Garzón procesa a Pinochet y le imputa la muerte directa de un centenar de personas

El juez Baltasar Garzón procesó ayer, coincidiendo con el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en la Asamblea de la ONU, al ex dictador chileno Augusto Pinochet, al que imputa haber ordenado personalmente la muerte de un centenar de personas. Garzón mantiene que los hechos constituyen delito de genocidio, terrorismo y torturas, a pesar de que el Reino Unido no tramitará la extradición por el primero de esos delitos. También ha confirmado la detención y prisión del actual senador chileno y el embargo de sus cuentas en Suiza y Luxemburgo.

Garzón imputa a Pinochet haber ordenado de forma directa y personal el 11 de septiembre de 1973 la detención, tortura y previsiblemente el asesinato de nueve asesores del presidente Salvador Allende y de otros 15 miembros de su dispositivo de seguridad.También le imputa haber ordenado personalmente al general Sergio Arellano en octubre de 1973 la ejecución de 68 civiles en las localidades de Serena, Copiapó, Antofagasta y Calama, sucesos que posteriormente recibieron el nombre de "la caravana de la muerte". En teoría, Arellano debía unificar y agilizar los procesos que se seguían en los tribunales militares. El hecho no fue comunicado al general Lagos Osorio, responsable militar de la zona, que pidió cuentas a Arellano. Éste le exhibió un documento firmado por Pinochet en el que le nombraba su "Delegado Especial". Lagos se entrevistó posteriormente con Pinochet, pero el entonces comandante en jefe del Ejército le instó a que tratase "de superar ante la opinión pública la grave situación producida" ante el impacto que ocasionaban las ejecuciones extrajudiciales.

Aunque el auto de Garzón señala que las atrocidades cometidas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) "como organización criminal" se hicieron "siguiendo las órdenes emanadas por Pinochet" se destacan los atentados contra Orlando Letelier y Ronni Moffit, en Washington, y los del general Prats y su esposa, en Buenos Aires, como atentados directamente planeados y ordenados por Pinochet.

En total, se imputa a Pinochet la intervención directa en un centenar de asesinatos, que figuran documentados en el sumario.

El auto relata los pormenores del golpe militar que derrocó a Salvador Allende, el ofrecimiento que Pinochet le hizo para que huyera y el plan que tenía para matarlo. Seguidamente describe los pormenores de la represión en Chile y los planes que los militares golpistas proyectaron y realizaron para destruir cualquier signo de oposición al régimen de terror que implantaron.

El texto, al igual que el auto de prisión, recoge la relación de víctimas catalogadas por la Comisión de Verdad y Reconciliación, en el denominado Informe Rettig. También detalla las actividades de la DINA y la intervención y dirección de Pinochet en la Operación Cóndor.

Garzón ha mantenido el delito de genocidio, a pesar de que los británicos lo han excluido de la extradición, porque los hechos deben tipificarse así según la legislación española. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede pronunciarse en contra del criterio británico y, si la extradición no fuera concedida, Pinochet podría ir a otro país, donde ese delito sí le fuera aplicable.