Cárdenas pide al Gobierno mexicano el desarme y desmantelamiento de los grupos paramilitares
Los funerales por los 46 muertos de la matanza de Chiapas se convirtieron ayer en una gran manifestación de dolor. El subcomandante Marcos, jefe del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acusó al presidente mexicano, Ernesto Zedillo, de ser el responsable de la tragedia. El Gobierno central, que rechazó estas imputaciones, convocó a los rebeldes a reanudar las conversaciones de paz. El líder de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, exigió una rápida investigación oficial, la detención de los culpables y el desmantelamiento de los grupos paramilitares, supuestos autores de la masacre.
Con el país aún conmocionado, el Gobierno trata de recuperar la iniciativa. Se lo demanda la opinión pública nacional y los principales Gobiernos del mundo. El Procurador General de la República (PGR), Jorge Madrazo, anunció ayer que el número de detenidos es ya de 45. "La PGR no fabricará testigos y no fincará [establecerá] responsabilidades sin contar con las pruebas que permitan una acción jurídica", aseguró Madrazo.Éste, que calificó lo sucedido de "acción diabólica", dijo no conocer aún las causas reales que originaron la matanza del lunes.
La Procuraduría de Chiapas, por su parte, informó que tiene "en calidad de presentados" a cuatro indígenas, incluido uno que resultó herido en los hechos sangrientos de Acteal, pero que no hay todavía indicios que señalen concretamente a los responsables de la matanza. Sin embargo, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y los grupos pro derechos humanos afines a ella, insisten en que se trató de un ataque lanzado por paramilitares priístas que actuaron en todo momento con coordinación en una acción bien preparada.
El recién elegido regente de la ciudad de México, Cuauthémoc Cárdenas, que demandó una acción enérgica de la autoridad, dijo que se pudo haber evitado los hechos sangrientos de Chenalhó, como puede evitar que hechos similares lleguen a darse en otras partes del Estado de Chiapas". Para ello, añadió, "es preciso que el Gobierno de la República desarme y desmantele a las fuerzas paramilitares de Paz y Justicia y devuelva la tranquilidad a la región".
Cárdenas respalda la investigación ordenada por Zedillo, pero cree que no basta: "Desde mucho tiempo antes, habitantes de distintas comunidades de esemunicipio, miembros de organizaciones civiles que realizan actividades en la zona y ciudadanos conscientes de la gravedad de la situación advirtieron de las crecientes agresiones de las guardias blancas [ejércitos privados] de Paz y Justicia en distintas partes del Estado de Chiapas y, en particular, de los serios peligros en que se encontraba la gente en Chenalhó".
Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, líder del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD, al que pertenece Cárdenas) pidió la dimisión del ministro de Interior: "Él es el responsable directo de lo que ha pasado en Chiapas".
La matanza de Acteal es el dramático desenlace de la tensión que se respira en la región de los Altos y en la zona norte de Chiapas, áreas de influencia del EZLN, que se encuentra acantonado en la Selva Lacandona. El surgimiento de la guerrilla espoleó los añejos conflictos que sacuden estas comunidades; derivados de las luchas por el control económico y político de las comunidades.
En los últimos meses, los grupos filozapatistas han intensificado sus actividades para crear "municipios autónomos", lo que ha alentado la actuación descontrolada de las organizaciones locales próximas al PRI.
Cadena de venganzas
Las venganzas se suceden sin cesar. Cerca de 150 personas han sido asesinadas desde abril de 1995. El siniestro balance es equitativo: la mitad de cada bando.Samuel Ruiz, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, de la que depende la zona, acusó ayer al Gobierno de Chiapas de no haber hecho nada por evitar la matanza. Según la diócesis de San Cristóbal, el conflicto se inscribe "en una guerra de baja intensidad" lanzada por el Ejército para acabar con las bases zapatistas en las regiones de Los Altos y el norte del Estado. Para ello las autoridades utilizan grupos paramilitares a los que brindan armamento y protección. La Conferencia del Episcopado mexicano, en una nota hecha pública ayer, asegura que la matanza revela la impunidad con la que se violan los derechos humanos en esta zona del país. La Iglesia dice que en Chiapas "existe un grave deterioro en la aplicaión de la ley".
"Tanto los priístas como los zapatistas tienen armas y base social, y ambos se disputan el territorio", asegura alto un funcionario chiapaneco.
"El problema es mucho más complejo de lo que prentende pintar la diócesis [Samuel Ruiz], que no hace sino exacerbar los conflictos".
Lo cierto es que en la zona se sufre una ausencia total de autoridad, y que los ánimos se han caldeado por la parálisis que sufren las negociaciones de paz entre el Gobierno y el EZLN, interrumpidas en febrero de 1996 a raíz de los desacuerdos sobre la figura legal de la autonomía indígena.
