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Golpes y celdas para los menores bajo tutela

Niños custodiados por la Administración sufren castigos crueles, según una investigación del Defensor del Pueblo

"¡Hola! He visto y vivido cómo un educador estampaba contra una pared y tiraba brutalmente a un niño llamado Antonio que medía metro y medio". Con una letra sin aristas, infantil y llena de faltas de ortografía, una niña ingresada en el centro de menores Casa Joven, de Azuqueca de Henares, Guadalajara, explica en una carta manuscrita de cinco folios su vida cotidiana. Desgrana en una cuadrícula las mismas vulneraciones de derechos que sufren en estos centros "terapéuticos" los niños tutelados que denuncia el Defensor del Pueblo en un extenso informe de casi 500 páginas enviado ayer al Congreso de los Diputados para su tramitación. La institución, que se encarga de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, ha investigado en 27 de los 58 centros existentes en España, con más de 550 plazas. Estos niños no han cometido delitos ni están internados con una orden judicial, sino que padecen diversos "trastornos de conducta" -como problemas psicológicos o drogodependencias- y están bajo tutela de las administraciones.

En esa carta, el nombre de la chica está borrado con tippex. Seguramente no coincida con alguno de los muchachos entrevistados a lo largo de dos años por el defensor. Pero sus argumentos son muy semejantes. Así como sus conclusiones: "Bajo eufemismos, como medidas educativas creativas" se esconden "acciones punitivas". O sea, muchos de estos lugares recurren a los castigos corporales, a la medicación no consentida y descontrolada, al aislamiento en habitaciones cerradas, "a veces en los lavabos", de hasta 72 horas, a la violación de la intimidad en las cartas y las llamadas telefónicas y a un régimen, en definitiva, "más duro que el de los centros de reforma". Unas normas que, en algún caso, incluyen "no hablar mal del centro".

- Castigos. No hay homogeneidad entre los centros. Cada uno aplica su reglamento, generalmente escrito con un lenguaje técnico. Algunos recogen las obligaciones de los menores. No sus derechos. En uno de ellos se "aplican sanciones degradantes, como atar a dos menores que no se llevan bien entre sí". Cuatro de los lugares visitados recurren a "la contención mecánica". Esto consiste en atar al menor con correas a la cama.

En Baix Maestrat (Castellón), Picón (Madrid) o Casa Joven (Guadalajara), todos ellos gestionados por la Fundación O'Belen, se les da a los niños "collejas educativas". En muchos de los sitios investigados se reduce al menor contra el suelo y se le deja en esa posición mucho tiempo.

Una carta firmada por antiguos trabajadores de Casa Joven subrayaba que "se abusa cotidianamente de la contención física, poniendo en riesgo al menor". Describen cómo una chica de 14 años fue inmovilizada en el suelo durante más de una hora. Uno de los comportamientos que conlleva estos castigos es "no estar de acuerdo con el personal de la unidad". Otros castigos consisten en quedarse en los centros durante días sin poder salir.

Algunos menores relatan que les obligan a dar vueltas sin descanso a los patios con sólo unas alpargatas. Otros, que les hacían comer sobras de la comida del día anterior. Todo figura en cartas, además de que la investigación del Defensor haga mención a algunas de estas reprimendas.

- Aislamiento. Consiste en el encierro y estancia del niño en un lugar del que no se permite salir. Algunos educadores denuncian que la "estancia del niño" puede ser en los lavabos, durante horas y por el delito de "haber eructado". En opinión del Defensor las habitaciones se parecen "a una celda medieval" y reserva el adjetivo "siniestra" cuando se refiere a la de Nuestra Señora de la Paz, en Cuenca, que es un cubículo minúsculo con las paredes pintadas de negro, puerta blindada y un ventanuco para vigilar al menor. Además está recubierta con goma que "despide un fuerte y desagradable olor". Sobre esta residencia, la propia Consejería de Bienestar Social del Gobierno manchego, mandó una carta a sus responsables para que subsanasen graves deficiencias.

Tanto en las infraestructuras, "como en sus métodos". También hacen referencia a la sala "negra", criticando que "está muy alejada del resto de habitaciones y no hay sitio para supervisar en todo momento al menor". La misiva tiene sello oficial de la Dirección General de la Familia. Esta residencia está considerada como "un recinto carcelario" por el Defensor. Varias de estas instituciones cierran los dormitorios por fuera, como celdas.

- Visitas y correspondencia. Es habitual que los menores tengan que abrir sus cartas delante de los educadores. Algunos niños denunciaron al Defensor que su correspondencia nunca llegó a su destino. Las visitas, en el centro Sirio I, dependen "del comportamiento del chico". En varios centros, los educadores están presentes mientras los muchachos hablan por teléfono, aunque no intervienen en las conversaciones.

- Registros. En todos estos lugares se realizan registros personales y en los dormitorios. En cinco de las residencias se realizan desnudos integrales de los niños para inspeccionarlos. No hay ninguna norma que regule estas "prevenciones". Una chica, a través de un escrito a la fiscalía, denuncia que la desnudaron y le hicieron ponerse de rodillas delante de su cuidadora. Según escribe la chica con trazo redondeado "por no querer mirarla a la cara".

- Medicación. Los centros precisan que la medicación sólo se dispensa con permiso del menor. Pero esta aseveración se va, poco a poco, cargando de matices. Así, en Can Rubió, se recurre a la apostilla "con excepciones". En Picón de Jarama, en Madrid, los menores aseguran que les obligan. De hecho, en otros centros, Como Santa Lucía, en Madrid, sus trabajadores se lamentan de que cuando les llegan chicos de otras residencias "vienen tan medicados que parecen sedados y eso es malo para el trabajo con los niños".

- Deterioro de la instalación. En el recorrido que la investigación hace por los 27 centros, se encuentran con uno, Casa Joven, que lleva dos semanas sin agua corriente. Varios presentan cristales rotos y aspecto "abandonado".

LOS CENTROS

- Sólo dos de los 27 centros visitados por el Defensor del Pueblo son de titularidad y gestión pública. La gestión de 25 de ellos está a cargo de entidades privadas, la mayoría organizaciones sin ánimo de lucro. Pero el responsable último es la comunidad autónoma, que tiene la obligación de supervisar.

- Un 71% de los centros son de creación reciente: abrieron sus puertas después de 2000.

- Los menores atendidos

en estos centros han pasado antes por todos los demás recursos de protección existentes.

- Más del 80% de los centros atienden a menores con edades entre los 11 y los 18 años. Pero la mayoría exige una edad mínima de 13. Dos centros atienden a menores a partir de los 9 años.

- El 76% de las plazas están cubiertas por chicos frente a un 24% de chicas.

- El 87% de los menores son españoles. Los inmigrantes con problemas de conducta ingresan de forma preferente en centros especializados para menores extranjeros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de febrero de 2009

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