El Congreso pide un acuerdo sobre el Archivo de la Guerra Civil

PSOE, ERC e IU-ICV están seguros de que antes de fin de año habrá un acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sobre los documentos incautados a ésta y a particulares durante la Guerra Civil y que se custodian desde entonces en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca. Lo que no se sabe es en qué puede consistir el acuerdo, pero el Congreso votó ayer una proposición no de ley en la que se insta al Ejecutivo a resolver un contencioso que colea desde 1980.

CiU, ERC e IU-ICV habían presentado sendas proposiciones no de ley para reclamar la vuelta a Cataluña de los originales de estos documentos. El grupo socialista presentó una enmienda en la que, sustancialmente, se plantea la necesidad de que, en el plazo de un mes, se abran negociaciones entre el Gobierno central y el de Cataluña y que la cuestión quede resuelta antes de que acabe este año. La enmienda socialista pide que se atienda también la pretensión sobre este asunto del Parlamento de Cataluña y de las Cortes valencianas.

Teresa Cunillera, en nombre del PSOE, comenzó recordando que en 1980 Manuel Fraga, entonces presidente del PP, presentó una propuesta, que no llegó a debatirse, en la que pedía la devolución de los documentos a Cataluña, y que en 1995, el Gobierno socialista alcanzó un acuerdo que no llegó a materializarse porque acabó la legislatura y el PP llegó al Gobierno tras las elecciones de 1996.

Francesc Canet (ERC) y Joan Herrera (IU-ICV) desgranaron las razones que les asisten para pedir la entrega de los documentos, pero aceptaron la palabra de los socialistas y se mostraron convencidos de la voluntad del Gobierno para resolver definitivamente el problema.

No ocurrió lo mismo con Joseph Antoni Durán i Lleida (CiU), al que Cunillera le había reprochado su inactividad en este asunto mientras CiU apoyó al Gobierno del PP, y acabó por votar en contra del texto consensuado, aduciendo que en la enmienda socialista no se especificaba que el final de las conversaciones deba ser la devolución de los documentos a la Generalitat catalana.

En la tribuna de invitados estaban representantes de la Comisión de la Dignidad, constituida para reclamar los documentos, y Cunillera desveló que la ministra de Cultura, Carmen Calvo, está dispuesta a reunirse de inmediato con ellos para iniciar conversaciones.

El PP se opuso a la solución mayoritaria. Beatriz Rodríguez-Salmones explicó en la tribuna que su grupo se atiene a la voz de los expertos, que la Unesco viene recomendando la unidad de los archivos y que, en todo caso, si durante las conversaciones se llega a un "acuerdo técnico al máximo nivel", el PP estaría dispuesto a sumarse al acuerdo.

Desde el PP catalán, en cambio, su portavoz parlamentario, Francesc Vendrell, abogó ayer por el retorno a Cataluña de los legajos originales depositados en Salamanca. "Entendemos el criterio de la unidad de archivo, pero esto no implica que los originales estén en Salamanca", manifestó, según informa Josep Garriga.