2.000 militares volverán a ser juzgados
El ministro de Defensa argentino, José Pampuro, aseguró ayer a EL PAÍS que, "más allá de su preocupación, las Fuerzas Armadas van a colaborar con la justicia para cerrar definitivamente 30 años de divisiones" en la sociedad. En los juzgados de todo el país se van a reabrir los procesos interrumpidos entre 1986 y 1987, cuando se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y van a continuar los que ya se seguían por el robo de niños nacidos en cautiverio, los llamados Juicios de la Verdad, para averiguar el destino final de los miles de desaparecidos. Los fiscales pedirán a los jueces el arresto preventivo de decenas de militares retirados imputados por los testigos. En fuentes judiciales se estima que "antes de una semana" muchos de los liberados el lunes podrían volver a prisión.
Pampuro estimó en "unos 2.000 los militares que pueden ser juzgados nuevamente, casi todos ellos retirados, aunque también podría ser citado alguno en actividad, porque eso nunca se sabe cuando se inicia un proceso". Además, el ministro de Defensa anticipó que los ex generales Díaz Bessone, Bignone y Harguindeguy, entre otros, que reconocieron el asesinato, la tortura y la desaparición de más de 7.000 personas durante la represión ilegal bajo la dictadura militar (1976-1983), según los testimonios filmados en el documental francés Escuadrones de la muerte. La Escuela Francesa, serán seguramente sancionados con penas de arresto, la baja o la degradación. Según Pampuro, "los mandos del Ejército de Tierra están analizando el grado de compromiso y desacato para determinar la sanción que corresponda, de acuerdo con el grado militar. Los retirados deben remitirse a los superiores para que les autoricen a hacer públicas sus opiniones. El castigo podría ir desde el arresto hasta la baja o la degradación, aunque será algo más que el arresto porque varios de ellos están ahora en prisión preventiva domiciliaria por otras causas".
El ministro de Defensa confía en que "los militares en actividad hayan comprendido absolutamente la necesidad de terminar con esto por el camino de la justicia que ha elegido el presidente. Ellos se subordinan al poder político, a la decisión de la justicia y al comandante en jefe y, más allá de su preocupación, van a colaborar. Están dispuestos a recorrer ese camino, lo único que ellos quieren es que esto se mantenga dentro de la ley y no se convierta en una persecución o en una caza de brujas". El ministro pidió que la Corte resuelva cuanto antes.
