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EL "CASO PINOCHET"

Straw no liberará a Pinochet antes de la vista del próximo lunes

El ministro del Interior británico, Jack Straw, aseguró a los abogados de Bélgica que no adoptará su decisión final de liberar al general Pinochet hasta "el término de los argumentos" en la vista que tendrá lugar ante un tribunal de tres jueces el lunes. El ministro dice que el tema de los plazos "puede volver a replantearse" al final de la citada vista. Ayer, Amnistía Internacional (AI) se unió a Bélgica en la petición de renovar el recurso. El juez Simon Brown presidirá el tribunal.

En una breve carta enviada por el abogado del Tesoro británico, C.R. Ashfood, a los letrados de Bélgica, se señala que "no habrá decisión en relación a la extradición del senador Pinochet antes de la conclusión de los argumentos en el tribunal divisional [Divisional Court], la semana próxima". La carta agrega: "El asunto puede ser replanteado nuevamente en el tribunal divisional al concluir la fase de argumentos".El general Pinochet pasará este fin de semana en su casa de Virginia Water, en el condado de Surrey, pero todavía no es seguro que pueda embarcarse en el avión de la Fuerza Aérea Chilena que le espera en la base aérea de Brize Norton, en Oxfordshire, la semana próxima. Todo dependerá del tiempo que los tres jueces del nuevo tribunal empleen en resolver.

Amnistía Internacional se sumó ayer a Bélgica al anunciar que ha llenado el formulario judicial para renovar su petición de permiso para recurrir en revisión judicial la decisión preliminar de Jack Straw. Esta decisión preliminar o provisional está corriendo una suerte inesperada e insólita en la historia judicial británica, ya que es una resolución no adoptada como tal que ha sido objeto de recursos. El primero se ha visto ante el Alto Tribunal de Justicia. El juez, Maurice Kay, rechazó tajantemente la petición de permiso para recurrir el pasado lunes.

"No es negocio suyo" escribió el juez en su fallo, refiriéndose a que AI no tenía por qué pedir la entrega del informe médico secreto sobre la salud de Pinochet a las partes. Y, ahora por segunda vez, será la Divisional Court o tribunal encargado de supervisar resoluciones de tribunales inferiores relacionados con la aplicación de la ley administrativa, la que va a decidir. Lo novedoso es que por primera vez un juez del tribunal de apelaciones formará sala con otros dos jueces del Alto Tribunal. Ese juez, según supo EL PAÍS ayer, será lord Justice Simon Brown, que como miembro de la Court of Appeal (tribunal de apelaciones) presidirá el nuevo tribunal, junto con otros dos miembros del Alto Tribunal.

El compromiso del ministro Straw de mantener la situación actual, esto es, la nueva prórroga de su decisión final hasta después que falle el nuevo tribunal encargado de revisar la petición de los recurrentes, llevó a los abogados de Bélgica a abstenerse de acudir al Alto Tribunal de Justicia para solicitar una orden cautelar que asegurase la situación actual de fianza bajo custodia policial de Pinochet, según anunciaron el lunes pasado tras escuchar el fallo del juez Kay.

Las bases de los recursos son exactamente las mismas que fueron presentadas la semana pasada ante el juez Kay. Tanto Bélgica como AI sostienen que existe un interés público por encima de los derechos de Pinochet a la confidencialidad de los informes médicos que han servido para que Straw adopte su decisión preliminar de liberar al ex dictador, interés público que el ministro del Interior no tuvo en cuenta. Bélgica, en particular, sostiene que no se le dejó ver el informe habida cuenta de que el director de la Fiscalía Pública británica y el abogado del Estado del Reino Unido han tenido acceso al mismo. Los abogados sostienen que Bélgica es, como las dos autoridades británicas, una "autoridad de persecución penal", ya que está buscando la extradición de Pinochet.

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La resolución del nuevo tribunal que estudiará el permiso sólo puede ser objeto de recurso ante los jueces lores (tribunal supremo) si el mismo tribunal divisional da el permiso para ello en consideración a la existencia de un punto de ley relevante para el interés público.

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