El Supremo italiano confirma la absolución de Andreotti

La Sala Segunda del Tribunal Supremo italiano ratificó ayer la sentencia emitida por el Tribunal de Apelación de Palermo (Sicilia) el 2 de mayo de 2003 por la que se absolvía a Giulio Andreotti por falta de pruebas de la acusación de asociación mafiosa. El político democristiano, siete veces primer ministro y senador vitalicio, se enfrentaba a 15 años de prisión.

Andreotti fue ya absuelto en 1999 de la acusación de haber ordenado el asesinato del periodista Mino Pecorelli, que investigó sobre la muerte de Aldo Moro, un líder histórico de la Democracia Cristiana, a manos de la Brigadas Rojas en 1979. Mientras se desarrollaba este juicio, Andreotti fue acusado en 1993 de asociación con la Mafia. En estos años de escándalos financiero-políticos y del fin de la Democracia Cristiana, la noticia tuvo una gran repercusión para la imagen de Italia en el exterior, ya que, de ser cierta, la República Italiana habría sido dirigida por un político mafioso durante 50 años.

El motivo de acusación por parte de los magistrados, que se basaron en las afirmaciones de algunos mafiosos arrepentidos, fue que Andreotti habría sido un referente político para la Cosa Nostra, la Mafia siciliana. El proceso en primera instancia concluyó el 23 de octubre de 1999. Giulio Andreotti fue absuelto por falta de pruebas. La fiscalía de Palermo recurrió a la Corte de Apelación, distinguiendo además los jueces dos momentos en las presuntas relaciones de Andreotti con la Mafia. En el primer momento, hasta 1980, estas relaciones fueron calificadas como asociación para delinquir "simple", ya que hasta esta fecha no estaba tipificado el delito de asociación mafiosa. Los presuntos delitos realizados a partir de esta fecha fueron calificados como asociación para delinquir de tipo mafioso.

Con la ratificación del Supremo de la sentencia emitida por el Tribunal de apelación de Palermo, Andreotti ha sido absuelto por prescripción de delito hasta 1980 y por hechos inexistentes a partir de la misma fecha, aunque se le condena a pagar los costes de todo el proceso, iniciado en 1993. Según filtraciones del Tribunal Supremo, los costes del proceso pueden ser muy altos, ya que corresponden a 11 años de procedimiento judicial.