Por un espacio autónomo de la Universidad

Las enseñanzas artísticas superiores andan a la pata coja en España. La LOGSE las equiparó a licenciaturas universitarias, pero dejó para luego la correspondiente regulación de los centros que las impartían. Ello viene lastrando gravemente estas enseñanzas entre nosotros, condenándolas a las limitaciones organizativas de la enseñanza media y a la precariedad de medios técnicos y económicos, a no ser que haya una Administración dispuesta, más allá de sus obligaciones competenciales, a suplir esos déficit. Es ésta una grave asignatura pendiente de nuestro sistema educativo.

En febrero de 2004, en vigilias de las últimas elecciones legislativas, una veintena de escuelas de teatro, música y danza de toda España suscribían una declaración conjunta, que hicieron pública simultáneamente desde sus respectivas ciudades, urgiendo un compromiso de las diversas opciones políticas en liza: que el año en curso fuera el escenario en que las enseñanzas artísticas superiores dieran el paso adelante que les falta para su entera normalización, dotándose a los centros que las imparten de las condiciones propias de la enseñanza superior; una Ley de Enseñanzas Artísticas podía ser la vía que resolviera este problema, junto a otras cuestiones ordenadoras pendientes. La iniciativa partió del acuerdo entre el Institut del Teatre (Cataluña) y la Real Escuela de Arte Dramático (Madrid), y obtuvo un eco importante, así como un alto grado de aceptación y de compromiso por parte de los partidos políticos.

Sea cual fuere la vía y el instrumental legislativo que finalmente se consideren necesarios por el Congreso de los Diputados y por el Ministerio de Educación, hay una idea central de la cual habría que partir: los centros que imparten enseñanzas artísticas superiores requieren un espacio equivalente al universitario, pero autónomo de la Universidad. Ello se debe a la especificidad de las enseñanzas artísticas, a la singularidad de su naturaleza.

Las enseñanzas artísticas no se basan sólo en el conocimiento homologado por la Universidad, sino también en el conocimiento que atesoran algunos oficios. Usan un sistema de pruebas de acceso y de evaluación que no se refieren sólo a los conocimientos adquiridos, sino también a las destrezas y habilidades. El profesorado capaz de impartirlas, en muchos casos, extrae sus saberes de la creación artística y no sólo de la investigación, cosa que hace inadecuada la exigencia generalizada del título de doctor a todo el profesorado. Por otro lado, precisan de unas ratios académicas bajísimas que llegan a ser de un profesor por alumno en el caso, por ejemplo, de la docencia de los instrumentos musicales. Requieren espacios fuera de lo común (espacios escénicos, aulas de danza, etcétera), dotados de acondicionamientos técnicos complejos. Y necesitan conjugar la actividad docente con el ejercicio de la creación, cosa que exige una regulación distinta de las incompatibilidades. En fin, las enseñanzas artísticas comportan un elevado coste por alumno, derivado de la singularidad de sus ratios, horarios lectivos y requisitos infraestructurales.

Todo ello, efectivamente, reclama sine qua non la articulación de los centros que imparten las enseñanzas artísticas superiores en un espacio semejante al universitario, pero necesariamente autónomo de la Universidad. Un espacio que podría, llegado el caso, constituirse en Universidad de las Artes, moviendo sinergias innovadoras entre los diversos centros y lenguajes artísticos, levantando insospechadas posibilidades de futuro, tanto docentes como investigadoras y creativas.

Integrar las enseñanzas artísticas superiores en el magma universitario español -tal como éste viene hoy planteado- sería condenarlas a una presión comparativa insostenible, que acabaría por ralentizar y estrangular su desarrollo. A nuestro leal entender, es un error el paso que se quiere dar en Valencia, con la integración de estas enseñanzas a la Universidad. Un paso comprensible en el empeño de los centros implicados por salirse como sea de la precariedad en que se hallan, probando fortuna en otros páramos. Pero un error estratégico. En cualquier caso, nadie debería llamarse a engaño y pensar que ésa pueda ser una solución general: sólo podría entenderse como una letal y alucinada "solución final".

Es vital que las enseñanzas artísticas superiores sean protegidas en su especificidad. En otras palabras: es imprescindible establecer la "excepción artística" en las enseñanzas superiores o universitarias, es decir, articular el ecosistema necesario para su existencia. No puede echarse un cubo de agua coloreada al mar pretendiendo que va a preservar su color: todo el mundo sabe que va a disolverse en la inmensidad. Hace falta una opción decidida del poder democrático por las enseñanzas artísticas superiores, por garantizar sus constantes vitales.

Jordi Font es director general del Institut del Teatre.