¿Quién garantiza la confidencialidad?
Tanto las empresas privadas de documentación como los responsables sanitarios insisten en que la gestión externa de los archivos hospitalarios se limita a clasificar, ordenar e inventariar envoltorios. Pero dentro de tales envoltorios hay datos sanitarios de millones de españoles, muy apetitosos para laboratorios farmacéuticos y aseguradoras. Para Ángeles Maestro, portavoz de Sanidad de IU, la "externalización" de este servicio es inconstitucional en cualquier caso. Para la Agencia de Protección de Datos no hay, en principio, indicios de ilegalidad. "La Ley General de Sanidad impone el acceso restringido a los historiales y éste no tiene por qué variar en manos privadas", dice Jesús Rubí, adjunto al director de la Agencia. "Si hubiera informatización de los datos entonces sí se vulneraría la ley, pero no mientras se trabaje con soporte de papel".
La agencia está investigando este asunto y va a revisar los contratos de los hospitales. En los que ha tenido acceso este periódico se especifica la obligación de la confidencialidad. "Los datos están más seguros en este tipo de empresas que en un gran hospital", afirma Rafael Matesanz, director de Atención Especializada del Insalud. "A nosotros, la indiscrección nos cuesta nuestra existencia", aduce Miguel García Ribagorda, de Documentalia. "Y, en cualquier caso", zanja la gerente del Doce de Octubre, Roser Maluquer, "la responsabilidad última es nuestra".
