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Reportaje:

Me casé con sus 'papeles'

Se disparan los matrimonios de conveniencia con inmigrantes, que abren un nuevo negocio

Pablo Ximénez de Sandoval

Como miles de sus compatriotas, L. G., una mujer colombiana de 29 años, llegó a España hace dos años con un visado de turista y se quedó de forma permanente. No vino por una necesidad económica, ya que trabajaba como periodista en Medellín. Simplemente "huía de la violencia y buscaba vivir libre y en paz". Encontró un trabajo en Madrid y acudió a un abogado para preguntar qué posibilidades tenía de residir y trabajar legalmente. "No tiene usted ninguna", le contestó. Ante su insistencia, el abogado le ofreció una alternativa. "Búsquese un marido", le dijo. "O, si quiere, se lo buscamos nosotros".

Desde que se paralizaron los expedientes de regulación de extranjeros, el matrimonio con ciudadanos españoles se ha convertido, en palabras de un responsable del departamento de Extranjería de la Policía Nacional, en "la vía más segura para obtener los papeles en España". Las mismas fuentes afirman que los casos están aumentando de forma espectacular. El año pasado se registraron 13.916 matrimonios de españoles con extranjeros, según el INE, que estudió la cifra por primera vez debido al aumento de casos sospechosos.

"Me ofrecieron un marido por 6.000 euros, otro por 3.000 y otro por 1.500"
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Por un marido español más todos los trámites, el abogado le cobraba 6.000 euros a L. G. "Pensé que podía hacerlo, pero no a través de ellos", recuerda. "Lo conté en mi trabajo, y para mi sorpresa, un compañero va y me dice que él iba a hacer ese negocio con una cubana por 3.000 pero que prefería conmigo. Al final, otra amiga me dijo que no me casara con él... que me casara con su novio por 1.500".

El precio normal por una esposa o un marido español son 3.000 euros, según fuentes de la Policía Nacional. Hay intermediarios que buscan gente para casarse, normalmente en ambientes marginales de droga o prostitución. No hace falta ni que se vean hasta el día que vayan al Registro Civil.

Una vez allí, se puede denegar el matrimonio a priori ante la sospecha de que sea ficticio. La Fiscalía General del Estado solicitaba a los fiscales en una circular del año pasado que "extremen su celo" para evitar una práctica "desgraciadamente conocida y utilizada". En concreto, "a través del trámite de audiencia reservada y por separado de ambos cónyuges". Sobre el tema han alertado también la Dirección General de los Registros y el Notariado y la Unión Europea.

Pero no parecen tener mucho éxito. "Llegamos al registro y estaba clarísimo de qué íbamos. Aquello era un circo. Nos entrevistaron por separado y nos preguntaron cómo nos habíamos conocido y dijimos cosas distintas" recuerda L. G. "Entonces yo me asusté y le dije al juez que estaba allí para conseguir los papeles". Se quedó de piedra cuando el juez le contestó "que a él eso le daba igual, que sólo le interesaba si era soltera".

Javier Carrascosa, profesor de de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Murcia y experto en el tema, explica que "no hay nada regulado ni en el Código Civil ni en ninguna ley especial. Todo depende de la actitud del fiscal y del juez encargado del Registro Civil". Esa actitud se debe de parecer bastante a la que describe L. G., porque el año pasado sólo se negó la inscripción a 227 matrimonios.

El supuesto marido no se arriesga a nada, explican fuentes policiales. Podría ser acusado de un delito de promoción de la inmigración ilegal, pero "no se recuerda" ningún caso. Sí corre un riesgo si "juega a esto más de una vez", e incurre en un delito de poligamia. La Brigada Central de Extranjería investiga este tipo de casos desde finales del año pasado, y ha detenido ya a dos personas que se habían casado hasta cuatro veces en distintos registros civiles (hay unos 700 y los datos no están centralizados) con inmigrantes por dinero.

Con el certificado matrimonial, L. G. volvió a Colombia para pedir un visado por reagrupamiento familiar. "En la cola de los visados del Consulado de España en Bogotá no se hablaba de otra cosa", dice. Decenas de mujeres contrastaban experiencias sobre si en Cádiz era más fácil casarse que en Valencia, si en Madrid capital era más difícil, pero no en los pueblos de alrededor, o si sus maridos españoles pensaban adoptar a sus hijos colombianos. "Estábamos todos allí por lo mismo, y lo sabía todo el mundo".

Ya no tendrán siquiera que volver a ver a sus cónyuges. El Ministerio del Interior les dará a su llegada una Tarjeta Comunitaria, que permite vivir y trabajar en la UE por cinco años. Antes de que se cumplan, ya podrán pedir la nacionalización por arraigo y después divorciarse. En 2000, la Dirección General de los Registros y el Notariado ingresó 18.035 peticiones de nacionalidad. En 2001, 23.260. Y el año pasado ya eran 32.778.

Ana López Munís, directora general de los Registros y el Notariado, afirma al igual que los expertos y la policía que el aumento de peticiones está "directamente relacionado con el aumento de los matrimonios con españoles". Porque, aparte de unos pocos casos de refugiados políticos, no hay otra forma de acceder a ella.

Hoy día, L. G. sigue casada. Su marido no vive con ella, sino con su novia, que espera un hijo de él. L. G., a su vez, vive con su novio italiano. La situación llegó a ser tan ridícula que los respectivos novios de los cónyuges asistieron a la boda. Ahora, si obtiene la nacionalidad por arraigo podrá divorciarse y, por fin, plantearse un nuevo matrimonio con su novio. Una aventura estrambótica que "está recompensada por una vida tranquila", dice. No tiene ninguna duda sobre el matrimonio de conveniencia: "Se lo recomiendo a todo el mundo".

Colas para obtener visados ante el Consulado de España en Caracas.
Colas para obtener visados ante el Consulado de España en Caracas.REUTERS

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Sobre la firma

Pablo Ximénez de Sandoval
Es editorialista de la sección de Opinión. Trabaja en EL PAÍS desde el año 2000 y ha desarrollado su carrera en Nacional e Internacional. En 2014, inauguró la corresponsalía en Los Ángeles, California, que ocupó hasta diciembre de 2020. Es de Madrid y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense.

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