Quién juzga, dónde y bajo qué leyes
¿Debe Sadam Husein ser juzgado por la potencia ocupante, un tribunal iraquí u otro internacional? ¿Qué leyes pueden ser aplicadas? ¿Dónde debería celebrarse el proceso? Las declaraciones del presidente George W. Bush apuntan a un juicio en Irak bajo supervisión exterior y con la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Otras voces reclaman un tribunal específico al amparo de la ONU.
El rechazo del Gobierno estadounidense a la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002 y que es el instrumento adecuado para perseguir los delitos universales, invalida su concurso en este caso.
El precedente que mejor podría encajar en la presente situación es el Tribunal Especial de Sierra Leona, creado el 14 de agosto de 2000 por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y que exigió la negociación posterior del alto organismo con las autoridades locales de ese país. Su independencia política, en el que participan fiscales y jueces sierraleonenses y extranjeros, es absoluta.
Este es el modelo que reclama la ONG Human Rigths Watch (HRW): "La captura de Sadam es un gran acontecimiento y es importante que el pueblo de Irak se sienta protagonista en el juicio", asegura Kenneth Roth, su director ejecutivo. "Pero es igualmente importante que ese juicio no se perciba como justicia vengativa. Por esa razón es esencial la implicación de juristas extranjeros".
El Consejo de Gobierno iraquí, nombrado por EE UU, creó el 10 de diciembre un tribunal para juzgar los delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad en Irak. Su base legal descansa en la legislación internacional, pero carece de las herramientas necesarias para asegurar un juicio creíble y legítimo, según HRW. No se exige experiencia a sus jueces en casos de esta envergadura ni asegura la participación de juristas extranjeros en su desarrollo, sólo como observadores.
Experiencia escasa
HRW asegura que la experiencia de los jueces iraquíes es escasa, pues los juicios rara vez duraban más de unos días y las sentencias estaban orientadas de antemano. "Expertos internacionales en perseguir este tipo de delitos deben de utilizarse para garantizar un juicio efectivo", insiste HRW. Esta organización, igual que Amnistía Internacional, propone un tribunal mixto, formado por iraquíes y foráneos, que se inspire en los tribunales penales internacionales existentes (los de la ex Yugoslavia y Ruanda), y el especial de Sierra Leona.
Los de la ex Yugoslavia y Ruanda (creados en 1993 y 1994 para perseguir los crímenes contra la humanidad y los de guerra cometidos en esos países), tienen dos diferencias respecto al de Sierra Leona: están formados en exclusiva por jueces internacionales de prestigio y sus sedes (La Haya y Arusa, respectivamente) se hallan fuera del lugar objeto de su investigación. Ningún tribunal internacional y especial contempla la pena de muerte. La ONU negocia la creación de otro específico para juzgar el genocidio camboyano.
