Un juez venezolano ordena la detención del guerrillero que secuestró un avión

Con la detención preventiva del guerrillero colombiano aeropirata José María Ballestas, ordenada ayer por un juez de Caracas por llevar documentación falsa, el Gobierno venezolano retrasa la posibilidad de extraditarlo a Colombia, lo que ha generado reacciones políticas en contra que emplazan al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a no seguir protegiendo a los insurgentes colombianos.

A solicitud de la Fiscalía General, el juez suplente Luis Ramón Cabrera del Tribunal 18 de Control dictaminó que el colombiano Ballestas sea detenido provisionalmente durante 20 días en la sede de la DISIP, la policía política, hasta recibir los cargos definitivos, que por tener cédula de identidad falsa es un delito menor en Venezuela, lo cual sólo le merecería una libertad condicional como castigo. El guerrillero Ballestas, miembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, está acusado por la justicia de su país de secuestrar un avión de Avianca con 56 pasajeros en abril de 1999. Vivió clandestinamente en Venezuela durante 18 meses hasta que el 13 de febrero pasado fue capturado en un centro comercial caraqueño en una operación conjunta entre la Policía Técnica Judicial (PTJ) venezolana, la DAS de Colombia y la Interpol.

Sin embargo, Ballestas fue liberado en menos de 48 horas por órdenes del Ministerio del Interior y Justicia cuyo titular Luis Miquilena tuvo que reconocer públicamente el escándalo hace una semana, después de haberlo negado debido a un vídeo de la captura que transmitió el Ministerio de la Defensa de Colombia en Bogotá.

El ministro Miquilena ordenó de inmediato la destitución del director de la PTJ, el comisario Elíseo Guzmán, por permitir la participación de la policía colombiana en la operación de captura. Por solidaridad con Guzmán, unos 60 agentes de la PTJ y de la Interpol de Caracas presentaron la dimisión de sus cargos pero las autoridades no se la han aceptado. Uno de los funcionarios indignados declaró a la prensa local sin identificarse que "habían informado al Gobierno de todos los pasos de Ballestas durante ocho meses mientras el guerrillero se daba la gran vida en Venezuela". El ministro de Defensa y ex canciller, José Vicente Rangel, ha declarado que la participación de la policía colombiana en la captura de Ballestas es "una injerencia en asuntos internos". El actual canciller y ex ministro del Interior, Luis Alfonso Dávila, aseguró que investigarán el caso y luego decidirán si le conceden asilo o lo extraditan a Colombia.

La cancillería volombiana ha solicitado la extradición y su canciller, Guillermo Fernández de Soto, dijo que esperan que Caracas actúe con "transparencia y celeridad. Confiamos en que Venezuela, un país con el cual estamos tan estrechamente unidos y con el que hemos asumido tantos compromisos, dé el tratamiento que merece este caso".

Por su lado, el diputado Gerardo Blyde del partido opositor Primero Justicia dijo que la decisión del juez Cabrera de favorecer una detención preventiva de Ballestas en Caracas es una burla al tratado de extradición que los dos países han firmado. "El Gobierno de Chávez debe pronunciarse contra Ballestas, la guerrilla y el narcotráfico para no seguir protegiendo a los grupos irregulares de Colombia. Y con quien debe relacionarse es con el Gobierno de Colombia, que fue electo por su pueblo".