El juez procesa a la esposa de Pinochet y a uno de sus hijos por fraude fiscal
Lucía Hiriart, de 82 años, queda detenida en el Hospital Militar de Santiago
El juez Sergio Muñoz, que investiga las cuentas secretas de Augusto Pinochet, procesó ayer como cómplices de fraude tributario a la esposa del ex dictador, Lucía Hiriart, que quedó detenida en el Hospital Militar, y al hijo menor del matrimonio, Marco Antonio Pinochet, que fue trasladado a la cárcel de Capuchinos. Tres días antes del plazo que tiene para terminar el sumario por delitos tributarios, el magistrado estrechó el cerco contra la familia de Pinochet, a la que acusa de haberlo ayudado a ocultar cuentas y acciones. El ex dictador salió en defensa de su esposa e hijos. "Si a alguien quieren encarcelar, enjuiciando a una parte de la historia de Chile, que sea a mí", dijo.
Después de ser interrogada por el juez, Hiriart, de 82 años, ingresó en calidad de detenida en el Hospital Militar, aquejada de "una cefalea intensa" y con una fuerte arritmia, según el parte médico. En igual condición está su hijo, pero en la cárcel de Capuchinos, para autores de delitos económicos. Muñoz concedió la libertad bajo fianza a ambos, que deberá ser aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y un pago equivalente a 3.000 euros cada uno.
El ex dictador visitó ayer por la tarde a su esposa y, en un comunicado con su firma, asumió toda la responsabilidad por los hechos que investiga el juez. "Si a alguien quieren encarcelar, enjuiciando a una parte de la historia de Chile, que sea a mí y no a personas inocentes", sostiene. Pinochet negó haber defraudado al Estado y explicó que, en previsión de un eventual hostigamiento, entregó "a instituciones profesionales extranjeras los ahorros de toda la vida". Si hubo una diferencia tributaria, añade, sus asesores ya la saldaron.
Los tribunales adjudican a Pinochet 128 cuentas y acciones en el exterior, por valor de 28 millones de dólares, además de patrimonio en Chile, fondos cuyo origen no ha podido justificar y que no declaró al fisco. Según la resolución del juez, de 27 páginas, Pinochet no ha pagado impuestos por 8,7 millones de dólares y su esposa le ha ayudado como cómplice, dado que manejaban cuentas conjuntas y sabía de los ingresos y bienes de su marido, además de beneficiarse de éstos. A pesar que negó su firma en algunos documentos, un peritaje demostró que era de ella. Hiriart realizó trámites bancarios para ocultar los fondos de su marido y no tributar por ellos.
Muñoz agrega en su dictamen que Marco Antonio Pinochet tenía conocimiento de la falsificación de documentos para ocultar la identidad de su padre, y que él mismo obtuvo en la dictadura licencia para conducir antes de la edad reglamentaria y después de protagonizar un accidente en el que murió una mujer.
Además, participó en operaciones financieras para ocultar las cuentas de su padre, contribuyendo a que "se aprobaran las declaraciones de impuesto de Augusto Pinochet Ugarte por sumas muy inferiores a la real".
Con su resolución de ayer, Muñoz tiene un total de cuatro procesados en el sumario de Pinochet, incluyendo a su secretaria, Mónica Ananía, y al albacea y contador, Óscar Aitken. Para procesar a Pinochet, el magistrado está a la espera de que la Corte Suprema resuelva la apelación de la defensa del ex dictador al desafuero que aprobó hace dos meses la Corte de Apelaciones de Santiago por cuatro delitos: evasión tributaria, falsa declaración de bienes, falsificación de pasaportes y documentos públicos y eludir las medidas cautelares que dictó la Audiencia Nacional de España mientras estaba detenido en Londres. Esta semana ha interrogado a los jefes militares que ayudaron a trasladar y ocultar la fortuna de Pinochet, en una señal de que también quiere establecer su responsabilidad judicial.
El procesamiento y detención de ambos familiares del ex dictador no causó inquietud en el Gobierno, donde no creen que haya una reacción militar, como tampoco la hubo cuando el propio Pinochet fue procesado y quedó en arresto domiciliario. Pero el tono de las declaraciones fue cauto. El presidente, Ricardo Lagos, afirmó que esto ratifica que en Chile "todos los ciudadanos somos iguales y nadie está sobre la ley" y pidió no prejuzgar, porque el proceso sólo ha comenzado.
