Ataque en Guatemala contra la juez del caso del asesinato de Gerardi
Maniobra de los militares para retrasar el inicio del juicio
La juez Jasmin Barrios explicaba ayer cómo dos individuos habían arrojadas sendas granadas contra su vivienda -que aunque causaron daños materiales no provocaron heridos-, en el día en que debía haber comenzado el juicio.
Gerardi, responsable de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado de Guatemala (ODHA), encontró la muerte en el garaje de su parroquia. Dos días antes, el obispo, de 75 años, había presentado un informe sobre las violaciones cometidas durante más de tres décadas de guerra entre el Gobierno y la guerrilla, que concluyó en 1996. El documento, Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), adjudica al Ejército el 80% de las atrocidades.
Cinco personas se sientan en el banquillo: el coronel retirado Byron Lima Estrada; su hijo, el capitán Byron Lima Oliva; el suboficial Obdulio Villanueva; el sacerdote Mario Orantes, ayudante de Gerardi en la parroquia, y Margarita López, su empleada doméstica. La pérdida de pruebas materiales y los testimonios contradictorios han convertido el caso en una maraña que tiene en ambos extremos a las dos instituciones de más peso en el país: el Ejército y la Iglesia católica.
'Atmósfera hostil'
Para la fiscalía y la ODHA, se trata de un crimen político. El móvil: la venganza por el Proyecto REMHI y una advertencia para quienes quisieran seguir indagando en los horrores de la guerra. Los militares acusados aseguran, en cambio, que es un crimen de la delincuencia organizada en el que estarían implicadas personas próximas a la Iglesia. El móvil: Gerardi se habría convertido en testigo peligroso para sus actividades de robo y tráfico de obras de arte sacro.
La estrategia de la defensa de los militares de retrasar el juicio hasta después del tercer aniversario de la muerte del obispo iba dirigida, según afirman, a evitar 'una atmósfera hostil'. En esta táctica se encuadraría, señala la acusación, la repentina dolencia cardiaca del coronel Lima Estrada, cuya salud estaba siendo revisada ayer por un médico.
Diversas organizaciones internacionales seguirán el juicio, que podría durar entre tres y cuatro meses. Ante el tribunal desfilarán 114 testigos y especialistas, entre ellos, el ex presidente Álvaro Arzú.
