La guerra mafiosa convierte Nápoles en una ciudad sin ley

La guerra interna en el clan De Lauro sigue ensangrentando Nápoles. Ayer se registró otro homicidio, el de una chica de 22 años que mantenía relaciones sentimentales con un disidente de los De Lauro. La cifra de víctimas de la violencia en la Camorra se eleva ya a 114 desde principio de año y el presidente regional de Campania, Antonio Bassolino, admite que en determinados barrios napolitanos el Estado carece de autoridad. En otra región del sur, Basilicata, la policía detuvo a 52 personas, entre ellas un diputado de Forza Italia, un alcalde y el presidente del Tribunal Penal, por presunta cooperación con la Mafia.

La última víctima de la batalla por el control de la droga en Nápoles se llamaba Gelsomina Verde y tenía 22 años. Carecía de antecedentes. Su única relación con la Camorra era, al parecer, sentimental, ya que su novio era considerado uno de los mafiosos que rompieron vínculos con el capo Paolo di Lauro, Ciruzzo o Milionario, para intentar controlar por su cuenta una parte del negocio de la cocaína. El cadáver de Gelsomina Verde apareció carbonizado en un automóvil. La policía estableció como hipótesis de trabajo que la mujer fue asesinada de un tiro e introducida en el coche, al que después prendieron fuego. El padre de Verde reconoció el cuerpo de su hija por una pulsera.

El ministro del Interior, Giuseppe Pisanu, declaró que un refuerzo de 3.000 agentes de policía sería desplegado muy pronto en Nápoles, pero insistió en que no tenía intención de "militarizar" la ciudad. El presidente regional, Antonio Bassolino, por su parte, reclamó "más hombres y más recursos para recuperar los barrios en los que el Estado ha desaparecido", y añadió que la guerra contra la Mafia debía plantearse también con medidas de largo alcance: "Hace falta combatir la pobreza y la debilidad del tejido económico y social, y combatir los modelos culturales erróneos ya desde la escuela", dijo.

Mientras arreciaba la violencia en Nápoles, donde la muerte de Gelsomina Verde fue la sexta en un periodo de 24 horas, la policía italiana lanzaba una redada contra otra mafia, la de Basilicata, más discreta, pero no menos arraigada que la Camorra. En la operación fueron arrestadas 52 personas, entre las que figuraban políticos de todos los sectores, jueces, empresarios, administradores públicos y delincuentes.

Amañar subastas

El detenido más notable era Gianfranco Blasi, diputado de Forza Italia. Por su condición de aforado, la Mesa de la Cámara de Diputados tuvo que autorizar el arresto. Otros dos diputados, Antonio Luongo (Demócratas de Izquierda) y Antonio Potenza (Partido Popular, centristas), fueron puestos en libertad como imputados en los delitos que motivaron la redada, todos ellos relacionados con un presunto pacto entre "fuerzas vivas" de la ciudad de Potenza y la Mafia para amañar subastas de bienes y de contratas públicas.

También fueron trasladados a las dependencias policiales Piervito Bardi, presidente del Tribunal Penal de Basilicata, a favor del cual se movilizaron numerosos abogados por considerar que el detenido se había limitado a desempeñar sus funciones como asesor legal y defensor de algunos mafiosos; Vito Santarsiero, alcalde de Potenza; Ignazio Petrone, alcalde de Pignola, y Antonio Garramone, Agostino Pennacchia, Filippo Bubbico, Vito de Filippo y Domenico Iacobuzio, miembros del consejo regional.