Oficialmente no hay afectados en centrales nucleares

Oficialmente, España debe de tener las instalaciones radiactivas más seguras del mundo. Desde que en 1968 entró en funcionamiento la primera central nuclear, no se ha registrado ni un solo caso de personas que hayan padecido enfermedades derivadas de radiactividad en ninguna de las nueve instalaciones que continúan en activo.

Es más, tampoco en las más de 4.000 instalaciones radiactivas censadas se han detectado apenas casos en los que se haya citado directamente a la radiactividad como origen de enfermedades graves o muertes. Y, sin embargo, las estadísticas apuntan a lo contrario: los grupos de trabajadores de instalaciones radiactivas, e incluso habitantes de zonas próximas a centrales, registran un índice de muertes por tumores más elevada que la media nacional.

El problema de mayor actualidad se da hoy en Andújar (Jaén), aunque el origen de la historia se remonte a los años sesenta y setenta. La Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), dedicada a la obtención de concentrados de Uranio, funcionó entre 1959 y1981, y en ella llegaron a trabajar unas 160 personas. Desde 1970 hasta hoy, al menos 25 (de los 35 muertos) ex empleados con edades muy diversas han muerto por tumores cancerígenos, según el recuento elaborado por los propios empleados. En los análisis que se les hacía, prácticamente todos los empleados presentaban restos de uranio en la orina, pero los afectados no fueron informados de sus consecuencias.

José Soto, uno de los operarios de la FI-JA, afirma ahora que toda la protección que utilizaban era "un mono o una bata", prendas que además las lavaban en sus casas. "Sólo usábamos protecciones especiales cuando había visitas importantes", comenta, Añade que nadie les informó nunca de los riesgos que corrían.

El pasado día 5, la Junta de Andalucía decidió tratar a los ex trabajadores de la FUA como enfermos laborales. Así, y por primera vez en España, se admitió oficialmente una relación directa entre trabajos en medios radiactivos y efectos sanitarios negativos.

Los ministerios de. Sanidad e Industria difundieron en 1990 un estudio epidemiológico sobre los trabajadores (le instalaciones de la antigua Junta de Energía Nuclear (JEN), que incluía la FUA. De 3.381 casos estudiados, 289 habían fallecido antes de 1986, y de ellos 89 por tumores malignos, 20 más de lo que hubiera correspondido a la media nacional (20,4 por 1.000). "Se ha producido un exceso significativo de muertes por tumores", decía el informe, "especialmente importante en el caso del cáncer de pulmón". 'Tos resultados del estudio", agregaba, "no excluyen una posible relación entre exceso de mortalidad por cáncer y exposición a bajas dosis de radiaciones ionizantes, lo que coincide con el consenso científico internacional; sin embargo, no han podido demostrarlo".

El Insalud también elaboró estudios sobre causas de muertes en distintas zonas españolas. Según el relativo al área de Pastrana, localidad de 3. 100 habitantes situada a 8 kilómetros de la central de Zorita, entre 1981 y 1987 murieron por tumores 56 personas (el 20,5% de los 272 fallecidos en ese periodo), lo que multiplica prácticamente por diez la media nacional. "Es de reseñar el gran número de fallecimientos por tumores malignos ( ... ) Esto puede estar justificado por la avanzada edad; también podrían intervenir factores dietéticos, hábitos alcohólicos, proximidad a la central nuclear, etcétera", indica textualmente el estudio.

El hecho es que nunca hay afectados. Médicos y expertos consultados consideran increíble semejante transgresión de las posibilidades estadísticas. En el CSN se argumenta que el hecho de que no haya afectados en centros de primera categoría radiactiva, y concretamente en las centrales, es consecuencia del control al que están sometidas las instalaciones de este tipo.

Ayer mismo se supo que el fiscal ha pedido un total de once años de cárcel para cinco personas -responsables de la planta nuclear y del CSN- procesadas a raíz del accidente de la central de Vandellós I que supuso su cierre definitivo. Según la fiscalía de Tarragona, el accidente, ocurrido en 1989, supuso "un gravísimo riesgo nuclear para la vida de las personas".

En las instalaciones radiactivas de segunda o tercera categoría (radioterapia o radiodiagnóstico, respectivamente), se detecta una veintena de presuntas anomalías todos los años, pero, salvo el registrado en Zaragoza -20 personas fallecidas tras recibir altas radiaciones de un acelerador en diciembre de 1990los expedientes no reflejan posteriormente ninguna consecuencia para la salud de los afectados. En la mayoría de los casos se acaba concluyendo que el trabajador o paciente no sufrió sobredosis.

Durante el año pasado, por ejemplo, la conclusión global de los expedientes abiertos se resume en este comentario: el dosímetro (sistema portátil para detectar el nivel radiactivo) recibió sobredosis, pero no su usuario. Así, el Hospital Universitario de Tenerife informó que el dosímetro de un técnico de rayos X había dado una lectura anormalmente alta, pero que los análisis del trabajador eran normales.

Algo parecido ocurrió en la Clínica de la Inmaculada Concepción, de Granada: la sobredosis detectada en un dosímetro se debió, aseguran, a que un empleado gastó una broma a una compañera que estaba de vacaciones y realizó varios disparos de rayos X sobre su dosímetro. En la Mutua Copa, de Valencia, el dosímetro de un enfermero reflejó una ligera sobreexposición a los rayos X, pero los análisis clínicos no revelaron radiación apreciable en el enfermero.

En el centro de radioterapia del Hospital La Fe, de Valencia, se registró contaminación en una fuente de radiación de Cesio 137. Se hizo el seguimiento correspondiente a todo el personal, pero no hubo nadie afectado.

El CSN admite que no dispone de suficientes inspectores -6 fijos, más 171 técnicos a los que se suman uno o dos fijos en cada central nuclear y 12 que aportan las comunidades autónomas- para controlar las 4.067 instalaciones radiactivas existentes en España. Además, al menos otras mil instalaciones de ese tipo no están censadas.

Hace diez días, el gabinete de prensa del Ministerio de Industria fue consultado para conocer a cuántas instalaciones radiactivas ha sancionado en los últimos años. Ayer, aún no había aportado dato alguno al respecto.