin papeles. Y lo ha hecho a petición de miembros de la coalición en el poder que, en vísperas de la entrada en vigor de la ley antiinmigración, han puesto encima de la mesa el problema que supondría la criminalización de decenas de miles de badanti: personas que cuidan de mayores y enfermos y atienden a miles de familias italianas en sus hogares.

"¿Qué les decimos a las familias?", se preguntó el viceministro de origen democristiano Carlo Giovanardi, quien propuso por primera vez esta regularización. Giovanardi suscitó recelos entre sus correligionarios del Pueblo de la Libertad, el partido de Berlusconi, y la ira de sus socios de la Liga Norte. Pero al final, la regularización masiva de cuidadores y personal doméstico ha sido aprobada por decreto esta misma semana. A partir del 1 de septiembre, estos trabajadores podrán ver legalizada su situación laboral tras el pago de una tasa, como cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social, que espera ingresar unos 1.300 millones de euros.

Se repite ahora en Italia lo ocurrido en 2002, cuando antes de que entrara en vigor una restrictiva Ley de Extranjería, el Gobierno de Berlusconi regularizó a 650.000 sin papeles. "Fue la mayor regularización aprobada en Italia", recuerda Tito Boeri, economista y profesor de la Universidad Bocconi de Milán, quien subraya que el Ejecutivo ha tenido que responder de nuevo con una medida de emergencia. Porque el colectivo de badanti "representa para muchas familias el único recurso para tapar los huecos del sistema de protección social".

Pero aun con esta regularización selectiva, los problemas no parecen haberse resuelto. Porque la criminalización de los inmigrantes indocumentados también afecta a otros sectores productivos, como la construcción o la agricultura. Así lo aseguraban muchos representantes de los partidos integrados en el Gobierno, encabezados por el ministro para el Desarrollo, Claudio Scajola, quien, en el Corriere della Sera, se ha mostrado a favor de "solucionar las situaciones más delicadas, que no tienen nada que ver con la criminalidad". Sus palabras han levantado una polvareda política en Italia. La Liga Norte ha replicado "que no hay ninguna posibilidad de [aprobar] otras regularizaciones". Mientras, dirigentes del partido de Berlusconi han insistido en que se trata de una necesidad vital para las empresas. Ayer fue Fini, desde Bélgica, quien recordó a sus aliados políticos "que hay que respetar a los trabajadores aunque no tengan papeles".

"El debate abierto y la decisión de regularizar a las cuidadoras es la demostración de que las políticas del Gobierno sobre la inmigración han fallado y están destinadas a fallar", argumenta el profesor Boeri, "ya que las empresas del noroeste de Italia [el feudo político de la Liga Norte] necesitan mano de obra que las leyes sobre la inmigración hacen inaccesible".

El cupo de entrada de inmigrantes extracomunitarios ofreció 170.000 puestos de trabajo en 2007. Se recibieron casi 700.000 solicitudes. "Según la ley, son los empresarios quienes tienen que presentar una demanda [de permiso de trabajo] para inmigrantes que supuestamente están en el extranjero. Pero la realidad es que ya se encuentran aquí", explica el jurista de la Universidad de Palermo Fulvio Vassallo Paleologo. Para este especialista de legislación de extranjería, el Gobierno "criminaliza a los inmigrantes" con las nuevas normas y abre además "una situación imposible de sostener por los atascados tribunales italianos".

Pero es también una medida para obviar las limitaciones a las expulsiones previstas en la normativa de la Unión Europea. "La llamada directiva de la vergüenza, la directiva de retorno aprobada en diciembre de 2008, con todos sus defectos prevé garantías para los inmigrantes frente a la expulsión. Salvo que se haya cometido un delito", dice Vassallo. Pero en Italia ya es delito vivir sin papeles.