Un tribunal condena a un agente libio por el atentado de Lockerbie 12 años después.
La decisión del tribunal fue acogida con satisfacción por los familiares de las víctimas presentes en Camp Zeist, que consideran que la decisión judicial apunta directamente al líder libio Muammar Gaddafi. En la sentencia, de 82 páginas, los jueces aceptan que Al Megrahi 'era miembro de la JSO (servicio secreto libio)' y aseguran que 'la concepción, la planificación y la ejecución del atentado son de origen libio'. En una primera reacción, el Gobierno de Trípoli reclamó el levantamiento inmediato de las sanciones impuestas por la ONU en 1992, suspendidas temporalmente desde que Gaddafi accedió a entregar a los acusados a la justicia escocesa, en 1999.
Considerados por el FBI entre los 10 fugitivos más peligrosos del mundo, ambos acusados parecían ayer tranquilos y muy seguros hasta que el juez que presidía el tribunal, Lord Ranal Sutherland, pronunció el veredicto. Pocos segundos después, tras oír las palabras que le dejaban en libertad inmediata, Fahima abandonaba la sala dando traspiés un poco confuso. Sin transmitir apenas expresión y envuelto en la túnica blanca que los libios reservan para las grandes ocasiones, su compatriota Al Megrahi permaneció en la sala flanqueado por los policías escoceses para escuchar los años con los que iba a penar su acto.
EE UU quiere más
En Washington, el presidente George Bush aplaudió la condena a cadena perpetua, pero señaló que EE UU quiere más. 'El Gobierno de EE UU', dijo Bush, 'continuará presionando para que Libia acepte su responsabilidad por este acto y compense a las familias de las víctimas'. Washington se opone a que Naciones Unidas levante de modo definitivo las sanciones económicas contra el país norteafricano.
El jefe de la diplomacia británica, Robin Cook, insistió también en que Libia debe 'cumplir en su totalidad las resoluciones del Consejo de Seguridad, aceptar su responsabilidad y pagar una compensación a las familias'. De otro modo, afirmó Cook en una intervención extraordinaria en la Cámara de los Comunes, no se levantarán definitivamente las sanciones impuestas por la ONU.
La principal prueba que ha llevado a la condena de Al Megrahi, alto funcionario de los servicios secretos libios, fue la declaración de Anthony Gauci, un ciudadano maltés en cuya tienda fueron adquiridas las ropas encontradas en la maleta que contenía el explosivo. Las pruebas contra el otro acusado, que fue trasladado a un lugar secreto hasta que se organice su retorno a Libia, no fueron en ningún momento del juicio suficientemente contudentes. Entre otras cosas, no se pudo probar su presencia en el aeropuerto maltés de Luqa el 21 de diciembre de 1988. Según los jueces del tribunal, ese día, Al Megrahi, que al igual que el otro acusado estaba entonces empleado en el aeropuerto, facturó una maleta con destino a Estados Unidos en un vuelo que volaba primero a Francfort. Entre la ropa y en el interior de un radiocassete se encontraba la mortal carga.
Previsiblemente el condenado permanecerá entre rejas 20 años, el mínimo exigido por Lord Sutherland antes de que pueda considerarse algún tipo de puesta en libertad. Atendiendo a su edad, 48 años, y el hecho de que va a cumplir condena en un país extranjero (Reino Unido), el juez subrayó que había hecho una sustancial rebaja. La defensa dispone ahora de dos semanas para apelar la sentencia ante el mismo tribunal que ha juzgado el caso.
La solemnidad del momento produjo tensiones entre los más de 100 familiares de las víctimas que se habían desplazado a Holanda. Jim Swire, que durante estos meses actúa como portavoz del grupo, cayó desmayado en la sala tras oír el veredicto. Al expresar improvisadamente los sentimientos de los demás, Helen Hengelhardt, una neoyorquiina que llevaba prendida en el pecho la foto de su marido fallecido en el atentado, manifestó su satisfacción aunque aseguró que el caso no está cerrado. 'Entramos ahora en una nueva fase en la que esperamos una mayor claridad sobre quien estuvo detrás del atentado', dijo. De forma paralela a este juicio, los familiares de las víctimas reclaman al Gobierno libio 700 millones de dólares en daños.
Por su parte un hermano del condenado calificó la sentencia de 'inexplicable'. 'Si Fahima es inocente, no entiendo porque mi hermano es culpable', dijo Mohammed Ali al Megrahi. Tras encomendarse a Dios, anunció que la decisión va a ser apelada.
